Una de las principales fallas de la gestión de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa en 2018 es su incapacidad para recuperar el mercado laboral previo a la crisis de 2008 y que fue destrozado, en primer lugar, por las reformas laborales de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy y, en segundo término, por la del propio Sánchez.
La sentencia de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que condena a España por incumplir la directiva sobre conciliación de la vida laboral y familiar, ha vuelto a poner sobre la mesa la realidad que Sánchez no quiere que se conozca: la estructura del mercado laboral español sigue siendo incompatible con un modelo de vida sostenible para millones de trabajadores.
Más allá del fallo judicial y de las sanciones económicas, el castigo europeo revela un problema sistémico que afecta a la calidad de vida de las personas asalariadas en España. Mientras las políticas públicas fallan en garantizar derechos básicos como la corresponsabilidad en los cuidados, el día a día laboral se caracteriza por jornadas partidas, horas extra sin remunerar, contratos inestables y salarios que no alcanzan para vivir con dignidad.
España figura de manera recurrente entre los países de la Unión Europea con peores índices de conciliación, según informes de organismos como la OCDE y Eurofound. El modelo laboral vigente se sostiene, en gran parte, sobre prácticas que impiden a muchas familias compaginar el empleo con la crianza, el cuidado o el tiempo personal.
El problema de la conciliación no puede entenderse sin abordar la precariedad estructural del empleo en España. Según datos de Eurostat, España continúa siendo uno de los países con mayor tasa de temporalidad en la UE, pese a las recientes reformas laborales. Esta precariedad impacta de lleno en la planificación familiar, la estabilidad económica y la capacidad de tomar decisiones vitales como tener hijos, cuidar a personas mayores o simplemente desconectar del trabajo.
A esto se suma un dato estructural: los salarios reales apenas han crecido en la última década. Según el INE, el salario medio anual se sitúa en torno a los 25.000 euros brutos, pero la mediana cae por debajo de los 22.000, con amplias franjas de trabajadores por debajo del umbral de los 1.000 euros mensuales netos. En estas condiciones, muchas familias dependen de dobles jornadas, pluriempleo o el trabajo informal para llegar a fin de mes, sacrificando tiempo de descanso, ocio o cuidados.
Estas carencias laborales no afectan por igual a todos los trabajadores. Las mujeres soportan una mayor carga de cuidados no remunerados y, además, son quienes más sufren la parcialidad involuntaria, la temporalidad y los sueldos más bajos.
La falta de una estrategia pública de conciliación, como señala el propio fallo del TJUE, perpetúa un modelo de desigualdad estructural de género, donde ellas siguen siendo las principales responsables del cuidado de hijos, mayores y personas dependientes.
El gobierno de Pedro Sánchez ha intentado responder como lo hace siempre, es decir, con parches muy bien publicitados por los órganos de propaganda: bonificaciones fiscales por hijos a cargo, permisos parentales ampliados o el anunciado proyecto de Ley de Familias. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas no han llegado a concretarse o han sido rechazadas en el Congreso, como ocurrió con el Real Decreto-ley 7/2023.
Tampoco se ha abordado a fondo la transformación del modelo horario, ni se han implementado mecanismos efectivos para controlar las horas extra impagadas o facilitar el teletrabajo estructural en los sectores que lo permiten.
Mientras tanto, los efectos de la ineficacia de Sánchez ya son visibles: tasa de natalidad en mínimos históricos, empeoramiento de la salud mental por estrés laboral y creciente desafección hacia el trabajo como espacio de realización.
Más allá de la condena y la multa impuesta por el TJUE, la verdadera deuda de Sánchez es con sus trabajadores. Si el país aspira a un modelo productivo moderno, igualitario y sostenible, no puede seguir aplazando una reforma profunda de su cultura laboral.
Conciliar no puede seguir siendo un lujo reservado a unos pocos. Requiere horarios racionales, sueldos dignos, empleo estable, corresponsabilidad de género y políticas públicas ambiciosas. Sin eso, seguirán fallando tanto las familias como la economía real, es decir, de la que los órganos de propaganda monclovita y sanchista no pueden hacer argumentarios y, quizá, esa sea la razón de que se deje de lado porque no le da réditos políticos al líder supremo.