En el caso, más que probable, de que el juez Hurtado dicte auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, la ley no obliga a cesar al fiscal general del Estado. Otra cosa diferente es si le acompaña en el banquillo su subordinada, la fiscala provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que habría que apartar cautelarmente hasta la sentencia firme. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado queda en situación de “servicios especiales” tras su nombramiento. Por lo tanto, no se ve sometido al resto de artículos de la norma en los cuales se aborda "la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal". Por lo tanto, si como todo parece indicar, el Supremo abre juicio oral contra Rodríguez y García Ortiz, éste se vería en la obligación de suspender a su compañera de banquillo, pero él podría mantenerse en sus funciones. Los expertos creen que existen otras posibilidades legales de cesar a García Ortiz si es procesado, pero ninguna de las expuestas tiene consistencia jurídica hasta el momento.
En la Ley Orgánica del Poder Judicial se contempla que la “suspensión de los jueces y magistrados se llevará a cabo cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones" o "cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento". Pero eso en lo que respecta a los miembros de la carrera judicial, no a los fiscales.
Otra posibilidad es la que se refiere a los funcionarios afectados por esta misma ley orgánica. Se puede acordar su suspensión "cuando se hubiere dictado auto de apertura de juicio oral", pero, una vez más, surge la duda: hasta qué punto estos artículos que hacen referencia a jueces, magistrados y funcionarios pueden extenderse al fiscal general. Una gran parte de los juristas a los que hemos podido consultar no lo ven claro. Y se remiten al Estatuto Fiscal ya citado. Por lo tanto, salvo que medie un acto voluntario por parte de García Ortiz, no habrá posibilidad de que abandone su cargo.
Y mientras esto ocurre, las asociaciones de fiscales discrepan de lo que debe de hacer su superior. La Unión Progresista de Fiscales, de la que García Ortiz fue su portavoz hace un tiempo, ha lanzado una dura crítica contra el Tribunal Supremo. Acusa a su sala de Apelaciones de dar carta blanca a una “causa general” contra el fiscal general del Estadoponiendo en la diana a todos los fiscales del país. Al mismo tiempo denuncia la clonación indiscriminada de ordenadores y teléfonos personales y profesionales. La asociación parece haberse quedado sola en la defensa de su afiliado.
Uno de sus argumentos, el daño que está haciendo esta causa a la carrera fiscal, es el que utilizan los que piden a García Ortiz que dimita. Lo curioso es que la presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, conservadora, Cristina Dexeus, muestra su tibieza a la hora de pedirle a García Ortiz que se ponga de lado señalando que “es mejor para él defenderse fuera que dentro de la institución”. La más beligerante es la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Pero es que hay que tener en cuenta que está presente en la causa como acusación particular. Su presidente, Salvador Viada, fiscal del Supremo, está a punto de jubilarse y, según señalan medios jurídicos, es el instigador del escrito que 13 de los 35 fiscales de sala del Supremo enviaron a García Ortiz el pasado enero, pidiéndole que dimita. Curiosa coincidencia. Los fiscales de sala piden a García Ortiz que se vaya “por el daño que está haciendo a la institución” y Viada, el mismo día en que salía a la luz este escrito, señalaba en declaraciones públicas: “que aguante sin dimitir está produciendo un gran desgaste a la institución”.
Lo que pasa es que la derecha judicial es consciente del escaso margen de maniobra que tienen. Sólo les queda la presión pública porque el Consejo Fiscal, el órgano consultivo en el que participan las asociaciones, no tiene capacidad para cuestionar a su presidente, el FGE. Y encima, la sala de Lo contencioso Administrativo del Supremo acaba de avalar su nombramiento. La APIF utiliza varios fundamentos rechazados por los jueces. Que es un nombramiento del gobierno. Que el Consejo General del Poder Judicial lo declaró “no idóneo”. Y que ellos mismos lo acusaron de “desviación de poder” por la designación de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscala de sala de Memoria Democrática.
La ultima maniobra de la caverna mediática consiste en intentar enfrentar a García Ortiz con Pilar Rodríguez, su subordinada que, todo parece indicar, acompañara al fiscal general en el banquillo de los acusados. Rodríguez es fiscala provincial de Madrid y ella sí puede ser suspendida de sus funciones cautelarmente mientras dure el juicio. Se la aplicará ese articulado citado de la ley orgánica del Poder Judicial y el del Estatuto Fiscal que hacen referencia a los funcionarios de la carrera “a los que se les abre juicio oral”. La derecha lanza el reto a García Ortiz porque es el que tiene que suspender a Rodríguez de sus funciones llegado el caso. Y todo ello cuando el juez Hurtado no ha cerrado la instrucción.
Lo que se trataría es de que ambos acusados llegasen al enfrentamiento por tal circunstancia. García Ortiz no dice nada. Calla y guarda un prudencial silencio. Otra cosa es lo que le haya dicho a su subordinada. La derecha ya se está encargado de situarla como “el chivo expiatorio”, la que filtró el famoso correo por orden de García Ortiz. El caso es enfrentar a los miembros de la carrera fiscal. Eso sí que hace daño a la institución.