El Gobierno español, a través del ministro Albares, abre un camino que muchos otros países de la UE no se atreven ni a plantear: sancionar a Israel y romper con la normalización de la violencia colonial.
Cuando el deporte se convierte en escaparate de la barbarie
La imagen de un equipo israelí recorriendo tranquilamente las carreteras españolas mientras miles de gazatíes mueren bajo bombas financiadas y legitimadas por gobiernos occidentales no es una anécdota: es una indecencia. Es la prueba de hasta qué punto la impunidad se ha institucionalizado. La propuesta de José Manuel Albares —vetar la presencia del equipo israelí en la Vuelta— es, por tanto, una acción política cargada de sentido ético. No es simbólica: es profundamente política y necesaria.
Porque el deporte no puede seguir siendo la coartada blanda de las potencias coloniales. Ya ocurrió con Rusia, y no hubo histeria mediática. Pero cuando se trata de Israel, los resortes del doble rasero se activan con velocidad quirúrgica. La derecha española —y su ecosistema mediático— ha salido en tromba a defender lo indefendible, apelando a un antisemitismo imaginario para silenciar la crítica legítima a un régimen que actúa cada día fuera del Derecho Internacional.
No hay equidistancia posible ante un crimen. Los muertos en Gaza no son “daños colaterales”: son el resultado directo de una estrategia de castigo colectivo, amparada por décadas de complicidad occidental. Y en este contexto, seguir tratando a Israel como una democracia homologable es una obscenidad moral.
España lidera lo que Europa no se atreve ni a nombrar
La política exterior del Gobierno de coalición ha dado en este asunto una lección de coherencia, valentía y sentido de justicia. Reconocimiento del Estado palestino, financiación reforzada a la UNRWA, denuncias ante la Corte Penal Internacional, presión diplomática para un alto el fuego y ahora, con Albares al frente, una posición contundente: no puede haber normalidad con quien desprecia la legalidad internacional.
Lejos de los gestos vacíos de Bruselas, la posición española desentona, sí, pero lo hace por honestidad y por responsabilidad. Mientras otros callan o reculan, España eleva la voz en nombre de los derechos humanos, y lo hace con hechos: más recursos, más visibilidad para las víctimas, más firmeza frente a los agresores.
Y como era de esperar, la derecha ha vuelto a actuar como altavoz de los intereses más reaccionarios. No les interesa la infancia palestina, ni el derecho internacional, ni la verdad. Solo un relato simplón donde quien denuncia el genocidio es acusado de odio, y quien lo perpetra, tratado como víctima. Es el mismo cinismo que aplican en casa para negar la violencia machista o blanquear el franquismo.
La dignidad no se negocia
La historia juzgará con dureza esta etapa de sangre y silencio. Y en ese juicio, no todos los países aparecerán en el banquillo de los cómplices. España, con una política exterior que por fin está a la altura del sufrimiento que denuncia, ha decidido caminar del lado correcto. No es un gesto radical: es el mínimo ético exigible.
La exclusión del equipo israelí de la Vuelta no es censura. Es una llamada de atención. Es decirle al mundo que no se puede seguir matando a niños bajo la excusa de la seguridad nacional, y al mismo tiempo competir como si nada, comerciar como si nada, desfilar diplomáticamente como si nada.
Porque ya basta. Porque Gaza no puede seguir siendo una fosa común en silencio. Porque la dignidad, como la justicia, no se negocia.