Varios colectivos ciudadanos, incluidos partidos políticos de todo signo, desde el PP hasta la izquierda de Podemos, piden que se declare la emergencia nacional ante la catastrófica situación que vive el litoral mediterráneo como consecuencia de la DANA. Se podría elevar al nivel tres la alerta regulada en la ley de Protección Civil. Pero no basta con esa cobertura normativa. Habría que acudir al Estado de Alarma que se reserva para cuatro supuestos concretos: catástrofes, (terremotos, inundaciones o accidentes de gran magnitud), crisis sanitarias, (epidemias o episodios de contaminación grave), paralización de servicios públicos esenciales y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. El problema reside en que el Tribunal Constitucional, en dos sentencias de 2021, limitó su aplicación y si no se afina mucho a la hora de redactar el decreto puede volver a ocurrir que un grupo cualquiera recurra la medida y la corte de garantías vuelva a darles la razón. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la creación de un mando único para coordinar las acciones también supone anular competencias autonómicas. Aunque suene extraño, sería una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución. Y no se sabe muy bien como reaccionarían en la Generalitat valenciana.
Además, declarar la emergencia nacional también afectaría a otros territorios, Catalunya, Andalucía y Murcia, muy afectados por los efectos de la DANA. Habría que ver hasta donde llegaría la intervención de esas administraciones. En Catalunya tienen muy claro que no permitirán la vuelta a algo parecido a la aplicación limitada del artículo 155. Aunque Salvador Illa lo aceptase, los soberanistas se negarían en redondo. Y en el Parlament, ERC, Junts y la CUP se pondrían de acuerdo para llevar a cabo una radical oposición. Hay que recordar que, en la cámara territorial, el PSC de Illa no tiene mas remedio que contar con una de estas formaciones para sacar adelante sus iniciativas. Por lo tanto, de la “emergencia nacional” hay que excluir a Catalunya irremediablemente.
Las otras tres autonomías afectadas están gobernadas por el PP. En Murcia, los efectos de la catástrofe son menores por lo que también se podría excluir de ese “mando único” que tendría que constituirse. Es casi segura la oposición de andaluz Moreno Bonilla por mucho que su jefe de Madrid, Núñez Feijóo, clame por esta medida. Pero hay que pensar que, en Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, los efectos del temporal han sido de extrema gravedad por lo que también se requiere cierto tipo de intervención para restablecer la normalidad.
Es València el principal objetivo. El presidente del PP dice que “todos debemos estar unidos ante el dolor como un único cuerpo.Esta tragedia ha golpeado a todos los españoles, no a un partido o a otro". Pero esta declaración que hace suponer su apoyo a una hipotética declaración de emergencia nacional choca con lo que están diciendo en el equipo de Carlos Mazón.
Habría que saber hasta qué punto el titular de la Generalitat valenciana estaría dispuesto a ceder la gestión de la crisis generada por la catástrofe al gobierno central después de las críticas recibidas por la tardanza en avisar de la riada del 29 de octubre. El gobierno, en Consejo de ministros, debería aprobar un decreto declarando el estado de alarma recogido en el artículo 116 de la Constitución. Pero existen límites en cuanto a los derechos que pueden ser suspendidos. El Constitucional ya lo advirtió en las sentencias de 2021 sobre las restricciones en materia de movilidad, uno de los puntos que disuade a las autoridades porque serían necesarias dichas restricciones para facilitar las tareas de rescate, limpieza y reconstrucción. Otra de las limitaciones son las de tipo sanitario. Las sentencias del TC se refirieron las restricciones que fueron utilizadas durante la pandemia de la COVID advirtiendo que el derecho a la libertad individual prevalece en cualquier situación, incluso la de catástrofe. Los jueces cuestionaron la limitación de la circulación, las requisas temporales de todo tipo de bienes o la intervención de industrias, talleres o locales de cualquier naturaleza.
La sentencia sobre la constitucionalidad del Estado de Alarma señaló que la cobertura legal de este tipo de intervenciones debe incluirse en el Estado de Excepción. Lo que ocurre es que éste lo debe aprobar el Congreso de los diputados y aunque Núñez Feijoó se muestra dispuesto a apoyarlo parlamentariamente la duda que surge en el gobierno es si recibirá en apoyo de los socios de coalición. Es cierto que sólo con los votos del PP y del PSOE la iniciativa saldría adelante pero un hipotético rechazo de las formaciones que apoyan a Pedro Sánchez supondría un serio desgaste para el ejecutivo en un momento en el que se están negociando leyes para garantizar el futuro de la legislatura.
Existe la posibilidad de poner en marcha el nivel 3 de alerta de la ley de Protección Civil. Eso dejaría en manos del ministro del Interior “la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado". El titular del departamento, Fernando Grande Marlaska estaría en condiciones de movilizar efectivos y recursos de otras comunidades autónomas. Y ahí puede surgir un inconveniente: que los presidentes de las comunidades a las que se acudiría para utilizar sus recursos recurran la decisión. Además, aunque en un principio Carlos Mazón estuvo dispuesto a aceptar la idea de elevar el nivel contemplado en la ley, sus colaboradores no están por la labor.
Y no hay que descartar que todas estas posibilidades acaben en los tribunales de justicia. Y habría que ver lo que hacen los jueces si un ciudadano, por poner un ejemplo, pide su amparo ante una restricción de su movilidad o la intervención de su industria. Porque, y esa es otra, de sandeces también se nutren los que quieren sacar provecho de estas catástrofes.