Mientras comunidades como Galicia piden ayuda al Estado, decenas de motobombas quedan inutilizadas por falta de personal y cientos de plazas siguen vacantes. A la vez, los gobiernos autonómicos impulsan una narrativa que transforma la autodefensa vecinal en virtud, ocultando la ausencia de recursos, planificación y responsabilidad institucional.
Los incendios forestales que están arrasando el territorio español —con especial crudeza en Galicia, Castilla y León y Extremadura— no son sólo el resultado de altas temperaturas o de un supuesto repunte de piromanía popular. Son, en realidad, el reflejo de una gestión forestal deficiente, de un modelo que precariza los servicios públicos de prevención y extinción, y de una narrativa cuidadosamente construida para diluir responsabilidades.
En plena emergencia climática y territorial, el lenguaje se convierte en una herramienta política. Mientras la ciudadanía lucha —literalmente— contra las llamas, las comunidades autónomas gobernadas por el PP repiten consignas vacías y tecnicismos interesadamente ambiguos: se habla de “incendios intencionados”, “provocados” o “de origen humano”, sin aclarar el grado de intencionalidad, sin asumir la falta de medios y sin hablar de prevención. Todo suena grave, pero nada señala con claridad. Ese es el objetivo: evitar el foco sobre la responsabilidad institucional.
El abandono institucional no es resistencia popular
Uno de los mantras más repetidos en redes sociales por representantes de la derecha —y amplificado por ciertos medios de comunicación— es “el pueblo salva al pueblo”. Se presenta como una fórmula heroica, como si fuera admirable que vecinos, agricultores y voluntarios dejen todo para apagar fuegos, proteger casas o alimentar a los equipos. Pero esta frase, lejos de ser un elogio, oculta un problema estructural: cuando el pueblo se ve obligado a salvarse a sí mismo, es porque el la institución competente no está cumpliendo su función.
Esta idealización de la autodefensa civil tiene connotaciones peligrosas: normaliza la ausencia del Estado, legitima la desinversión pública y transforma la precariedad en virtud. Es exactamente el tipo de relato que alimenta políticas de recorte, externalización y desmantelamiento de lo común.
La solidaridad popular es valiosa, sí, pero no puede ni debe sustituir a un servicio público bien financiado, coordinado y planificado. Cuando los bomberos llegan tarde o no llegan, cuando las motobombas están aparcadas por falta de personal, cuando los turnos no se cubren o los cortafuegos no se mantienen, no estamos ante un fallo puntual. Estamos ante un modelo forestal fallido, deliberadamente sostenido por gobiernos autonómicos que anteponen criterios presupuestarios, electorales o clientelares al interés general.
Una gestión forestal bajo mínimos y una terminología que confunde
La otra cara de esta estrategia comunicativa pasa por la manipulación del lenguaje técnico. La terminología utilizada por dirigentes autonómicos y portavoces del PP —"focos simultáneos", "incendios intencionados", "acciones coordinadas"— parece más propia de un parte de guerra que de una rueda de prensa institucional. El objetivo es sembrar la idea de un enemigo invisible, casi terrorista, al que no se puede controlar.
¿Quién provoca estos incendios? ¿Cuántos han sido detenidos? ¿Qué relación hay entre las zonas calcinadas y los intereses económicos que las rodean? Las respuestas escasean, pero las insinuaciones se multiplican. La piromanía, sin pruebas, se convierte en una explicación mágica para tapar años de desinversión en políticas de prevención, incumplimiento de planes forestales y abandono del medio rural.
Decir que hay “incendios provocados” sin diferenciar un acto criminal de una negligencia estructural es un acto de propaganda política. Es, en definitiva, culpabilizar al individuo para exonerar a las instituciones.