Manuel García Castellón es el juez de garantías de la instrucción que lleva a cabo la fiscalía europea sobre el caso Begoña Gómez. Esta instancia judicial se ha hecho cargo de la investigación de las adjudicaciones públicas de Red.es a las empresas de Juan Carlos Barrabés que, según la denuncia del despacho de extrema derecha Manos Limpias, son las beneficiarias de las recomendaciones de la mujer del presidente del Gobierno, a quien conoce por ser el codirector de los cursos de doctorado que Gómez imparte en la Universidad Complutense de Madrid. Comoquiera que en esas operaciones se utilizaron fondos procedentes de la UE, es por lo que interviene la fiscalía independientemente de la instrucción que lleva a cabo el juez Juan Carlos Peinado en Madrid.
El sistema de investigación judicial europeo es diferente al que se utiliza en España, - precisamente el que quiere implantar el gobierno con la reforma de la Lecrim-. Es el fiscal el que se encarga de instruir las diligencias oportunas y establecer la comisión de delitos. Paralelamente, un llamado “juez de garantías” se encarga de autorizar las diligencias restrictivas de derechos fundamentales, y acordar medidas cautelares personales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial. Y, mira por donde qué casualidad, el “juez de garantías” que tutela la investigación de la fiscalía europea es, ni mas ni menos, que el controvertido y prospectivo Manuel García Castellón. El es, y no el fiscal europeo, el que autorizó la tan cacareada intervención de la UCO de la Guardia Civil en Red.es pidiendo cierto tipo de documentación.
Al mismo tiempo se ha dado a conocer que el titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la fiscalía europea sobre los contratos firmados, durante la primera etapa de la pandemia, por los servicios de salud de las Islas Baleares y de Canarias donde la derecha judicial apunta a Francina Armengol y a Ángel Víctor Torres como responsables de un delito de corrupción en la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.
Total, que el juez García Castellón muy criticado por sus actuaciones judiciales en las que ha eximido de toda responsabilidad a dirigentes del Partido Popular en unas causas mientras que en otras ha llegado a hacer “instrucciones prospectivas” como la que acusó sin prueba alguna a los fundadores de Podemos de financiación irregular, es el encargado de “coordinar” las diligencias del fiscal europeo en torno a los casos Koldo y Begoña Gómez. Y ahora se entiende el revuelo que la derecha mediática montó cuando se autorizó que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se hiciese con la documentación de las subvenciones a la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley. Subvenciones, por cierto, que no sólo proceden de la entidad que administra los fondos públicos. Innova Next logró 11 contratos, por importe cercano a los 20 millones de euros, de cinco administraciones y organismos distintos: Red.es (10,6 millones de euros), Ayuntamiento de Madrid (3,9 millones), Consejo Superior de Deportes (3,04), Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1,7) y Entidad Pública Empresarial Renfe (1,6 ). Y así figura en el informe que la UCO remitió al juez Peinado y que es el que ha dado origen a deducir la inexistencia de delito.
Pero García Castellón no se conforma con lo que dice el documento de la Guardia Civil como es costumbre en él. Y ha dicho a los fiscales delegados de la fiscalía europea, Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate, que se debería ir más lejos y pedir los correos electrónicos y más documentos que se hayan podido ocultar. Muy en la línea del juez que no va a dejar escapar ningún argumento para investigar. Lo que pasa es que le puede ocurrir lo mismo que le está pasando con Tsunami Democràtic, que no va a poder probar delitos de terrorismo en lo que fueron unas simples manifestaciones, violentas sí, pero nada más, en protesta por las sentencias del procès. Hay que reconocer que el juez es inasequible al desaliento y eso es lo peor que le puede pasar a Antonio Camacho, el abogado que defiende a Begoña Gómez.
Porque, aunque a García Castellón le toca jubilarse en escasos meses, los que dure en su despacho de Génova va a seguir manteniendo esta línea que sostiene desde el día en que pidió el reingreso en la Audiencia Nacional tras haber sido recompensado durante años con el puesto mejor retribuido de un juez, el de enlace con países como Italia y Francia. Desde entonces, sus actuaciones han sido muy criticadas. Incluso sus superiores le tuvieron que llamar al orden al calificar de “prospectivas” algunas de sus instrucciones. Ha exculpado a casi toda la plana mayor del PP madrileño implicada en el Caso Púnica, entre otras a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y últimamente a la que fue secretaria general nacional, Dolores de Cospedal, esta por el caso Kitchen. En cambio, la emprendió contra todos los dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero y Juan Carlos Monedero entre otros. Afortunadamente, entre los jueces existe alto espíritu de corporativismo, y sus mismos compañeros no han admitido a trámite una querella presentada contra él por prevaricación.
Antonio Camacho se echa a temblar. Porque sabe que, hasta octubre al menos, en que se jubilará, el juez García Castellón va a estar tocando las narices de Begoña Gómez y, subsidiariamente, las del presidente Pedro Sánchez. Porque lo del juez Peinado es nada, muy poco consistente, comparado con las grandes triquiñuelas de que es capaz García Castellón. Y, a todo esto, el fiscal europeo sin enterarse de quien es el juez que le han puesto de encargado de salvaguardar las garantías constitucionales. Está claro que en el viejo continente no se enteran. Y luego querrán que la justicia de este país se adapte a sus estándares.