Si lo que pretende Carles Puigdemont es su inmediata vuelta a España sin que la justicia le pida cuentas por su actuación en el procès, sus abogados se han equivocado. Han recusado a tres magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, José María Macías, y Concepción Espejel. El pleno de la corte de garantías tenia previsto admitir a trámite su recurso de amparo y el del resto de los condenados pero esta maniobra implica el retraso de la resolución, un mes por lo menos, hasta que se resuelvan esas impugnaciones que casi con toda seguridad serán rechazadas. Que Puigdemont pida esta recusación no hace más que dilatar el procedimiento. Hubiese sido mejor esperar a la admisión a trámite para, posteriormente, presentar esta petición. Con actual composición del pleno, siete magistrados progresistas contra cinco conservadores, se daba por segura la resolución favorable. Otra cosa son las medidas cautelarisimas pedidas por el expresident, consistentes en dejar en suspenso la orden de detención que pesa contra él en el territorio español. En el entorno del TC se da por seguro su rechazo.
La mayoría progresista maneja una alternativa a esta decisión, la apertura de una pieza de medidas cautelares para dar traslado a la fiscalía y las partes personadas la posibilidad de adoptar medidas cautelares, entre otras la de dejar en suspenso la orden de detención contra el dirigente soberanista. En el TC consideran que no concurre especial urgencia para adoptar una medida excepcional “inaudita parte”, es decir, sin oír a las partes. En fuentes jurídicas se argumenta que lo que pretende el presidente, Conde-Pumpido, es obtener el mayor grado de consenso posible en el debate plenario.
En el entorno de Puigdemont justifican la recusación porque los tres magistrados “han perdido la apariencia de imparcialidad”. Sobre Enrique Arnaldo señalan que “ha tomado posición previa sobre los recursos de amparo”. Ha escrito un libro, “Tiempos de Constitución, límites, controles y contrapesos del poder”, publicado este mismo año, en el que, según loa abogados del expresident, “muestra su animadversión" hacia él, así como "su tristeza por el devenir constitucionalista en Cataluña". Además, en el escrito de recusación, se muestra un artículo de 2017 en el que el magistrado asegura que “Puigdemont habría procedido a una deliberada perversión del Estado de Derecho”. Sobre Concepción Espejel, el escrito arguye a su “estrecha relación con el PP” y recuerda que “cuando era presidenta de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un voto particular contra la absolución de Josep Lluís Trapero por el 1-O. Espejel dio buena cuenta de su opinión personal de que “la organización del referéndum de autodeterminación de Cataluña fue un hecho delictivo". La recusación de José María Macías se basa en que "a lo largo de estos años se ha ido pronunciando en contra de los intereses de Puigdemont y su entorno de forma manifiesta", citando varias publicaciones en prensa, su "guerra frontal" contra la ley de amnistía y su amistad con el instructor del TS, Pablo Llarena, firmante de la orden de detención.
Los argumentos que utilizan los abogados de Puigdemont y Toni Comín, el otro dirigente soberanista que ha recusado a los mismos magistrados, son impecables desde el punto de vista jurídico-político. Arnaldo, Espejel y Macías se han significado públicamente en contra de la amnistía, siguen considerando “golpistas” a los promotores del referéndum del 1 de octubre de 2017, y destacan que no sólo no se han arrepentido de sus acciones, sino que han manifestado que “lo volverían a hacer”. Está claro que se van a oponer a otorgarles el amparo por mucho que Cándido Conde-Pumpido busque la unanimidad de las decisiones. Pero lo que no ha tenido en cuenta Gonzalo Boyé, el abogado que dirige el equipo defensor de Puigdemont, es que la ponente del caso es la progresista Laura Díez, la misma que sacó adelante la sentencia que avaló la ley orgánica 1/2024. Ahora deberá resolver las recusaciones planteadas por Puigdemont mientras que la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, se encargará de las de Toni Comín.
Aunque aparentemente el incidente de recusación dilatará la admisión a trámite de los recursos de amparo, la hipotética adopción de medidas cautelares y el debate sobre el tema de fondo que no es otro que el de si los dos dirigentes independentistas tienen derecho a que les sea aplicada la amnistía concediéndoles el correspondiente amparo, puede ser que esta maniobra forme parte de una estrategia. Se ha dicho, aquí mismo, que el debate sobre estos recursos de amparo va a coincidir con el que llevan, en paralelo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, se ha comentado que la idea de Conde-Pumpido es esperar a la resolución de la corte de Luxemburgo sobre si la ley vulnera principios fundamentales del derecho de la Unión, particularmente en lo relativo a la lucha contra el terrorismo y la protección de los intereses financieros. Se está a la espera de conocer el dictamen del Abogado General, una figura jurídica inexistente en España que, aunque no es vinculante, suele tener un peso significativo en la deliberación posterior de los jueces. Ese dictamen se va a conocer en este mes y, después del que se ha conocido recientemente en el que avala la decisión de la Eurocámara de levantar la inmunidad a Puigdemont cuando éste pertenecía a la institución, el equipo jurídico que coordina Boyé no las tiene todas consigo de que dictamine de manera favorable a sus intereses.
Y todo ello coincidirá con la apertura del debate sobre el amparo solicitado al TC lo que sería negativo. De ahí que prefieran aplazar el comienzo del proceso para evitar influencias procedentes del exterior. Es una posibilidad no contrastada pero posible. Lo que ocurre es que las dilaciones de todo este asunto tienen su repercusión política. La incertidumbre que se vive en Waterloo se traslada a Madrid, al Congreso de los diputados, donde los siete representantes que controla Puigdemont insisten en no dar un cheque en blando al gobierno de Pedro Sánchez hasta que el asunto de la vuelta a casa de su máximo dirigente no se haya resuelto.