Están haciendo su trabajo con total autonomía por mucho que la derecha judicial haga hincapié en lo contrario. El último en asegurar públicamente que no está recibiendo instrucción alguna de sus superiores ha sido el fiscal Javier Muñoz durante la vista oral celebrada en la sala de Lo Civil del Tribunal Supremo sobre la demanda presentada por Alberto González Amador contra la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, por llamarle “defraudador confeso”. El representante del ministerio público no es el primero ni el único que tiene que salir en un tribunal a matizar que no está recibiendo presión alguna por parte de sus superiores. Es la diana preferida que utilizan los ultras contra Álvaro García Ortiz después de comprobar que no hay manera de que el gobierno le cese. El presidente, Pedro Sánchez, ha llegado a manifestar que lo va a apoyar incluso si acaba por sentarse en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos, un sumario que, por cierto, va para largo después de que el juez Ángel Hurtado haya decidido abrir una pieza separada con los informes sobre los mensajes del teléfono móvil del FGE remitidos por las operadoras Google y Meta como propietaria del chat de WhatsApp. Hay quien hace apuestas sobre cual de las dos instrucciones, ésta y la del juez Peinado contra Begoña Gómez, tardarán más tiempo en convertirse en procedimiento abreviado. Está claro que ambos jueces quieren dilatar al máximo sus investigaciones para seguir desgastando al ejecutivo progresista.
Los fiscales asignados a los casos de corrupción aseguran estar actuando con total autonomía. No han recibido presión alguna. Julián Salto, el adscrito a anticorrupción de Madrid, mantiene la misma línea de actuación en el juzgado número 19 sobre los delitos de los que se acusa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y eso que ha estado en el punto de mira del juez Hurtado sospechoso, en un principio, de haber filtrado el famoso correo del que fue su primer destinatario, en el que se le ofrecía un pacto de conformidad para que González Amador evitase la cárcel a cambio de reconocerse culpable de un delito contra la hacienda pública, abonar la cantidad defraudada y pagar una multa. Pero el fiscal se libró después de que sus superiores saliesen en su defensa. Las fiscalas superior y provincial avalaron su discreción en este asunto. Y eso no le ha impedido seguir actuando con total autonomía hasta el punto de mostrarse favorable a la apertura de la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida, y falsedad documental.
Aun así, la derecha judicial insiste en que, desde Moncloa, de acuerdo con la fiscalía general del Estado, se está maniobrando para neutralizar lo que ellos laman “ofensiva judicial” contra el gobierno progresista. Así interpretan lo que califican como “una nueva muralla institucional”, la creación exprés de un fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública. El movimiento, aprobado por decreto, supone un cambio profundo en la estructura del ministerio público y refuerza el control político sobre futuras investigaciones incómodas. El elegido para el cargo ha sido EmilioSánchez Ulled, un perfil vinculado al sector progresista de la carrera fiscal. Su nombramiento, propuesto por García Ortiz, se formalizó en un pleno del Consejo Fiscal en el que los siete vocales de las derechistas Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales se negaron a votar al considerar que no se garantizaba la neutralidad exigible.
Esos fiscales son los que están fomentando, entre sus compañeros, el discurso de que sus decisiones obedecen a las consignas concretas de sus superiores. Alguno de ellos, como el del caso Begoña Gómez se ha insinuado en este sentido en alguno de sus escritos, pero los demás han querido señalar, desde el inicio de sus trabajos, su independencia y autonomía. En tal sentido se han manifestado los representantes del ministerio público en la Audiencia Nacional en el caso Koldo y, en el Supremo, en el sumario sobre José Luis Ábalos.
El punto de mira de la derecha judicial se está centrando en la fiscalía porque conocen perfectamente la existencia de una división en el seno de la carrera fiscal. Están utilizando todos los medios a su alcance para quemar a García Ortiz. Y de ahí esa consigna para que, cada vez que puedan, los fiscales afines, hagan constar que sus argumentos obedecen a instrucciones procedentes de Fortuny, la sede de la fiscalía general. Ya ocurrió con los llamados “fiscales rebeldes” del Supremo que se negaron a acatar la instrucción de García Ortiz de informar favorablemente sobre la ley de amnistía y ha habido situaciones parecidas en el Tribunal Constitucional donde algún fiscal ha dejado claro que su voto favorable a alguna admisión a trámite de recursos se llevó a cabo por “instrucciones superiores”.
Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de argumentos son manipulados por la derecha política. Ocurrió con el bulo del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien llegó a filtrar a los medios de comunicación afines que “no se había formalizado el acuerdo de conformidad por instrucciones de arriba”.
De momento, los fiscales que se han encargado de los casos de corrupción más sonados están siendo muy prudentes y se destaca su profesionalismo. Ellos mismos tienen que salir al paso de las informaciones en las cuales se asegura que las decisiones que toman son supervisadas por sus superiores quienes dan el visto bueno. No es así, y desde instancias como la fiscalía de la Audiencia Nacional se insiste en que sus miembros gozan de total autonomía a la hora de llevar a cabo su trabajo, incluso de sus inmediatos superiores. Pero, tal y como está la judicatura, a nadie debe de extrañar esa ofensiva que lo único que hace es deteriorar la imagen del ministerio público, esa institución de la que, a fin de cuentas, dependen las garantías jurídicas de la ciudadanía.