El Comité Europeo de Derechos Sociales insiste. España incumple la Carta Social Europea en lo que se refiere a la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente. Es el segundo aviso de la institución que se pronunció el año pasado a requerimiento de UGT y ahora lo vuelve a hacer, esta vez por la denuncia de Comisiones Obreras. Estrasburgo dice que en este país la indemnización tasada en días incumple el mencionado tratado, que España ratificó en 2021. En concreto viola el artículo 24 del compromiso ratificado parlamentariamente que establece el “derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. El máximo de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades, sobre todo en relaciones laborales cortas, puede conducir a indemnizaciones ínfimas. De hecho, las estadísticas indican una cuantía media, en 2023, de 7.446 euros, la menor de la serie histórica, por debajo de la de 2022 (8.251 euros) y del récord que se alcanzó en 2021 (11.147 euros). Los jueces de Lo Social vienen advirtiendo del escaso margen que les dejó la ultima reforma laboral. El gobierno estudia ampliarla al entorno de los 45 días pero se encuentra con la oposición de las patronales en donde se asegura que los 33 días están por encima de la tasación de otros países. Lo que se callan las organizaciones empresariales es que, en ese análisis, no se tienen en cuenta factores como la protección social, el tiempo de preaviso o la existencia de salarios de tramitación. Y ahí, destacamos mucho menos. En materia de protección por desempleo estamos por debajo de República Checa, Portugal y Francia y rozando la media de los países desarrollados, según los informes de la OCDE.
Algunos jueces de Lo Social lo han dicho, en sus sentencias, que la indemnización por despido improcedente se queda corta. Depende, claro está, de la antigüedad que haya dispuesto el trabajador. Pero en el mejor de los casos, cuando el tipo de contrato es indefinido, la cuantía puede llegar a los 17.000 euros. Pero a esas cantidades sólo llega el 30% de las demandas presentadas con una antigüedad superior a los dos años. El mayor porcentaje es para los trabajadores que llevan seis o menos meses, un 39% del total, que cobran una indemnización de 1077 euros.
Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos este primero de mayo es, precisamente, el incremento de la cuantía de las indemnizaciones por despido. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha instado al gobierno español a cumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Las presiones europeas son, cada vez, más fuertes. Es por eso por lo que el gobierno tiene preparado un plan para ampliar la cuantía de la indemnización. No se llegará a la mítica tasa de 45 días por año trabajado, pero se acercará, según las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Su partido, Sumar, que en esto tiene mucho que decir, propone un sistema de indemnizaciones personalizado, “a la carta”, en función de la situación del trabajador que causa baja donde se tendrían en cuenta la situación en que queda, las cargas familiares, la posible vulnerabilidad social y otras circunstancias. Sería homologar la protección a la de otros países de nuestro entorno.
La justicia española, a través del Tribunal Supremo, ha avalado la necesidad de esta reforma. Los abogados dicen que los 33 días es una “buena fórmula” de zanjar el despido de un trabajador porque para el empleador es una formula sencilla. Según las estadísticas, la mitad de los despidos obedecen a “causas disciplinarias” pero debido a la complejidad del proceso, los empresarios optan por esta vía para librarse de un trabajador y más si lleva poco tiempo en la empresa, lo que reduce la cantidad a indemnizar, tal y como se ha comprobado.
En Trabajo están estudiando una cifra intermedia entre los 33 días por año trabajado actuales y los 45 días con el máximo de 42 mensualidades anteriores a la reforma llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Se pretende ampliar los derechos de los trabajadores y desincentivar el despido, pero sin lastrar a las empresas. El Gobierno presentará la nueva norma, avalada por la necesidad legislativa europea, antes del verano con el incremento de días por año trabajado. Como ha pasado con la reducción de la jornada laboral, a Yolanda Díaz le gustaría contar con el apoyo de patronal y sindicatos, pero no lo condicionará a ello.La ley saldrá adelante incluso con la negativa empresarial. La CEOE dice que esta modificación debería discutirse y acordarse en el seno del Diálogo Social que mantiene con los sindicatos. Es una opción que no se ha descartado porque, ahora mismo, tal y como se encuentra la correlación de fuerzas en el parlamento, no está garantizado que salga adelante sobre todo porque Junts Per Catalunya se opone radicalmente a incrementar el coste del despido.
De momento, la sala de Lo Social del Tribunal Supremo ha tomado cartas en el asunto y ha elaborado una sentencia, la 1250/2024, que unifica las distintas formulaciones efectuadas por los juzgados de Lo Social en lo referido a la percepción de indemnizaciones adicionales a la contemplada en la legislación. La sentencia señala que “la sala, reiterando criterios precedentes, que se amparaban en el Convenio 158 de la OIT y el art. 24 de la Carta Social Europea (CSE) revisada, admiten la posibilidad del reconocimiento de una indemnización complementaria a la legalmente tasada cuando ésta sea exigua y no tenga un efecto disuasorio para la empresa, ni compense suficientemente al trabajador por la pérdida de la ocupación, concurriendo una clara y evidente ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión empresarial extintiva del contrato”. El Supremo reconoce que lo que está en el centro de la controversia jurídica es “si la indemnización legal por despido puede ser superada y mejorada más allá de lo que el legislador español ha establecido, con carácter general, para todo despido que se califique de improcedente”. Y los jueces se pronuncian a favor. Dejan la puerta abierta.
Por lo tanto, el gobierno tiene en sus manos los instrumentos jurídicos suficientes como para acometer la modificación. Cuenta, además, con el aval de los sindicatos, el mandato de la Unión Europea, y el consenso de gran parte de la sociedad civil que cree necesario dotar de mayor protección al empleo. La indemnización del despido aumentará. Lo que falta por saber es cuando y de qué manera el ejecutivo de Pedro Sánchez sacará adelante la modificación.