La petición del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para que España retire a su embajadora y corte el flujo de armas a Israel no es una propuesta aislada: es el primer paso hacia una política coherente con los derechos humanos. La masacre sigue. La neutralidad ya no es una opción.
Una masacre documentada, una inacción prolongada
La evidencia es rotunda. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y decenas de organizaciones humanitarias han advertido que la situación en Gaza es una hambruna provocada por el hombre, no una catástrofe natural. Las imágenes que llegan desde el enclave palestino muestran cuerpos sin vida, edificios arrasados, niños desnutridos, hospitales colapsados. La respuesta del Gobierno de Israel, lejos de asumir responsabilidades, ha sido deslegitimar informes y acusar a los organismos internacionales de parcialidad.
Frente a esta situación, el Estado español no puede limitarse a declaraciones simbólicas ni a gestos diplomáticos de bajo impacto. Reconocer a Palestina como Estado, como hizo el Ejecutivo recientemente, debe ser el primer paso de una política exterior coherente, no una excepción táctica. No se puede seguir manteniendo relaciones normales con un Estado que, según el derecho internacional, está cometiendo crímenes de guerra.
Por eso la exigencia de Urtasun de retirar a la embajadora en Israel y aprobar el embargo de armas no solo es legítima: es urgente y necesaria. Cada día que pasa sin decisiones firmes, se agranda el costo moral y político para quienes, pudiendo actuar, optan por la inercia.
Cultura y compromiso, la voz de quienes no callan
En este contexto, el respaldo del ministro de Cultura a los artistas que denuncian el genocidio es un acto de justicia. Frente al silencio impuesto en muchos espacios institucionales y mediáticos, la cultura ha vuelto a demostrar su papel como conciencia crítica de la sociedad.
Apoyar a figuras como Pedro Almodóvar, Sally Rooney o Paul Laverty no es una cuestión estética ni ideológica. Es un reconocimiento a quienes, desde sus ámbitos, rompen el cerco del relato oficial y se posicionan del lado de los derechos humanos.
Urtasun ha sido claro al advertir que estos posicionamientos pueden tener consecuencias profesionales en determinados entornos, especialmente cuando se enfrentan a los intereses del Estado israelí. Pero la defensa de los derechos humanos no puede depender del coste personal. Hoy, quienes levantan la voz contra la barbarie, están asumiendo el riesgo que otros callan.
No hay paz sin justicia
El embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas deben ser el inicio de una política coherente hacia el respeto del derecho internacional humanitario. No hay excusas posibles ante el sufrimiento masivo de una población asediada y castigada colectivamente.
España no puede esperar a que la Corte Penal Internacional haga su trabajo para actuar con firmeza. Debe ser parte activa de un bloque de países que digan con claridad que la ocupación, el castigo colectivo, la negación de ayuda humanitaria y la destrucción sistemática de una población civil no tienen cabida en el siglo XXI.
No estamos ante un conflicto entre iguales. Estamos ante un desequilibrio brutal, una ocupación militar de décadas y una respuesta desproporcionada que ha alcanzado niveles que muchos organismos califican ya como genocidio. No actuar es ser parte del problema.