Si se confirman los audios del exministro de Justicia, Rafael Catalá, con el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, en los que se habla de intervenciones en el Estado, tanto en su vertiente jurídica como política, estaremos constatando algo extremadamente grave. Una verdadera conspiración judicial en la que no sólo intervienen algunos magistrados sino también miembros del ministerio público. De todos es conocida la beligerancia del presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Salvador Viada, hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Va señalando públicamente que “el poder ejecutivo se ha apropiado de la fiscalía” y participa en los actos de los fiscales rebeldes, sus compañeros del Supremo, Consuelo Madrigal, y Javier Zaragoza. Pero lo de Viada obedece a discrepancias profesionales con sus compañeros. Más grave sería confirmar las “reflexiones” del fiscal jefe anticorrupción sobre una injerencia en el poder ejecutivo. Alejandro Luzón coordina las causas más relevantes del panorama político español. En muchas ocasiones se le ha encasillado en el conservadurismo militante, pero nadie pensó que iba a llegar tan lejos. Muchos de sus compañeros piensan como él y boicotean las actuaciones de la fiscalía general del Estado. Piden la dimisión de su titular y votan en contra de las propuestas de la cúpula del órgano asesor, el Consejo Fiscal. Menos mal que esas votaciones no son vinculantes. La última de estas acciones ha sido la movilización y huelga convocada junto a las asociaciones profesionales de jueces conservadores. El motivo es que consideran que la reforma del Estatuto Fiscal que propone el ministerio de Justicia refuerza la dependencia del ministerio público del ejecutivo cuando es todo lo contrario: suprime el principio jerárquico otorgando más autonomía a los subordinados que pueden desobedecer las instrucciones de sus superiores.
Las movilizaciones de jueces y fiscales obedecen a motivos políticos. Eso está claro. Quieren llegar hasta sus últimas consecuencias. En el colectivo profesional hay antisanchistas abiertos que exigen el cese de su superior, Álvaro García Ortiz, por considerar que está haciendo mucho daño a la imagen de la institución con su procesamiento por revelación de secretos. Son los mismos que echan en cara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala jefa de Memoria Histórica argumentando que su marido, el exjuez Baltasar Garzón, es el titular de un despacho de abogados especializado en este tipo de litigios. El mismo argumento de Viada en el caso Stampa, un fiscal que fue apartado del sumario Villarejo porque dicen que defensores, vinculados al despacho de Garzón presionaron. Por ese motivo dicen que Delgado, siendo titular de la fiscalía general, lo cesó, con la complicidad, eso sí, de Luzón, la mano ejecutora.
Pero donde realmente está el núcleo opositor es en la fiscalía del Tribunal Supremo, entre los fiscales de sala. Trece de ellos han pedido la dimisión de García Ortiz. Estos 13 fiscales firmantes, de los 36 que componen el organismo, han señalado que su comparecencia judicial en el asunto que se sigue por la supuesta filtración de información en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor, Ángel Hurtado, era algo impropio de un estado de derecho democrático. Además, añadían que García Ortiz está haciendo un "daño intolerable" a la institución a medida que avanza la investigación.
Entre los firmantes se encuentran la omnipresente en este tipo de actuaciones, Consuelo Madrigal, y otra fiscala que fue titular de la FGE, María José Segarra, quien se da la paradoja de que, hasta hace poco, pertenecía a la Unión Progresista de Fiscales. Ahora ha cambiado de bando. También firmaron Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Rosa Ana Morán, Javier Huete, Antonio Narváez, Manuel Moix, Elvira Tejada, Pilar Martín Nájera y José Miguel de la Rosa.
De Javier Zaragoza se sabe que aspira a ser titular de la fiscalía general del Estado si Feijóo logra hacerse con La Moncloa. Fidel Cadena se opuso recientemente a la reforma del Estatuto Fiscal utilizando una frase demoledora: “no es momento de hacer mudanza en tiempos de desolación”. Es el que inició la famosa guerra de fiscales de sala en torno a la ley de amnistía. La emprendió contra un amigo y además correligionario, Álvaro Redondo, encargado de elaborar el informe sobre la medida de gracia que defendería la fiscalía ante los jueces del Supremo. Le acusó de haberse plegado a las órdenes de García Ortiz. Redondo modificó su informe y después se dio de baja de la asociación de fiscales a la que pertenecía cuyos dirigentes no actuaron cuando les pidió amparo. Y poco más se puede contar de Manuel Moix que no se haya contado. Tuvo que dimitir porque se le descubrió una sociedad en Panamá.
La carrera fiscal siempre ha sido conflictiva. En los años noventa del siglo pasado el foco de rebeldía se centró en la Audiencia Nacional. A su fiscal jefe, José Aranda, le hicieron la vida imposible los llamados “fiscales indomables”, un grupo del que formaban parte Eduardo Fungairiño que luego fue su sucesor, Dolores Márquez de Prado, que acabó casándose con el juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación, y Jesús Santos ahora abogado con enorme influencia en el mundo político, vinculado al Partido Popular. Su compañero Ignacio Gordillo, acabó por trabajar para Génova. Colaboró en el caso de los Eres de Andalucía.
Más o menos como ahora. Muchos de los miembros del ministerio público aquí nombrados acabarán como sus antecesores. Colaborando o trabajando para el PP. Pero ahora tienen una misión mucho más importante. Acabar con el sanchismo en su vertiente fiscal. Y hay que hacerlo lo antes posible.