A requerimiento de la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha sido tajante: rechaza la suspensión de las penas de cárcel solicitadas por los defensores de José Antonio Griñán y los otro ocho altos cargos condenados. Al Ministerio Público no le vale ni que el asunto haya sido recurrido ante el Supremo, ni que, posteriormente, se vaya a presentar uno de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pide la inmediata ejecución de la sentencia un mes después de que la instancia judicial haya iniciado el trámite para dicha ejecución. Griñán irá a la cárcel irremediablemente.
De nada sirven los argumentos expresados en las últimas horas por conocidos expertos como es el caso del emérito juez del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien expresa sus dudas sobre la sentencia del Tribunal Supremo: “no responde a los cánones de la legalidad” dice uno de los mas prestigiosos juristas de este país quien, además, considera que el indulto “restaurará el orden jurídico”.
Tampoco sirven los llamamientos continuos a la suspensión de la ejecución. Ni tampoco el hecho de que el recurso de nulidad presentado en el Supremo suponga, por lo menos, el aplazamiento de cualquier decisión hasta que el mismo se pronuncie. Ni que un hipotético recurso de amparo en el Tribunal Constitucional paralizaría la entrada de Griñán y los otros ocho condenados en la cárcel a pesar de que existe un precedente en el llamado Caso Urbanor en el que los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, condenados por estafa, eludieron la prisión mientras la Alta Magistratura del Estado se pronunciaba. Les sirvió, tan sólo, un mes de actuaciones por parte de sus defensas para que el delito prescribiera. Al final, fueron absueltos.
Ahora no parece que vaya a suceder algo parecido. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla va a proceder a la ejecución de la sentencia.
Sólo falta un trámite: el pronunciamiento de la acusación particular del PP. Pero es casi seguro que el Partido seguirá la línea de la Fiscalía y más después de que uno de sus poderes facticos, la todopoderosa presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya insinuado “la existencia de maniobras por parte de los socialistas para meter en la cárcel a los dirigentes populares”.
Bajo tales circunstancias, parece muy poco probable que sus abogados se pronuncien a favor de la suspensión de la sentencia, después de las radicales manifestaciones de la persona que más influye en la formación conservadora.
Por lo tanto, esperamos para la semana entrante, un auto de prisión para José Antonio Griñán y los otros ocho condenados.
El Gobierno poco o nada puede hacer ya que el trámite del indulto solicitado todavía tardará un tiempo en tramitarse, según señalan en el Ministerio de Justicia.
Entonces, la posibilidad que ahora se plantea es la llamada “solución Barrionuevo”. El ingreso en una prisión “de bajo nivel” como sucedió con el ex ministro del Interior y el ex secretario de estado de seguridad, Rafael Vera, o el condenado por el caso Noos, ex miembro de la familia real, Iñaki Urdangarin. Todos ellos gozaron de un régimen penitenciario especial. Los ex altos cargos en una prisión en la que no tuvieron que relacionarse con otros reclusos, y el ex marido de Cristina de Borbón, en un recinto anexo al de las mujeres de Ávila. Todo ello mientras se decide su situación penal.
Y cabe, también, la posibilidad de que, hasta que el Gobierno decida sobre la petición de indulto parcial, se dictamine un régimen abierto por parte de Instituciones Penitenciarias. Se argumentará, para ello, le edad del condenado, 78 años, y una salud delicada.
Pero de lo que Griñán no se va a librar es de la foto de su ingreso en prisión. Veremos si ocurre como sucedió con Barrionuevo y Vera cuya entrada en la cárcel fue arropada por los principales dirigentes del PSOE, incluido Felipe González, y un buen número de militantes del partido.