La fiscalía valenciana ya tiene en su poder las siete querellas presentadas por afectados de la DANA en las cuales se acusa a la Generalitat de delitos de prevaricación, lesiones, homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños. y contra los derechos de los trabajadores, como consecuencia de la no adopción de decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado: 82 municipios afectados, 223 fallecidos, tres desaparecidos y daños materiales que todavía no se han podido cuantificar con exactitud. Y el ministerio público ha optado por una estrategia acertada. Remitirá las imputaciones a un juzgado de primera instancia y no al Tribunal Superior de Justicia, la instancia a la que correspondería abrir las diligencias oportunas debido a que se señala al presidente autonómico, Carlos Mazón, como el principal responsable, y Mazón está aforado. La razón por la que la fiscalía valenciana ha decidido utilizar esta vía es bien sencilla de explicar. Nadie se fía de los tribunales superiores territoriales porque sus jueces quieren el trabajo hecho. Y si no se lo dan “mascado” lo que suelen hacer es archivarlo, tal y como sucedió ayer. En cambio, los instructores de primera instancia se ponen a trabajar con rigor hasta que recaban pruebas contundentes. Y, si encuentran suficientes indicios, es cuando elevarían una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana debido al aforamiento del president. La fiscalía no quiere que se les vaya de las manos un asunto en el que se va a juzgar la gestión de la mayor catástrofe ocurrida en este siglo en el Levante español.
Que la catástrofe de la DANA iba a acabar en los juzgados ya se sabía. Las siete querellas presentadas hasta el momento se incrementarán con el paso del tiempo. Y, además, habrá que contar con las que se presenten en los juzgados de Albacete y Cuenca por los afectados en las 76 localidades de las provincias, principalmente Letur y Mira. En esas zonas todavía nadie ha judicializado la catástrofe, pero ya se han constituido asociaciones de afectados que se limitan a gestionar las ayudas. Los portavoces de esas asociaciones no descartan pedir responsabilidades penales.
Pero, de momento, la acción judicial se limita a la Comunidad Valenciana. Y allí, en concreto, señalan a la exconsellera de interior, Salomé Pradas, al secretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso, y a Carlos Mazón. En su escrito dirigido al juzgado correspondiente, la fiscalía señala que “la investigación de los hechos y, en su caso, de las responsabilidades penales de los distintos querellados debe ser única y conjunta, entendiendo que ello resulta no ya sólo funcional, sino necesario. Teniendo en cuenta que es más que razonable realizar una única instrucción dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados, y de posibles testigos y peritos; y que dicha única instrucción se lleve a cabo por el órgano judicial que naturalmente tiene atribuida dicha función investigadora, el Juzgado de Instrucción".
Además, hay que tener en cuenta que las instancias judiciales superiores de la CV son bastante proclives a dejar meter las narices a las acusaciones particulares en este tipo de asuntos de relevancia mediática, y si son de ultraderecha mejor. Hay que recordar que existe una denuncia de Manos Limpias contra la directora general de la AEMET, María José Rallo del Olmo, y el director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Javier Montero, por la comisión de presuntos delitos de homicidio imprudente, imprudencia y daños. Sobre el futuro de esta denuncia la fiscalía valenciana no se ha pronunciado. Una decisión que, en cualquier caso, quedará en manos del instructor al que le corresponda iniciar las diligencias previas de este asunto. Lo que sí está claro es que si el magistrado de turno acepta esta personación abrirá la puerta a que se sumen otras tantas, y eso puede dilatar un proceso que va a ser complejo y la presencia de las acusaciones populares lo puede hacer más.
En el escrito de la fiscalía de la CV se advierte que puede haber más imputados entre las autoridades políticas y responsables de los organismos públicos. A eso es a lo que se agarra el president Mazón quien cree que no sólo hay responsables en su administración sino en el gobierno central. Lo que no es de recibo es que el máximo dirigente de un Consell señalado por su escasa respuesta en plena catástrofe, establezca un paralelismo entre su caso con los de corrupción que salpican a Pedro Sánchez, los casos Koldo y Begoña Gómez principalmente. Nada que ver, y se está comprobando a través de las manifestaciones de los afectados. Muchos de los damnificados por las inundaciones de la DANA, incluidos alcaldes de los municipios que pertenecen al PP califican de lamentable la gestión del Govern y de su presidente el cual tardó en ponerse al mando de la unidad de emergencia porque, dice que “estaba almorzando con una periodista”. Cuando Mazón se puso a coordinar, la crecida del barranco de Poyo era de tal magnitud que no sirvió el aviso de emergencia previsto para estos casos. No hace falta que se hable de los resultados. Son conocidos.
Lo que llama la atención de la judicialización de la catástrofe es la escasa confianza que la acusación pública tiene de las instancias superiores valencianas. Si se lee entre líneas su escrito, paradigma de la diplomacia, se atribuye a los jueces del TSJCV escasas ganas de hacerse cargo de una causa complicada como es ésta. Los magistrados han demostrado muchas veces que quieren que se lo den todo hecho. Y sí. Es verdad lo que dice la fiscalía. En un juzgado de instrucción las gestiones serán mucho más ágiles. A falta de que, algún día, un gobierno apruebe la normativa que deja en manos de la carrera fiscal la instrucción de las causas criminales. Mientras eso ocurre no queda más remedio que confiar en los juzgados de primera instancia algunos de cuyos titulares son unos auténticos “cracks” jurídicos. Ojalá que este asunto recaiga en uno de ellos.