Tal como era de esperar, la gran familia socialista empieza a dividirse en el espinoso asunto de los indultos a los líderes soberanistas. Los viejos barones del felipismo han olido el rastro de la sangre y han vuelto a sacar las facas contra Pedro Sánchez, al que se la tienen jurada desde hace tiempo. Duele tener que escuchar cómo antiguos referentes del socialismo español compran el mismo discurso patriotero de la derecha carpetovetónica y montaraz. Es lo que hay. Los mensajes retrógrados que algunos están poniendo encima de la mesa –que si Junqueras y los suyos no están arrepentidos, que si es una humillación/claudicación para España, que si perdonar a todos los sediciosos catalanistas supone un ataque directo contra el Poder Judicial– parecen más propios de Abascal que de verdaderos representantes del partido del puño y la rosa. Sin duda, la sombra de Felipe González sigue siendo alargada.
Por lo visto, el expresidente pasó por el programa de Pablo Motos para revolver un poco más en el ya agitado y movido hormiguero socialista después de que el Tribunal Supremo se haya mostrado en contra de la medida de gracia para los promotores del referéndum de autodeterminación en Cataluña. “En estas condiciones, yo no haría el indulto”, sentencia el patriarca del PSOE. Aunque el expremier admite que la Constitución “es no militante”, es decir, que tolera posiciones ideológicas en contra, entiende que no se pueden cambiar “unilateralmente las reglas del juego”. Y concluye sobre la Carta Magna: “¿La quieren romper a la fuerza? No tienen derecho”.
A buen seguro, a esa misma hora, frente al televisor y tomando notas, estaría la guardia pretoriana felipista, los Bono, Fernández Vara, García-Page, Díaz, Lambán y otros, todos ellos guardianes de las esencias del cachondosocialismo liberalote, todos ellos babeando de gusto con el discurso del auténtico y único líder, no ese izquierdoso-amigo-de-bilduetarras-y-separatistas de Sánchez que hoy dirige los destinos del partido socialista.
González y la amnistía
Qué lejos está aquel mitin de 9 de junio de 1977 en la repleta de público Plaza Monumental de Barcelona donde, con Felipe González y Joan Reventós presidiendo el acto, y ante 35.000 socialistas esperanzados en el futuro, se leyó animosamente un telegrama dirigido al presidente Suárez “cuyo texto fue objeto de una ovación por los asistentes”, según cuentan las crónicas de la época. En aquella carta se exigía la amnistía para el joven libertario catalán José Luis Pons Llovet, condenado a más de cincuenta años de cárcel, y para todos los presos políticos entonces todavía entre rejas.
Obviamente, nada queda ya de aquel Felipe y poco queda también de aquel PSOE que apostaba por una España republicana, federal y plurinacional. Hace ahora dos años, se filtró un controvertido documento interno del partido en el que se apostaba por el federalismo como forma de resolver el encaje de los territorios históricos que no se sienten satisfechos con el nivel de autogobierno que les conceden las autonomías. Al final, los barones montaron la habitual marimorena, entrando en histeria patriótica, y el papel volvió a meterse en un cajón.
La decisión de indultar o no a los presos soberanistas depende única y exclusivamente del Gobierno
El mismo Sánchez, para apaciguar al Sanedrín conservador del PSOE, tuvo que salir a explicar públicamente que su federalismo no consistía en crear un Estado federal, sino en “perfeccionar” los instrumentos que no funcionan en el modelo autonómico para terminar de construir la realidad plurinacional del país. Es decir, lo mismo de siempre, el café para todos, el atávico miedo a que la unidad de España salte por los aires (lo cual es imposible) y el autonomismo agotado que ya no funciona, pese a que los nostálgicos del felipismo se empeñen en convencernos de que seguimos estando en 1982.
Pero más allá de que el sector conservador del PSOE, la vieja guardia, haya logrado imponer sus tesis sobre el modelo territorial más adecuado para resolver las tensiones periféricas de la nación, conviene poner las cosas en su sitio para que lo vayan entendiendo los barones. Una: la decisión de indultar o no a los presos soberanistas depende única y exclusivamente del Gobierno, ya que el informe del Tribunal Supremo no es vinculante, por mucho que la derechona pretenda hacerlo pasar ahora por preceptivo. Dos: todos los gobiernos, desde el primero hasta el último desde 1977, han aplicado los indultos en función de lo que más convenía al país en ese momento (lógicamente también en función de sus intereses de poder, que Aznar también tuvo los suyos). Y tres: el Gobierno no tiene que dar explicaciones a nadie sobre las medidas de gracia que va adoptando, y mucho menos a Pablo Casadoy Santiago Abascal, que hoy por hoy no son nadie. Cuando gobiernen ellos ya se encargarán de meter los tanques en Barcelona, que ese fetiche africanista no se lo terminan de sacar del cuerpo.
Indultar los presos políticos es una buena noticia para España. Contribuirá a ir cerrando las heridas del procésy a avanzar en la concordia. Por supuesto, los indultos son la condición indispensable para que en la mesa de negociación sobre Cataluña, que arrancará en breve, se pueda hablar de reformas encaminadas a superar el conflicto. Sin la medida de gracia haciéndose efectiva no tiene demasiado sentido sentarse a negociar nada. ¿De qué van a hablar unos y otros en esa mesa absurda, del final de las obras de la Sagrada Familia, de castellers y butifarras, de la renovación de Leo Messi?
Es ridículo, además de una ensoñación pueril, pretender cualquier tipo de diálogo entre ambas partes si el Estado no muestra previamente cierta generosidad y voluntad de cerrar heridas. Si algo han demostrado estos últimos cuatro años de incendio permanente en Cataluña es que ha faltado interlocución, que sin política los problemas se enquistan y que la vía judicial, en este drama catalán, siempre fracasa estrepitosamente.
Es normal que el bifachito quiera hacer de los indultos más demagogia barata, más patrioterismo y más guerracivilismo fratricida, ciego y cruento. A fin de cuentas, lo están haciendo con todo, con la pandemia, con la crisis económica, con el conflicto diplomático en Marruecos. Pero que caigan en ese disparate los viejos de la tribu socialista, los supuestos sabios del socialismo español, resulta desolador.
Que el 63 por ciento de los votantes socialistas esté en contra de los indultos no puede ser una excusa para no tomar medidas en función de lo mejor para el país, que en este caso es caminar hacia la reconciliación. El desgaste del poder no puede ser un pretexto para rehuir la responsabilidad en las políticas de Estado. Más tarde o más temprano, Sánchez tendrá que empezar a plantearse que algunos mandamases autonómicos le están haciendo el caldo gordo a la ultraderecha. Hay que enseñarles el camino, como a Leguina y Redondo. Sin duda, se sentirán más patriotas, más realizados y más españoles en Vox.