Si hay un político estimado entre los afectados por abusos bancarios éste es Félix Alonso Cantorné, director general de Consumo de las Islas Baleares hasta que se decida quién gobernará tras los resultados de las elecciones autonómicas del 28M.
Cuando este “desconocido” asumió el cargo hace 4 años, poca gente sabía que, en su etapa de alcalde de Altafulla (municipio de Tarragona), había conseguido que la ciudad fuera libre de desahucios, y eso que le tocó lidiar una etapa dura de la crisis hipotecaria de las familias.
En la Conselleria de Sanitat i Consum, Alonso consolidó un equipo y se hizo conocido por la primera sanción por publicidad engañosa sobre el IRPH, por dos sanciones por la contratación del referido índice y, en especial, por el informe sobre el IRPH que sirvió de base para las cuestiones prejudiciales sobre el diferencial, actualmente en el TJUE y pendientes de resolución.
Quedándole pocas semanas en el puesto, Diario16 ha tenido acceso a la última sanción a los bancos sobre falta de transparencia y abusividad que, justamente, es la primera sanción a un préstamo de cuota creciente con error en la fórmula de las cuotas. Ya indicamos en Diario 16 que la administración Balear habido sido muy cauta en este primera sanción novedosa (la primera que reconoce que un préstamo es REDAL) y que el Banco de España había validado las conclusiones de la Dirección General de Consumo.
El listón en la defensa de los consumidores se ha puesto muy alto, y ahora los afectados de Baleares se preguntan si habrá continuidad en esta labor, en una comunidad especialmente afectada por graves problemas de acceso a la vivienda o si el nuevo gobierno va a desactivar toda la protección que se brinda ahora a los ciudadanos insulares.
La cláusula críptica de la cuota creciente: una sanción que crea precedente
La resolución de esta primera sanción REDAL es muy rigurosa, no sólo porque tiene el visto bueno del Banco de España, sino también porque se molesta en detallar, de manera clara y comprensible para todos, el carácter erróneo de la fórmula de amortización.
Si de por sí la cláusula tenía un redactado críptico y ocultaba una cuota final, el método creciente y el error en la fórmula hacían imposible que el prestatario pudiera conocer la carga económica del contrato. De hecho, se comenta que el denunciante descubrió que tenía una cuota final 15 años después de firmar el contrato, es decir, se enteró porque entró en contacto con un grupo de afectados y allí le explicaron la trampa financiera que contenía su préstamo.
La sanción de Consumo Baleares conlleva un atisbo de esperanza tanto para los afectados por cuota creciente como por los de contratos REDAL en general (contratos sin sistema de amortización correctamente pactado). Ya se ha señalado que no es lo mismo litigar contra el banco sin ningún apoyo o, por el contrario, con sendas resoluciones de la administración (Consumo y el Banco de España) que indican al juez las graves irregularidades del contrato.
Por otra parte, y no menos importante, hay que señalar que la administración balear ha sentado precedente por lo que se refiere a la calificación de la falta cometida por la entidad. Este aspecto es importantísimo porque ahora otra administración autonómica no puede calificar la falta con una gravedad menor. Y, además, si el mismo banco recibe otra reclamación y se niega a negociar, caso de ser sancionado, la multa sería notablemente mayor por reiteración de la falta. Al respecto, señalamos que 24.000 euros es lo que le va a costar a la entidad, de momento, el haber introducido una cláusula tan oscura y perjudicial en el contrato.
¿El adiós de César o un “hasta pronto”?
Antes de esta resolución, nada más que la Dirección General de Consumo publicase su informe sobre préstamos Redito ad Libitum (REDAL), se generó tal expectación que Alonso fue invitado a importantes foros de opinión y divulgación. En la Jornada sobre la tutela legal y judicial del consumidor, organizada por el Colegio de abogados de Granada y la Fundación de estudios y Prácticas Jurídicas de Granada, impartió una conferencia con un mensaje destacado, que resume su aporte para evitar un mal funcionamiento de la justicia: “Nada desalienta más a un consumidor, como ciudadano del estado de derecho, que la administración de justicia resuelva sin conocer con la debida profundidad los aspectos en litigio sobre los que resuelve”. Dicho en lenguaje llano: ¿cómo vamos a esperar justicia si el juez no entiende lo que juzga?
No puede negarse que, con sus informes, sus resoluciones y sus acciones en general, este político ha abierto (y va a abrir) los ojos a muchos juristas y afectados sobre las irregularidades en los contratos hipotecarios. De momento, vuelve a Altafulla como un ciudadano más y no se sabe cuál será su ocupación en el futuro. Merecidamente, cabe dedicarle el final del discurso de Marco Antonio ante la muerte de Julio César: “Éste era un gran César, ¿cuándo tendréis otro como él?”