El titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido abrir diligencias para investigar si el gran apagón pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas porque, si es así, la figura delictiva entraría en el ámbito del terrorismo del que es competente la instancia judicial. Para ello ha pedido informes al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica que deben entregar antes de diez días hábiles. Lo que ocurre es que las investigaciones que llevan a cabo los expertos descartan un ciberataque por lo que las responsabilidades que pueden derivarse del suceso no entrarán en el ámbito del terrorismo y entonces, Calama, el juez que investiga no con mucho éxito hasta el momento, el caso Pegasus, deberá proceder a su archivo. Todo lo más, si advierte la existencia de otro tipo de delito deberá remitir la causa a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. Aunque cabe otra posibilidad: que se declare competente debido a que el hecho ha tenido lugar en todo el territorio nacional a excepción de las islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla. La Audiencia Nacional podría asumir la competencia en este supuesto. Pero eso está por decidir.
Porque, hasta el momento, las hipótesis se centran en la famosa pérdida de 15 gigavatios durante 5 segundos que originó la caída del sistema. Los expertos no son concluyentes todavía, pero apuntan a un desfase producido entre la oferta y la demanda. Algunos lo han explicado tan sencillamente como que la distribución de electricidad debe tener el mismo volumen de suministro que la demanda en cada momento. Y, al parecer, se baraja la hipótesis de un incremento de la oferta de energías renovables. De hecho, la recuperación de la distribución se tuvo que hacer a través del suministro de las centrales hidroeléctricas y de ciclo combinado.
Otros expertos señalan que lo primero que hay que tener en cuenta es que el territorio en el que se sitúan España y Portugal es una “isla energética”. Francia, nuestro vecino, es poco propicia a facilitar las interconexiones por una cuestión de competencia. Y solo hay dos hilos de conexión, por Catalunya y Euskadi. “Estas carencias han obligado desde siempre a Red Eléctrica de España (REE), el gestor de la red de transporte de electricidad, a afinar la gestión de la previsión de demanda con la producción. Lo ha hecho con éxito y profesionalidad”, señala el veterano periodista Santiago Carcar, experto en temas energéticos, quien insinúa que esto que ha ocurrido “entraba dentro de las posibilidades” porque “desde hace más de una década, los gobiernos y el gestor del sistema han trabajado para evitar lo que finalmente ha sucedido, aumentando la capacidad de interconexión con Francia”. Por lo tanto, los que saben de esto tienen bastante claro que no ha sido un fallo en la previsión del gestor, sino un súbito desajuste de las curvas de demanda y producción que forzó el corte de los canales de interconexión con Francia.
Si al final esa tesis es la que prevalece entre los investigadores, no se podrán buscar responsabilidades penales y todo quedará en lo que ya ha dicho el presidente del Gobierno, la presión a las compañías comercializadoras para evitar una situación como ésta. Es decir, que se cargarán las culpas sobre las grandes del sector, Iberdrola, Endesa, y Naturgy. Y en esta situación, la Audiencia Nacional poco o nada tiene que decir. Calama se verá obligado a archivar el sumario.
Aún así, el juez está en la obligación de investigar la posibilidad de un sabotaje o un ciberataque, tal y como el mismo dice en su auto de apertura de las diligencias porque ese tipo de delitos “se cometen con la finalidad de suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo" así como "alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; y/o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella". Bajo ese punto de vista, el magistrado utiliza unos argumentos irrebatibles por lo que la apertura de la investigación es correcta.
Lo que ocurre es lo anteriormente dicho. Que todo parece indicar la inexistencia de un sabotaje o un ciberataque a pesar de la propagación de la rumorología popular en este sentido. El presidente Sánchez señaló que no descarta ninguna hipótesis y eso ha dado pie al incremento de las fantasías en el imaginario ciudadano.
Pero todo indica que la causa del grave suceso que conmocionó al país el pasado 28 de abril obedeció a un error de gestión. En cualquier caso, tampoco hay que echar las culpas a las renovables por mucho que se diga que la sobrecarga pudo producirse como consecuencia de un exceso de oferta de los operadores responsables del suministro de energía eólica, ni tampoco a que la causa haya que buscarla en las centrales nucleares. Tampoco se puede sacar como conclusión lo que ha dicho la derecha de la necesidad de una alternativa a este tipo de energía que el gobierno progresista quiere suprimir. La “isla energética” que conforman España y Portugal tiene suficientes alternativas en materia de suministro, desde las plantas eólicas y solares hasta las de ciclo combinado pasando por las hidroeléctricas. Todo parece indicar que el problema se produjo por una caída de la generación fotovoltaica en el suroeste peninsular, que actuó como efecto dominó. Lo que no explica, y ahí es donde deben centrarse las investigaciones, la “desaparición de 15 gigavatios” en 5 segundos que provocó el colapso.
Y mientras existan esas lagunas, el juez Calama hará muy bien en investigar. No vaya a ser que, al final, no se descarte la existencia de una “mano negra”. Y no es argumento de una novela de espías, no. Es la pura realidad de lo que está ocurriendo en el mundo.