Por que los medios se han apresurado a destacar las contradicciones entre la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su testimonio ante el juez Hurtado queda invalidado debido a las diferencias personales que mantiene con su superior. A Almudena Lastra se la nombró nueva fiscala superior en 2021 sustituyendo a Jesús Caballero Klink que pasó a ocupar el cargo de fiscal en el Tribunal Constitucional. La propuesta la efectuó el Consejo Fiscal, un organismo consultivo donde gozan de mayoría las asociaciones de fiscales conservadoras, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional de Fiscales, esta última personada como acusación popular en la causa contra la cúpula fiscal por revelación de secretos. Lastra perteneció a la Unión Progresista de Fiscales hasta 2023 en que abandonó la formación junto a Javier Zaragoza, fiscal del Supremo, Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, Juan José Pereña, fiscal jefe de Salamanca y la fiscala de Madrid, Lorena Álvarez, todos en protesta por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de Memoria Democrática. Desde ese momento, el enfrentamiento entre Lastra y García Ortiz ha sido permanente.
Y todo ello a pesar de que fue Dolores Delgado la que la avaló para el cargo que ocupa. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces y en el seno de la carrera fiscal hay dos grupos perfectamente definidos y enfrentados entre ellos. Por una parte, el núcleo de García Ortiz del que también forman parte destacada Dolores Delgado, la segunda del FGE, Ángeles Sánchez Conde, el teniente fiscal de la secretaría general técnica de la FGE, Diego Villafañe, también investigado por el Supremo, y la presidenta de la UPF, Inés Herreros, al frente de los fiscales afiliados a dicha asociación que apoyan sin condiciones a su superior.
Javier Zaragoza, encabeza el grupo de fiscales rebeldes del Tribunal Supremo que se opusieron a informar favorablemente sobre la ley de amnistía. Aspira a ocupar el cargo de FGE cuando la derecha llegue al poder. Ha formado en torno suyo un grupo muy influyente entre los que se cuentan a la que fue fiscal general del Estado con Rajoy, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, y Jaime Moreno. A ellos se unieron los juristas del ministerio público que se dieron de baja de la UPF por el nombramiento de Dolores Delgado, la más activa Almudena Lastra quien criticó duramente a la que había sido su máxima representante, Inés Herreros, “por el bochornoso espectáculo que ha dado en el nombramiento de Dolores Delgado”, un asunto que dilucidó la conservadora sala de Lo Contencioso Administrativo del TS rechazándolo.
Lastra ha mantenido fuertes enfrentamientos con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. De hecho, la considera partícipe del núcleo que presuntamente filtró los correos electrónicos del abogado de González Amador junto a García Ortiz y Villafañe, todos los que el juez Hurtado ha imputado como autores de un delito de revelación de secretos. La fiscala superior de Madrid se ha convertido en la principal testigo de cargo de la instrucción. Considera que el autor de la filtración fue García Ortiz. La mañana del 13 de marzo, la fecha en que se produjeron los hechos denunciados, Lastra estaba “quemada” por la filtración de la denuncia y los correos y por la nota de prensa redactada la noche anterior por la fiscalía general. La noche anterior estaba de acuerdo en redactar un comunicado que desmintiera la versión del entorno de Ayuso, pero, a la mañana siguiente, se negó a publicarlo. Ese comunicado, según su versión, se lo mandó su jefe de prensa, que la amenazó con dimitir si la fiscalía superior lo suscribía. Y ahí es donde reside otra de las claves.
El jefe de prensa de la fiscalía superior de Madrid depende orgánicamente de la Comunidad de Madrid, así como todo el entramado burocrático a las ordenes de Lastra de la que también se sospecha mantiene buenas relaciones con la presidenta, Díaz Ayuso, y, sobre todo con el que fue anterior consejero de Justicia, Enrique López, hoy magistrado de la Audiencia Nacional. Es algo que no cuadra muy bien en el ministerio fiscal. Que uno de sus aparatos burocráticos dependa orgánicamente del poder ejecutivo es muy cuestionable sobre todo cuando la derecha judicial critica abiertamente la relación de la cúpula fiscal con el ministerio de Justicia.
Lastra ya fue muy crítica con la forma de llevar este asunto por parte de García Ortiz cuando tuvo que testificar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la primera instancia que se hizo cargo de la denuncia del abogado de González Amador. Se opuso al contenido de la nota hecha pública el 13 de marzo porque, en su opinión, no era necesario detallar los correos, ni si el inculpado había reconocido los hechos. “Como existe una norma de actuación establecida, bastaba con explicar en la nota de prensa que había habido una filtración irregular, quebrando la confianza con el letrado y la fiscalía de un correo electrónico en el que, además, se afirmaba que el fiscal había recibido instrucciones. Se podía haber explicado eso con cómo funcionan las conformidades cuando el ámbito es preprocesal”, señaló en su testimonio.
En aquel entonces lo que se intentó esclarecer es la existencia de delito en la nota publicada por la fiscalía, algo que ha quedado descartado por la sala de Lo Penal del TS quien ha limitado la actuación del instructor a esclarecer de dónde partieron los correos electrónicos filtrados a los medios de comunicación donde aparecen los datos de González Amador por los que se le acusa de dos delitos fiscales. Almudena Lastra dice, ahora, que le preguntó a García Ortiz si había sido él el autor de esas filtraciones. Algo que no dijo en su testimonio ante el TSJM. Está claro el sesgo de su declaración. Habría que preguntarse si desde que pasó por el TSJM hasta ahora en el TS ha recibido alguna consigna y por parte de quien.
El sesgo de Lastra poco le importa al juez Ángel Hurtado quien califica su testimonio como “prueba indiciaria”, suficiente para mandarla a la sala de Lo Penal con el fin de que se abra juicio oral. Ese testimonio y el informe de la UCO de la Guardia Civil bastan para el magistrado muy criticado en los últimos días por su relación con el Partido Popular de la que ya hemos hablado aquí. Y es que Ángel hurtado ya va a cara descubierta a por el presidente del gobierno progresista, lo que le ha hecho engrosar la lista de “héroes” de la caverna mediática.