Las cifras de pobreza presentadas ayer en el Congreso de los Diputados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) son la mayor demostración del fracaso social de Pedro Sánchez.
Ha habido una pandemia, sí. Hay una guerra por la invasión ilegal de Rusia a Ucrania que está impactando en los precios de la energía, sí. El gobierno de coalición ha aprobado medidas sociales de, presuntamente, gran calado como, por ejemplo, la subida del salario mínimo a 1.000 euros mensuales en 14 pagas o la reforma laboral que, en principio, debería haber dignificado los puestos de trabajo.
Por otro lado, España es la cuarta economía de la Unión Europea, el país que, según las previsiones tanto del FMI como de la OCDE, liderará el crecimiento en la Eurozona en 2023, a pesar del elevado riesgo de recesión global.
En cambio, España es el cuarto país con más riesgo de pobreza y exclusión social de la UE, sólo por encima de, con todos los respetos, «grandes potencias económicas» como Grecia, Bulgaria y Rumanía. Según el informe de EAPN, un 27,8% de la población española, 13,1 millones de personas, se encuentran al borde del umbral de la pobreza y de la exclusión.
Si se profundiza en esas cifras, el resultado es aún peor, puesto que 3,9 millones de personas sufren privación material severa, es decir, que no pueden permitirse una comida de carne, pescado o pollo cada dos días.
La profundización de la precariedad salarial lleva a que casi la mitad de la ciudadanía española (44,9%) tenga serias dificultades para llegar a final de mes. Además, en España se está incrementando el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. En concreto, un tercio de las personas pobres en España tienen trabajo y el número de hogares con baja intensidad laboral se ha incrementado en más de 600.000 personas.
El fracaso social de Pedro Sánchez está, precisamente, en que las medidas aplicadas están siendo absolutamente insuficientes para frenar elementos que dignifiquen la vida de la ciudadanía, de las clases medias y trabajadoras. La subida del salario mínimo o el espíritu de la reforma laboral son, sobre el papel, buenas políticas sociales. Sin embargo, el papel, como el Power Point, lo aguanta todo pero lo que la ciudadanía ve son los hechos y cómo esas políticas impactan en sus vidas.
Mientras los salarios apenas se revalorizan, los beneficios empresariales crecieron un 82% en el primer semestre de 2022. Eso es codicia empresarial
La precariedad salarial en España es más propia de un país en desarrollo o del tercer mundo, lo que, evidentemente, en una situación de inflación global como la actual, profundiza en el empobrecimiento de esas clases medias y trabajadoras. Lo peor es que las grandes fortunas y las grandes corporaciones se están beneficiando de ello.
La España de Pedro Sánchez es el sexto país de la UE donde hay más desigualdad, dado que el 20% más rico de la población disponía en su conjunto de una renta anual que era más de un 620% superior a la del 20% más pobre.
La inflación está llevando a la pobreza a las clases medias y trabajadoras de este país. Sin embargo, hay otros datos que son demoledores para un gobierno autodenominado como «el más progresista de la historia». Mientras que el salario mínimo en España es de 1.000 euros mensuales en 14 pagas, no hay una perspectiva de subidas salariales porque no hay un pacto de rentas, los beneficios empresariales subieron un 82% en el primer semestre de 2022. El hecho de que las empresas no suban los salarios mientras casi duplican sus beneficios sólo tiene un nombre: codicia corporativa.
Los niveles inconcebibles de pobreza que se están generando en la España de Pedro Sánchez no sólo son consecuencia de la pandemia. Hay mucho más. A la decrepitud salarial hay que sumar la precariedad oculta del mercado de trabajo.
La reforma laboral de Sánchez, que fue acertadamente calificada como «una tomadura de pelo para la clase trabajadora», ni está creando empleo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como del cualitativo, ni está mejorando la calidad de los puestos de trabajo. Además, se está incrementando la litigiosidad y los procedimientos judiciales por los despidos.
Es muy simple. Un trabajador que antes de la reforma laboral tenía un contrato temporal de 15 horas semanales tiene la misma precariedad que después de la reforma laboral tras cambiarle la modalidad de su contrato a indefinido.
Los propios datos del SEPE muestran que ya se ha creado una nueva precariedad envuelta en el papel de regalo del contrato indefinido. Si realmente se hubiera dado una subida de casi 300.000 contratos indefinidos, el empleo estaría creciendo y las cifras del paro bajando. Sin embargo, mientras no se mejore en la reforma laboral la protección del despido, los contratos indefinidos seguirán teniendo solo el nombre.
Las últimas estadísticas de la Seguridad Social demuestran que en los contratos indefinidos se están disparando las bajas. En concreto, se han multiplicado por nueve el número de personas que son despedidas en periodo de prueba respecto al año pasado, es decir, a antes de que entrara en vigor la reforma laboral de Pedro Sánchez.
Hay que recordar que ese periodo de prueba, que oscila entre el mes y los 6 meses de duración, es un espacio de tiempo en el que el empresario puede prescindir de los servicios de un trabajador sin más razón que «no supera el periodo de prueba» y sin indemnización por despido.
Por tanto, ese incremento de un 902% respecto a antes de la entrada en vigor de la reforma laboral de Sánchez es la demostración de cómo, a pesar de llamarse indefinidos, los empresarios continúan con contratos basura. Sin embargo, la estadística que ponderan tanto el gobierno como los sindicatos firmantes es que la reforma laboral ha conseguido aumentar el número de contratos indefinidos.
En un escenario apocalíptico como este, es normal que haya cada vez más familias que no llegan a final de mes, que aumente la pobreza y que, cada día más, las colas del hambre se nutran de personas que no hace mucho tiempo tenían una estabilidad laboral y salarial. Este es el fracaso de Sánchez y de su gobierno: no garantizar la prosperidad a su ciudadanía.