Puede sonar a chiste, pero es la pura realidad. Juan Carlos de Borbón y Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, se parecen en que mantienen la misma estrategia en los tribunales. Y esta pasa por la misma abogada, Guadalupe Sánchez, experta en demandas contra el honor con una finalidad, la indemnización. En nombre del Borbón ya ha presentado una, contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al que pide 50.000 euros, y representando al novio de la presidenta de Madrid, casi medio millón repartido en varias personas físicas y jurídicas. Es el denominador común de ambos personajes, la estrategia jurídica. Lo que ocurre es que la primera parte, la referida a las acusaciones que pesan contra ellos por delitos fiscales, los resultados son diferentes. Juan Carlos de Borbón acaba de lograr su primera gran victoria. El Supremo ha rechazado la querella presentada por un grupo de juristas de reconocido prestigio entre los que se cuentan algunos antiguos miembros del alto tribunal. En cambio, González Amador no las tiene todas consigo en el sumario abierto en el juzgado 19 de Madrid donde su imputación por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, apropiación indebida y corrupción en los negocios, tiene muchas posibilidades de acabar por sentarle en el banquillo de los acusados.
La Sala de lo Penal del Supremo ha rechazado la querella presentada por un grupo de juristas contra Juan Carlos de Borbón. El ponente ha sido el magistrado conservador, Manuel Marchena, que, hasta noviembre, fue su presidente. Marchena determina que los querellantes han “hecho una selección fragmentada e interesada” del decreto de archivo de la fiscalía de 2022. En efecto, el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, cerró la investigación que llevó a cabo el ministerio Público porque una parte de los delitos que se imputaban al Borbón fueron cometidos, presuntamente, cuando gozaba de inviolabilidad por su condición de monarca, y los otros, o bien prescribieron o bien se neutralizaron mediante el pago de una cantidad para saldar sus deudas con el fisco. Los magistrados de la corte suprema dicen que los juristas impulsores de la acción penal “no rebaten ninguna de estas razones, se limitan a instar de esta Sala que repita la investigación, que reclame todos los documentos que han dado apoyo a la decisión de archivo del fiscal y que, a partir de ahí, recalculemos los plazos de prescripción o del expediente de regulación”.
Lo peor de esta resolución del Supremo es que supone un cerrojo aún mayor que el que ya puso el ministerio público ante la posibilidad de que el Emérito fuera investigado penalmente en algún momento por la gestión de su fortuna. Su aforamiento ante la Sala de lo Penal convierte la resolución de Marchena en el antecedente judicial que marcará el paso a cualquier intento posterior, basándose, además, en los decretos previos de la fiscalía que nadie recurrió hasta varios años después. Por lo tanto, el padre del actual Rey ya no tiene que preocuparse por sus deudas penales con la justicia en España. Se puede dedicar a presentar demandas en defensa de su honor. De momento está la de Revilla y la de Corinna Larsen, esta última en Suiza, pero nadie descarta que haya más.
Porque siempre hay abogados, como es el caso de Guadalupe Sánchez, encargados de captar clientela en este tipo de causas que, tal y como se ha dicho aquí, lo único que generan son importantes cuantías en concepto de indemnizaciones, aunque, según se desprende de las sentencias emitidas por el Supremo, existen escasas posibilidades de que acaben prosperando por los juicios de ponderaciones de los que ya se ha hablado aquí mismo. Es muy probable que eso acabe de ocurrir, también, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En el caso de Alberto González Amador hay que esperar a ver cómo se pronuncia la sala de Lo Civil del Supremo en la causa contra la vicepresidenta María Jesús Montero. Es la primera demanda contra el honor que examina la corte, pendiente de sentencia en la cual ex novio de la presidenta de la CAM pide a la ministra de Hacienda 40.000 euros por insinuar que el piso en el que vive lo adquirió gracias al fraude fiscal. Guadalupe Sánchez, como buena experta en la materia, defiende que sus declaraciones desbordan la libertad de expresión, son afirmaciones falsas y solo buscaron "atacar" a Ayuso. Los jueces tienen que evaluar si efectivamente estas manifestaciones traspasan la línea roja de la libertad de expresión. Porque si sentencian favorablemente a González Amador no es la cantidad de dinero que la ministra deberá de pagar en concepto de indemnización más la consiguiente condena en costas, sino que sentará un importante precedente a la hora de analizar esas otras demandas pendientes como es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros, miembros del PSOE y diputados de Más Madrid los cuales se atrevieron calificaron a la pareja de Díaz Ayuso de “delincuente confeso”.
En lo que se refiere a las demandas civiles, las espadas están, todavía, en alto. Pero respecto al ámbito penal, si para Juan Carlos de Borbón, los jueces han dejado las cosas claras, en el caso de González Amador su causa no pinta tan bien. En el juzgado 19 de Madrid se sigue investigando su actuación no sólo como comisionista al servicio de Quirón Prevención sino también la comisión de delitos fiscales y la ocultación de beneficios para no pagar a Hacienda. Y las cosas en torno a este sumario no parecen ir muy bien. Demasiados interrogantes que su defensa debe aclarar. Ahora se piensa en la posibilidad de apoyarse en las cartas firmadas por el directivo de Quirón, Emilio Conde, exculpando a González Amador, pero el problema que ha surgido en los últimos días es que las acusaciones populares han pedido la imputación del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por lo que toda manifestación del grupo intentando restar de responsabilidad al novio de Isabel Díaz Ayuso, se convertirá en papel mojado.
Dos estrategias paralelas, la de Juan Carlos de Borbón y Alberto González Amador, que intentan limpiar en los tribunales sus maltrechas imágenes ante la opinión pública. La diferencia es el caché de cada uno. No es lo mismo haber sido el jefe del Estado que ser un comisionista por mucho que sea del mayor grupo sanitario privado del país.