Existen serias sospechas de que un sector de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estaría supuestamente maniobrando para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez con el fin de favorecer al Partido Popular. Sus últimos informes remitidos a los juzgados han generado polémica que se ha visto agudizada cuando se ha sabido que un teniente, J.S. Yepes, ha presentado una denuncia en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional cuyo titular, Santiago Pedraz, instruye el llamado “caso Hidrocarburos” relacionado con los de Koldo García y José Luis Ábalos, contra el gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, Juan Vicente Bonilla, que fue jefe de fuentes de la UCO hasta que Isabel Díaz Ayuso lo fichó para la CAM, y que, según la denuncia de Yepes, “habría ocultado información crítica” cuando era investigador de esa causa. Esta circunstancia y el análisis por parte de los expertos de algunos informes que han sido calificados de “prospectivos” han permitido empezar a hablar en algunos medios de comunicación de la supuesta existencia de una “UCO patriótica” contra Pedro Sánchez.
El término tiene sentido porque en la comisión del Congreso de los diputados sobre la llamada “operación Catalunya” se estudia la existencia de una “brigada patriótica” en el seno de la policía cuando era ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, encargada de elaborar informes para desprestigiar a los independentistas catalanes y en la cual colaboraban personajes condenados por los tribunales como es el comisario jubilado, José Manuel Villarejo. Los miembros del gobierno de Rajoy que han pasado por la comisión, incluido su presidente, han negado la existencia de esta “guerra sucia”, incluso en ocasiones de malas maneras. Pero el asunto ya no es sólo competencia del parlamento, sino también de los juzgados. Da la casualidad de que Santiago Pedraz también instruye una causa en la cual se investigan las actividades de esa presunta “policía política”, en este caso contra Podemos. Hay que recordar, también, que el juez jubilado, Manuel García Castellón, cuyas inclinaciones políticas son de sobra conocidas, archivó una investigación al respecto que ahora parece reabrirse.
La UDEF de la Policía Nacional, la Unidad dedicada a la investigación de delitos económicos y financieros ha pasado a un segundo plano en las preferencias de los jueces a la hora de designar a sus miembros como policías judiciales para que investiguen las causas que les ocupan. Su imagen ha quedado muy deteriorada debido a algunas de sus actuaciones en las cuales llegaron a elaborar informes que habían manipulado para acusar de actuaciones delictivas no comprobadas a los líderes del procès independentista catalán. Lo peor no fue eso, sino que uno de sus altos mandos, su inspector jefe, Óscar Sánchez, fue detenido en noviembre pasado con más de 20 millones de euros en su poder. Está en la cárcel acusado pertenencia a organización criminal. Presuntamente trabajaba para Ignacio Torán, un supuesto capo de la cocaína asentado en España y especializado en el transporte de cargamentos de estupefacientes desde Latinoamérica. La sección de Asuntos Internos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (Udyco), de la Fiscalía Antidroga y de la Audiencia Nacional, sigue investigando y no se descarta que haya más implicados.
Por ese motivo, los jueces descartan designar a miembros de la UDEF como policía judicial para que investiguen las causas que instruyen, y se dirigen a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hasta ahora considerada rigurosa en sus investigaciones por la elaboración de informes solventes. Pero, últimamente, al ministerio de Interior, de quien depende la dirección general de la Guardia Civil, se le ha ido de las manos el control del cuerpo. La labor de su directora general, Mercedes González, está siendo cuestionada porque es evidente que se están produciendo filtracionesa los medios de comunicación conservadores, investigaciones prospectivas, labores de contravigilancia, e informes elaborados “ad hoc”. Y no son especulaciones. Varios agentes de la Guardia Civil han denunciado, señalando con nombre y apellidos, a los miembros de la benemérita presuntamente involucrados en esta supuesta trama.Incluso, se promocionan entre los medios de derechas futuros informes que prometen ser “demoledores” para el PSOE.
La ley permite el “derecho de asociación” de los miembros de la Guardia Civil, pero con restricciones. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo denegó la creación del Sindicato Unificado de la Guardia Civil que pretendía la mayoritaria Asociación Unificada de la Guardia Civil. En la sentencia se dice que “el marco jurídico actual para el desenvolvimiento de actividades a cargo de los miembros de la Guardia Civil que tengan por objeto la defensa de sus intereses está representado por la Ley Orgánica 11/2007 de 22 de octubre que en su artículo 9 les reconoce el ejercicio de ese derecho, acompañado de las restricciones que figuran en su apartado 5º y el artículo 18 que afectan a la realización de actividades políticas o sindicales, formar parte de partidos políticos o sindicatos y neutralidad en su actuación”.
Por lo tanto, queda claro que los miembros del cuerpo no pueden sindicarse ni pertenecer a partido político alguno. Pero de todos es conocido que en las unidades circulan panfletos en los cuales se apoyan abiertamente al Partido Popular y a Vox, y los dirigentes de la media docena de asociaciones existentes han criticado abiertamente al gobierno de Pedro Sánchez llegando a exigir la dimisión de Grande-Marlaska. Reivindicaciones económicas y falta de medios para ejercer su labor son sus principales demandas. Sólo hay que recordar las manifestaciones que siguieron a la muerte de tres guardias civiles atropellados por una narcolancha en la localidad gaditana de Barbate. Además, hay que tener en cuenta que muchos miembros del cuerpo sufrieron el rechazo social de los catalanes el 1 de octubre de 2017 al tenerse que encargar de la represión y por eso se oponen tajantemente a la amnistía.
Así pues, a nadie debe extrañar que dentro de la UCO un grupo de simpatizantes del Partido Popular estén presuntamente trabajando desde un supuesto sigilo para manipular informes y llevar a cabo acciones para desgastar a Pedro Sánchez con el fin de derribarlo. Aznar dijo que “el que pueda hacer que lo haga”. Y ese no es más que un llamamiento a que en cualquier colectivo se utilice todo tipo de técnicas para acabar con el ejecutivo progresista. Lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz parlamentario Miguel Tellado: hay que utilizar todos los medios a su alcance, sean lícitos o ilícitos. Y, por supuesto, si hace falta a los guardias civiles afines.