En una decisión sin precedentes, como tantas otras en este extravagante proceso penal, Ángel Hurtado ha impuesto al acusado de revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una fianza de 150.000 euros para “cubrir eventuales responsabilidades civiles”. Es verdad que en los procedimientos de este tipo se establece el depósito previo de cantidades más o menos significativas en función del perjuicio que se haya producido por la eventual comisión del delito. Nadie había barajado la idea de que el juez acabase imponiéndolo en este asunto, más que nada porque es bastante cuestionable la existencia de ese perjuicio que algunos consideran inconstitucional. Pero los argumentos que utiliza el magistrado no ofrecen lugar a dudas. Hurtado está convencido de que el correo del abogado de Alberto González Amador del 2 de febrero de 2024 contenía “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso”. Esos correos, señala el instructor, estaban “sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la fiscalía que han de presidir este tipo de conversaciones en cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la fiscalía general del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y que llevan aparejado un deber de discreción, por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”. Al novio de la presidenta de la CAM le puede acabar por salirle bastante barato el proceso que tiene pendiente por un presunto delito de fraude fiscal. Si, al final, tiene que pagar a Hacienda 350.000 euros, pero le saca a García Ortiz 150.000 la demanda le habrá salido rentable.
No es la primera vez que Alberto González Amador intenta sacar beneficio económico de este asunto. Ha llevado a varios políticos y periodistas a los juzgados civiles demandándolos por “vulnerar su honor”. Los que han afectado a altos cargos de la administración, como es el caso de la vicepresidenta, María Jesús Montero, el Supremo, la instancia competente debido a su aforamiento, las ha desestimado. Quedaba la vía penal, y aquí es donde se ha producido la sorpresa. Si en el plazo de cinco días García Ortiz no deposita la cantidad exigida, el juez puede embargar sus bienes. Cabe otra posibilidad y es la presentación de avales bancarios suficientes para cubrirla. La verdad es que se desconoce el patrimonio del fiscal general del Estado. Tampoco es que se le exija mucho, pero lo chocante es la ausencia de precedentes en el caso de una condena por delito de revelación de secretos.
En la vía penal, habitualmente se establecen fianzas para cubrir eventuales responsabilidades económicas cuando existen perjudicados por delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal y malversación. La responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito o infracción penal consiste en la obligación del condenado a restituir el bien o indemnizar por los daños y perjuicios al perjudicado causados por la comisión del ilícito penal. Este segundo supuesto sería el caso de González Amador quien deberá concretar, probablemente en su escrito de acusación, si opta por exigir la responsabilidad civil en el mismo procedimiento penal. En este caso, el juez le requerirá para que acredite los daños y perjuicios que le ha ocasionado, quedando a la espera de que finalmente se condene penalmente al infractor por el delito perseguido. Eso, según la ley de enjuiciamiento criminal.
Alberto González Amador reclama una indemnización por perjuicios morales de 300.000 euros, pero el juez la considera “excesiva”. No obstante, tiene en cuenta el alcance de otras responsabilidades económicas que pudieran atribuirse a García Ortiz, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, por lo que, “en una valoración de conjunto”, cifra en 150.000 la cantidad que deberá aportar el fiscal general.
El juez está contemplando la eventualidad de que el juicio acabe con una condena de multa. Y tal vez sea por eso por lo que ha fijado la cantidad señalada. Muchos juristas están convencidos de que la sala de Lo Penal que juzgará, probablemente en noviembre, al fiscal general del Estado, y que presidirá su flamante nuevo presidente, Andrés Martínez Arrieta, no llegará a imponer pena de prisión al acusado. En primer lugar, porque el nombramiento de Martínez Arrieta ha sido polémico y es bastante poco probable que el nuevo titular quiera empezar su mandato con un fallo que, sea del signo que sea, va a ser muy cuestionado porque incluso se ha llegado a calificar el proceso de “lawfare”, una persecución política hacia García Ortiz.
Pero es que, además, por mucho que se empeñe el instructor, los indicios para acusar a García Ortiz de haber filtrado a la SER el correo del abogado de González Amador en el que pide un acuerdo de conformidad por un delito de fraude fiscal, son poco consistentes y el tribunal se verá obligado a hacer lo que no ha hecho Hurtado: llamar a declarar a los periodistas que, bajo juramento y declaración notarial, aseguran que obtuvieron dicho correo con anterioridad al 13 de marzo, la fecha en la que se asegura se produjo la filtración.
La única duda razonable que puede surgir a los jueces es el borrado de los mensajes del teléfono corporativo del fiscal general pero siempre existirá la justificación de que dicho borrado se llevó a cabo para evitar la obtención de datos que pueden afectar a la seguridad del país.
Por muchos “daños morales” que González Amador asegura haber sido objeto con esta filtración, lo cierto es que su patrimonio no se vio afectado tal y como ocurre en los procesos en los que se establecen fianzas civiles derivadas de la responsabilidad penal. Y es más cierto que en el juzgado de instrucción número 19 de Madrid está a punto de abrírsele un juicio por el delito que su abogado intentó camuflar mediante un acuerdo en el que se confesó culpable. Habrá que ver lo que dicen los jueces de la sala de Lo Penal, pero parece poco consistente esa indemnización a la que cree que tiene derecho. Tanto como las pretendidas por la vía civil.