Y van tres. El exconsejero de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, un todopoderoso militante del PP ahora CEO del Instituto de Empresa, le dijo al juez Peinado que no contrató a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno. Dicho y hecho. Juan Carlos Peinado le interrumpió y le dijo que, a partir de ese momento, pasaba a tener la condición de investigado. Ya lo había hecho cuando el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, manifestaron que no hubo actuación delictiva por parte de Gómez. Parece como si el magistrado tuviera la intención de imputar a todo aquél que vaya en contra de la línea de investigación que mantiene en esta esperpéntica instrucción que ya “huele a puchero enfermo”. Son demasiados testimonios los que indican la inexistencia de actuación irregular pero el juez no quiere oír hablar del archivo de la causa. Ha encontrado la gallina de los huevos de oro antes de jubilarse. Tiene dos años por delante para ir desgastando, de esta manera, al gobierno progresista utilizando la estrategia que mas duele: la de los familiares del presidente.
Güemes está libre de toda sospecha de beligerancia en este asunto. Sigue perteneciendo al Partido Popular. Fue alto cargo del ministerio de Economía con Rodrigo Rato y titular de las consejerías de Empleo y Mujer, y Sanidad en los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre. Encima cuenta con varias imputaciones judiciales: una querella presentada contra él y otras ocho personas, acusados de cometer irregularidades durante la privatización de la gestión sanitaria de los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos y Torrejón de Ardoz. También tuvo que hacer frente a una demanda por delitos de cohecho y prevaricación junto con Manuel Lamela, otro de los consejeros de Aguirre. El tribunal consideró que, en dicha denuncia, “no estaba debidamente justificada la perpetración de los delitos”. También se relacionó con la trama Púnica, aunque el instructor de esa causa, el juez Manuel García Castellón, lo desimputó tal y como hizo con otros altos cargos del Partido Popular. Así pues queda claro que este testigo carece de motivo político alguno para declarar ante Peinado.
Lo que ocurre es que, como viene sucediendo últimamente en los juzgados, con anterioridad había testificado una empleada del Instituto de Empresa. La directora de recursos humanos le señaló como la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del Gobierno como responsable del instituto África Center. Güemes no lo ha negado, pero ha dejado claro que en su selección no se tuvo en cuenta la condición de mujer de Pedro Sánchez sino su historial profesional. Al juez no le ha convencido mucho tal declaración y por eso, y sin mediar mayores aclaraciones, le ha cambiado su condición, de testigo a investigado. Le citará más adelante y entonces tendrá que ir acompañado de abogado. La fiscalía, como viene siendo costumbre en esta instrucción, ha recurrido la decisión de Peinado porque "no se ha precisado cuál es el delito atribuido ni su presunta participación", señala el ministerio público, para quien resulta "confuso o desconcertante" no saber las razones que llevaron al juez a imputar al que hasta ese momento era testigo en la causa.
Recursos y más recursos que, al final acaban en la Audiencia Provincial donde avalan la actuación del magistrado. Y eso no hace más que reafirmar al juez que, a pesar de todo, los expertos juristas dicen que está más cerca de la instrucción prospectiva, la que obedece a un interés ajeno a los actos que pueden haber sido objeto de delitos. En sus autos y providencias Peinado sigue sin justificar el motivo de la denuncia que admitió a trámite, un motivo basado en recortes de prensa que fueron matizados, en su día, por los periodistas autores de estos, incluso por los propios directores de los medios donde se publicaron. Nunca ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo que prohíbe la admisión a trámite de este tipo de demandas “si las informaciones no están lo suficientemente contrastadas”, lo que es el caso.
Se libró de las querellas presentadas por la defensa de Gómez y la abogacía del Estado. Anomalía en lo que se refiere a la testifical del presidente del Gobierno que tiene la potestad de poder declarar por escrito. No hizo caso y se presentó en Moncloa para interrogarle personalmente. Y encima la Audiencia de Madrid avaló una actuación a todas luces irregular. Y así podríamos seguir. Lo que pasa es que la historia de esta instrucción ya ha sido suficientemente analizada.
El último reproche que se hace a Peinado por parte del fiscal es que ni siquiera se ha dignado a contestar otros recursos presentados contra las imputaciones a Barrabés y a Goyeche, "una respuesta que no puede ser la de congelar la resolución de los recursos durante más de cuatro meses o esperar quizás a la práctica de otras diligencias en curso y pendientes para tratar de justificar 'a posteriori' las decisiones adoptadas”, señala el representante del ministerio público. Demasiadas irregularidades.
Peinado está al borde de traspasar los límites de la corrección jurídica. Las querellas por prevaricación presentadas contra él no han sido admitidas, pero, tarde o temprano, acabarán en instancias superiores donde la buena suerte del magistrado puede cambiar. El Partido Popular sigue hablando, en sede parlamentaria, de la imputación de la mujer del presidente en un caso de corrupción, el objetivo perseguido por los denunciantes de extrema derecha. Pero ahora en el caso ya figuran algunos significados miembros y simpatizantes conservadores. La famosa investigación del software de la cátedra de la Universidad Complutense, que le ha costado a Gómez una nueva imputación por apropiación indebida, está salpicando a los gestores de la institución educativa, afines al PP, y que, además, se encuentran enfrentados a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su racanería en materia de financiación que les pone a los pies de los caballos. Mas politización, imposible.