“Ahora dice que lo volverá a hacer, la verdad es que usted cada vez nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont”, le espeta Cuca Gamarra a Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “Ustedes han ido demasiado lejos”, le rebate el presidente socialista. La jornada matinal en el Parlamento solo ha servido para constatar que el clima político en nuestro país, lejos de apaciguarse, se enrarece por momentos. Con la economía medianamente saneada y las reformas sociales en marcha, el Ejecutivo de coalición sigue firme y al Partido Popular solo le queda abrazarse a la estrategia de la crispación, embarrando el terreno de juego. Es en ese marco, que el estrambótico Feijóo ha asumido como bueno, donde la burda politización del Tribunal Constitucional cobra todo su sentido.
El toque de atención de Bruselas, que por lo visto ha avalado las últimas resoluciones del TC, certifica la derrota en esta batalla de Pedro Sánchez, a quien solo le queda rectificar, aparcar sus enmiendas exprés del Código Penal y del Poder Judicial y reiniciar de nuevo el procedimiento parlamentario mediante una proposición de ley apoyada por PSOE y Unidas Podemos. Ese es el camino que debió haber tomado el premier socialista desde el principio, dejándose de prisas, precipitaciones y atajos. El Gobierno debió haber previsto que la mayoría conservadora del Alto Tribunal –dispuesta a mirar con lupa cada texto que salga del Consejo de Ministros, y hasta a ver irregularidades donde no las no hay–, no le pasaría ni una coma mal puesta.
Y no será porque no estaba avisado el Ejecutivo de coalición. Las maniobras torticeras de los jueces que en las últimas semanas han puesto en libertad a más de cien agresores sexuales en una interpretación rigurosísima del principio constitucional de lo más beneficioso para el reo a cuenta de la ley del “solo sí es sí” de Irene Montero –en un claro y flagrante movimiento insumiso de la judicatura– fueron un serio toque de atención que debió haber alertado al Gobierno de que el Poder Judicial no iba a pasarle ni una. Es evidente que Montero se excedió al llamar “fachas con toga” a los jueces (meterse con el siempre corporativista estamento judicial no fue un buen negocio, más bien un error de parvulario que está pagando la ministra) y al hacerlo no hizo sino apretar el botón rojo del golpe institucional. La polémica decisión del Tribunal Constitucional de suspender la votación de las reformas exprés de Sánchez en las Cortes Generales, sede de la soberanía nacional –un hecho gravísimo en democracia– supone la segunda parte del primer ajuste de cuentas con Montero y el mundo podemita y confirma que los jueces han decidido aplicarle al gabinete de izquierdas aquel viejo dicho castizo que dice: “Si no quieres caldo, toma dos tazas”.
A partir de ahora, cada texto legal que impulse el Ejecutivo central deberá salir del horno parlamentario limpio de polvo y paja, y ni aún así se garantiza que sea aprobado por las altas magistraturas judiciales entregadas de lleno al lawfare o guerra judicial puesta en marcha al comienzo de esta legislatura por las derechas españolas. Quien controla la Justicia controla los tempos, el poder, la democracia misma. Nadie puede gobernar un país con los jueces en contra, salvo un partido que tenga mayoría absoluta para aplicar su rodillo y fagocitar cada una de las instituciones del Estado. Eso lo saben muy bien todos y cada uno de los presidentes socialistas que han pasado por Moncloa. González probó el bloqueo de Aznar; Zapatero lo sufrió a manos de Rajoy; y ahora Sánchez cata la misma medicina, primero de Casado y después de Feijóo. Tras el preocupante incidente protagonizado por Trevijano y Narváez, los dos magistrados que han consumado el golpe conservador en el TC, el presidente empieza a tomar conciencia de dónde está metido y de la posición de fragilidad en la que se encuentra. Aguantará en el poder lo que quiera Esquerra Republicana de Cataluña, piedra clave de la arquitectura sanchista. En ese punto, todo apunta a que el partido de Oriol Junqueras ha decidido abandonar, de momento, la vía unilateral hacia la independencia (por la que ya no apuesta ni Jordi Sánchez) para darse a la realpolitik y convertirse, sorprendentemente y contra todo pronóstico, en una fuerza política que garantiza la estabilidad democrática y constitucional del país mucho más y mejor que el PP, embarcado en una deriva ultra, la que le marca Santiago Abascal desde el submundo ultra.
La intervención de Gabriel Rufián en la sesión de control de esta mañana hubiese sido impensable en 2017, año del referéndum que cambió para siempre la historia de España. Rufián –no sin antes tirar de ironía y recordarle al presidente que el mismo correctivo que hoy le está dando a él la extrema derecha española ya se lo dieron en su día a los políticos soberanistas catalanes–, se ha mostrado dispuesto a involucrarse en la nueva proposición de ley y en lo que haga falta para sacar adelante las reformas paralizadas por el Alto Tribunal. “Bienvenido a la guerra judicial (…) ¿Quieren presentar una ley para recuperar las enmiendas? ¿Quieren dignificar el Constitucional? Háganlo. Ahí estaremos.”, asegura el portavoz de Esquerra, que anima al PSOE a “dignificar” el Poder Judicial. “Nosotros no les dejaremos tirados, lo hacemos para dignificar la democracia porque, ante todo, antes que independentistas, somos demócratas”, ha defendido. Junqueras y Rufián han entendido el momento histórico que vive no solo el país, sino Europa y en general el mundo. La misma ofensiva trumpista que sufrimos en España se vive también en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en el Brasil y en todas partes. Allá donde gobierna el nacionalpopulismo la democracia se degrada, los derechos civiles retroceden e instituciones fundamentales como la Justicia son fagocitadas por personajes retrógrados, cavernícolas, ultras. El Constitucional es garantía del Estado de derecho, es cierto, pero si está en malas manos, se acaba convirtiendo en un peligro para la democracia. Frente a eso no cabe la desobediencia civil, tal como invocó el utópico Pablo Echenique, que al final se ha quedado solo en su llamada a las barricadas. Contra quienes pretenden acabar con la democracia solo cabe más democracia. Acatar, reformar lo que funcione mal para frenar la decadencia y no caer en las provocaciones de quienes están deseando llevar el conflicto a las calles. No hay otro camino para ganar este desafío distópico que nos plantean las fuerzas y poderes fácticos más reaccionarios.