La APIF es una de las acusaciones personadas en las diligencias que lleva a cabo el juez del Supremo, Ángel Hurtado, contra el fiscal general del Estado, y la fiscala superior de Madrid. Y ha pedido que se llame a declarar a una persona que durante el registro que llevó a cabo la Guardia Civil vio cómo Álvaro García Ortiz y su segunda, Ángeles Sánchez Conde, presuntamente revisaban un teléfono móvil. Los abogados representantes de la asociación dan todo tipo de detalles: se les vio en el salón noble, junto a un cuadro del navegante Juan de la Cosa, a las 19 horas en plena operación y quien les vió no es ni más ni menos que Salvador Viada, expresidente de la asociación, fiscal del Tribunal Supremo y uno de los miembros de la carrera más beligerantes hacia su superior del que ha pedido su dimisión en varias ocasiones. ¿Qué hacía Viada en un registro policial? No podía estar allí como miembro de la parte acusadora porque no es su representante legal. Sus abogados son Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoleón Cánovas. Su presencia allí no tiene justificación y más cuando se está procediendo a un registro. Habrá que preguntar una y otra vez que es lo que hacía allí cuando se le llame a declarar.
Lo del famoso registro a la fiscalía general del Estado por orden del juez Hurtado ya suena a espectáculo circense. Lo único que faltaba es una grada con público aplaudiendo todo lo que hacían los múltiples actores presentes en el acto. Además de los guardias civiles que procedían al volcado de los discos duros y las tarjetas de los móviles, estaban, esos sí que legalmente, el investigado Álvaro García Ortiz, principal objetivo de la documentación incautada, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, los letrados de la administración de justicia mandados por el juez con la misión de levantar acta de las actuaciones policiales, los abogados de las acusaciones personadas, el Colegio de la Abogacía de Madrid, la asociación ultraderechista Hazte Oír, Alberto González Amador, y la APIF, Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Legalmente nadie más está habilitado para estar presente en el registro. Pero, como en las novelas de misterio, supuestamente había algún “intruso”.
Salvador Viada es un personaje influyente en la carrera fiscal. Fue presidente de la APIF y actualmente está destinado en el Supremo. Se ha posicionado a favor de los llamados fiscales rebeldes, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Los cuatro participaron en el juicio a los líderes independentistas catalanes y se opusieron a su amnistía apartándose de la elaboración del informe favorable a la medida de gracia presentado a la sala de Lo Penal por el ministerio público. Es más, Viada ha participado en numerosas conferencias y mesas redondas con estos fiscales posicionándose a su favor. Por lo tanto, su presencia en las dependencias de la fiscalía general resulta, cuanto menos, sospechosa. No es un buen testigo. Y, si se acaba por tomarle declaración, su versión será fácil de rebatir entre otras razones porque su presencia era improcedente y segundo porque es un testigo parcial. Es un significado miembro de una de las asociaciones acusadoras. Y la pregunta que alguien acabará por hacerle si no lo hace el propio magistrado instructor es qué hacía allí a esa hora. ¿Es que tiene libertad para moverse por todas las dependencias de Fortuny?
La APIF considera "inconcebible" que “la fiscala encargada del asunto” se reúna con el investigado y "examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto del sumario". Ahí la APIF se equivoca porque no está clara, todavía, la condición de Ángeles Sánchez Conde como fiscala de la causa.
La asociación también reclama que se libre oficio a la empresa responsable del servicio de seguridad de la fiscalía general para que "aporte las grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble". En concreto, pide las grabaciones del día 30 de octubre, entre las 18.00 horas y las 19.45 horas; no obstante, solicita que sean "conservadas" las grabaciones de "todo el día, por si resultasen necesarias".
La APIF subraya que esta última petición debería ser "ejecutada de modo inmediato", porque se trata de grabaciones que "tan solo se conservan durante un plazo máximo de un mes". Respecto a la declaración del testigo, entiende que puede practicarse "una vez alzado el secreto de sumario".
La instrucción del magistrado Ángel Hurtado ha empezado con muy mal pie. Ordenó a la guardia civil la incautación de todos los soportes digitales del FGE, tanto los profesionales como los personales. En un principio, los correspondientes a los últimos siete meses, aunque luego rectificó limitando los datos a los de los días en que se produjeron las filtraciones de los correos, del 8 al 13 de marzo. Hurtado ordenó que el registro se limitara “exclusivamente” al examen de “aquellos correos electrónicos y mensajes que pudieran tener una relación directa con los hechos”.
Es una de las patas que sostienen esa gran mesa en que se ha convertido la lucha de la derecha política, y su aliada la judicial, contra el gobierno progresista. El fiscal general del Estado, García Ortiz, tiene poderosos enemigos entre sus compañeros que le piden que se vaya. No ya por estar imputado judicialmente sino porque dicen que está obedeciendo las consignas del gobierno descaradamente. Esos mismos fiscales reconocen que otros jefes que tuvieron anteriormente, también escuchaban las “recomendaciones” del ejecutivo de turno. Pero las interferencias de ahora “son descaradas” y pretenden acabar con la independencia judicial. Eso lo han manifestado públicamente Salvador Viada, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, los que se han puesto al frente de la guerra contra su superior. Por eso, Viada no es un testigo fiable. Y eso lo debería tener en cuenta el magistrado instructor si le llama a declarar.