Como en los viejos tiempos, un juez pasa a ser el foco de atención de los medios de comunicación convirtiéndose en “juez estrella” tal y como fueron, en su día, Baltasar Garzón o Javier Gómez de Liaño, entre otros. Se ve que en la carrera judicial pueden más las apariciones públicas que los méritos profesionales. Sólo que esa forma de ascender tiene trampa porque si se pasa la invisible línea roja de lo tolerable, se puede acabar trabajando en un despacho de abogados con una inhabilitación de por vida. Y si no que se lo digan a los magistrados citados o a Miguel Moreiras, que fue titular del juzgado número tres de la Audiencia Nacional dedicado a la instrucción de causas por delitos económicos y monetarios, y acabó en un triste juzgado de Lo Social en una localidad de Ciudad Real tras ser expedientado por efectuar unas declaraciones al diario ABC en una época en la que tenían terminantemente prohibido hablar.
Eso es lo que le puede pasar al instructor más veterano de los 32 juzgados de Barcelona. Joaquín Aguirre es el titular del “numero 1”, que ha llegado a tener tal carga de trabajo que ha necesitado refuerzos en varias ocasiones. Ahora lo acapara todo por obra y gracia de un sistema de designación que ha sido calificado por la propia judicatura como “normas poco aleatorias”. Y así, en sus manos están las investigaciones de dos de las causas más mediáticas del momento: el caso Voloh, y “el Barçagate”, los 7,5 millones de euros que, durante casi dos décadas, el Futbol Club Barcelona pagó, presuntamente, al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, José María Enríquez Negreira.
La reactivación del primero de esos casos, el Voloh, ha tenido una importante repercusión política porque ha provocado el pánico en las filas de Junts Per Catalunya y en concreto de su líder, Carles Puigdemont, hasta el punto de cargarse el dictamen del proyecto de ley de amnistía. Aguirre decidió prorrogar la instrucción de la causa durante seis meses. Hizo pública su decisión en vísperas del debate parlamentario y suscitó, junto a otra decisión de su colega de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la causa sobre Tsunami Dèmocratic, las dudas y la votación en contra si no se modificaba la normativa para que beneficiase “de manera integral”.
Todo habría acabado ahí de no ser porque, ese mismo día, la televisión pública alemana, en horario nocturno, emitió un reportaje en el que se incorporó una entrevista al magistrado. El hecho de que haya aprovechado el espacio de un medio de comunicación germano no es casualidad ni tampoco inocente. Putin y Rusia son los enemigos de la Alemania oficial. En sus declaraciones, el juez dice que está investigando unos hechos en los que “se trata de la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Catalunya, apoyando dicho proceso, con la finalidad de desestabilizar, primero, la democracia española, y abrir la puerta a la infiltración en todas las democracias liberales de Europa Occidental”.
Joaquín Aguirre está convencido de que apoyando el procès, Putin pretendía iniciar un enfrentamiento directo con la Unión Europea. Incluso en otro momento de la entrevista sugiere que al entorno de Carles Puigdemont se les avanzó la intención del Kremlin de invadir Ucrania, cuatro años antes de que se iniciara la guerra. Unas manifestaciones cuanto menos surrealistas. El hecho de que haya aprovechado el espacio de un medio de comunicación germano de titularidad pública no es casualidad ni tampoco inocente. Putin y Rusia son los enemigos de la primera potencia de la UE. De ahí su importancia porque trasciende las fronteras locales para entrar de lleno en la política exterior de los 27 en un momento, además, en el que el enfrentamiento con el Kremlin es evidente.
El entorno de Carles Puigdemont reconoce contactos con diplomáticos del régimen de Putin, pero los circunscriben a cuestiones económicas. Y eso es lo que ahora debe dilucidar este juez: si todo obedece a una simple operación para obtener ayuda financiera o la cosa fue a más y se llegó a ofrecer, como insinúa el magistrado, “diez mil soldados” para hacer frente a la respuesta del Estado español a una hipotética declaración unilateral de independencia. Joaquín Aguirre señala, también, que uno de los implicados, Víctor Tarradellas, reconoció, en sede judicial, que esos diplomáticos le habían puesto al corriente de los planes del Kremlin para desestabilizar la UE apoyando el proceso de independencia catalán. Las manifestaciones de Tarradellas carecen de cualquier credibilidad ya que es un personaje que le ha gustado, de siempre, jugar a los espías y apoyar teorías conspiraniocas.
Todas estas suposiciones surrealistas comenzaron con una investigación de irregularidades en la Diputación de Barcelona. Aguirre, proclive a tirar del hilo del ovillo, llegó a este punto en el que se investigan a 21 personas, entre ellas al empresario David Madi, al director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluìs Alay, y a varios alcaldes y altos cargos de ERC. Todavía no pesa sobre ellos imputación alguna. Ni siquiera saben si se les va a procesar, pero ya se les ha avisado de que los delitos por los que se les puede exigir responsabilidades se contemplan como de “alta traición” en el Código Penal.
Joaquín Aguirre es consciente de que al efectuar estas manifestaciones corre el riesgo de acabar expedientado ya que sus superiores tienen prohibidas este tipo de declaraciones y más en un momento en el que la instrucción está abierta. Pero no es la primera vez que el juez se pone a tiro de los medios de comunicación. Fue entrevistado por Jordi Évole, en la Sexta, en torno al caso Palau enseñando cajas del sumario y, según comentan en medios catalanes, filtró documentación sobre otra de las instrucciones que llevó a cabo, la del Grand Tibidabo, en la que, entre otros, se condenó por apropiación indebida, estafa y falsedad documental a hombres que fueron muy influyentes en la última década del siglo pasado, Javier de la Rosa, el hombre de Kio en España, y Manuel Prado y Colón de Carvajal, el valido del rey Juan Carlos. De la Rosa ingresó en la cárcel por tal motivo.
Aguirre también las ha tenido con otra persona que ha sido declarado inocente en las causas que se abrieron contra él. A Josep Lluìs Trapero, el major de los Mossos d'Esquadra de la época del procès, le intentó inculpar en la Operación Macedonia, una macrocausa sobre una presunta trama de narcotráfico y su protección por parte de un subinspector de los Mossos. La Audiencia de Barcelona concluyó que no había ni narcotráfico ni ayuda de un mosso a la trama en contra de lo que sospechaba el juez. El caso quedó en eso, en nada.
En el caso Negreira, destacan las quejas del Barça de que Joaquín Aguirre está haciendo “juicios de valor” en la instrucción. Un comentario que también efectúa Gonzalo Boyé, el defensor de Alay en el Caso Voloh, que ha recusado al magistrado argumentando “la pérdida absoluta de imparcialidad”.
Todo esto no parece afectar a Joaquín Aguirre, un veterano juez que ahora mismo se ha convertido en el centro de la atención mediática. Acapara todos los titulares de prensa, radio y televisión y, junto a García Castellón, se ha convertido en “el héroe” que batalla contra la amnistía como dijo la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán. Los “jueces estrella”, ahora convertidos en héroes de los ultraderechistas, deben tener cuidado para que no les pase lo que a sus predecesores, Garzón y Gómez de Liaño, que acabaron siendo condenados por prevaricación y apartados de la carrera judicial.