Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Antonio Lara, alcalde de Benalmádena, se encuentran en una situación embarazosa por culpa de los llamados fraccionamientos de las contrataciones efectuadas en áreas de su responsabilidad. No aprendieron la lección del caso de Laura Borrás, condenada por trocear la adjudicación de la página web de la Institución de las Letras Catalanas. Aquí ya se ha hablado de que es una práctica habitual en las administraciones públicas, o, al menos lo era hasta que la justicia ha tomado cartas en el asunto. La práctica consiste en dividir los importes de los convenios hasta el límite señalado por la ley 9/2017 de contratos públicos para evitar el farragoso trámite de tener que convocar el concurso.
La Fiscalía de Madrid investiga los 300 contratos de la Consejería de Educación de la CAM para ocho centros de formación profesional tras una denuncia presentada por el Partido Socialista. En Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la acusación en las diligencias que lleva a cabo el juzgado número 13 de Sevilla en torno a una denuncia del grupo socialista del Parlamento contra el gobierno de Juanma Moreno por prevaricación y malversación en la adjudicación, supuestamente irregular, de 300 millones de euros a clínicas privadas durante la pandemia. Y en la localidad malagueña de Benalmádena, a su alcalde la fiscalía le investiga por los contratos de limpieza con agua ozonizada también fraccionados y de los que se beneficiaron tres empresas que, parece ser, están vinculadas entre sí, y detrás de las cuales está el marido de una concejala del equipo de gobierno.
Son tres investigaciones que inquietan en Génova. De momento la más llamativa es la de la CAM. El grupo de Mas Madrid en la asamblea regional ha denunciado “el abuso de la figura del contrato menor” que puede ser fraudulento. Son un total de 342 contratos de obras en varios centros de Formación Profesional. El actual consejero, Emilio Viciana, dice que fueron ellos los que denunciaron esta práctica irregular. La adjudicación directa de las obras de un centro de formación sanitario por un valor estimado de 2,5 millones de euros en el macro complejo educativo Ciudad Escolar de Madrid le costó el puesto a Alfonso Mateos, subdirector general de secundaria y Formación Profesional de la CAM y, al mismo tiempo, fueron expedientados dos directores de centro a través de los cuales se fueron pagando las reformas. Posteriormente se descubrió que otros siete centros utilizaron esta fórmula. El más significativo es la escuela de arte de Alcalá que utilizó el mismo sistema para abonar un total de 1,2 millones de euros para las obras de demolición de una planta de más de mil metros cuadrados con el fin de levantar allí un centro de diseño y arte de formación profesional. Como responsables se apuntan dos nombres: el actual presidente de la asamblea, Enrique Osorio, porque era el consejero cuando tuvieron lugar los hechos, y la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, que ocupaba un cargo de responsabilidad en el departamento. El importe total de las contrataciones fraudulentas asciende, según se desprende de los cálculos obtenidos en el Portal de Contratación Pública, a unos seis millones de euros. Las obras nunca sobrepasaban los 40.000 euros, el límite para poder adjudicar “a dedo”.
En Andalucía, es el Servicio Andaluz de Salud el señalado por los socialistas como responsable de la adjudicación de 300 millones en los llamados “contratos de emergencia” a clínicas privadas. La junta alega que utilizaron el procedimiento en 2021 de forma excepcional debido a la necesidad “de salvar vidas” por la pandemia del COVID. Lo cierto es que se suscribieron contratos menores con los que se evitó la fiscalización. El PSOE cree que se cometieron delitos de prevaricación y malversación. El Partido Popular argumenta que esta acusación es “una venganza” por la denuncia que presentaron en el caso de los Eres. El juez ha pedido la documentación pertinente a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que el magistrado ya está analizando.
El ”caso Legionella” salpica al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena que preside el popular Juan Antonio Lara. La entidad pública Provise, dependiente del consistorio, realizó una serie de adjudicaciones a dedo a tres empresas que presentaron idénticas ofertas, presupuestos similares, la misma marca de maquinaria a emplear, y ejecuciones de los servicios idénticas. Los pliegos parecen una copia unos de los otros según las denuncias presentadas. Una de ellas es propiedad del marido de Yolanda Peña, concejala del equipo de gobierno. Las otras dos están relacionadas con la primera. Por eso, los denunciantes consideran que forman un entramado que sugiere que operan como si fueran entidades independientes cuando en realidad están interconectadas lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos de contratación en los que están involucradas. El alcalde, Juan Antonio Lara, fue quien firmó estas adjudicaciones de contratos con cantidades que nunca sobrepasaron el límite establecido en la ley 9/2017 de contratos del sector público. La fiscalía se ha hecho cargo de la investigación que todavía no ha llegado al juzgado.
Fraccionar los importes de las adjudicaciones para que no sobrepasen los 40.000 euros, el límite establecido en la ley de contratos públicos, es una tentación de la que es difícil sustraerse. Si se hiciese de la manera que regula la normativa el procedimiento sería complicado porque habría que convocar concurso público para la libre concurrencia de los ofertantes. Y hay administraciones escasamente interesadas en poner en marcha este proceso. Algunas veces por las características del procedimiento y en muchas porque así se puede adjudicar a personas de confianza sin tener que dar explicaciones.
Pero eso es delito, según dejó sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el caso de la dirigente de Junts, Laura Borrás. Ahora deberá ser el Tribunal Supremo el que confirme esta calificación, pero, de momento, los fiscales anticorrupción se han puesto a trabajar. Son varios millones de euros los que están en juego y, una vez más, el prestigio del Partido Popular que no sale de una y va y se mete en más “fregaos”. Veremos en qué acaban estos casos, pero en Génova crece la preocupación por aquello de que cada vez que utilicen el dedo acusador contra los socialistas por sus implicaciones en casos de corrupción, éstos les contestaran con sus asuntos pendientes en los juzgados.