Tanto el instructor, Ángel Hurtado, como la sala de Apelaciones tienen claro que el destino judicial de la denuncia por revelación de secretos tiene nombre y apellidos: Álvaro García Ortiz. El juez lo deja claro en su último auto. Invadiendo competencias que corresponden a las acusaciones, y sin tener en cuenta la presunción de inocencia, señala al fiscal general del Estado como el autor de la filtración a los medios de comunicación del correo electrónico en el cual constaban los datos fiscales de Alberto González Amador cuyo abogado pretendía un acuerdo de conformidad con el ministerio público. El magistrado rechaza todos los testimonios en defensa del fiscal general, sobre todo los de los periodistas que dieron a conocer ese correo.
Hurtado asegura que la filtración del bulo que se publicó inicialmente contó con la autorización del afectado, mientras que la del otro correo supuso "la filtración subrepticia de un hecho tan íntimo y particular como es la confesión de un delito, que se difunde sin autorización del dueño del secreto". Y que "las negociaciones habidas entre Fiscal y abogado defensor es material sensible y, en atención a su contenido, ha de pasar por criterios de confidencialidad, que, si se quiebran, pueden entrañar una importante merma para el derecho de defensa".
Por lo tanto, el bulo difundido por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, no entra dentro del ámbito penal de la revelación de secretos porque se hizo con el consentimiento de González Amador. En ese bulo se decía claramente que el acuerdo no había sido posible “por interferencias de arriba”, en clara alusión a la intervención de Moncloa. Pero sí una hipotética intervención de García Ortiz y la fiscala provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que todavía no ha sido probada.
Sólo dos informes de la UCO de la Guardia Civil insinúan la posibilidad de que el fiscal general del Estado hubiese mandado el correo a algunos medios de comunicación. Hurtado sigue hablando de la nota emitida por el gabinete de prensa de la fiscalía general en la que se desmiente el bulo, una nota que la sala de Lo Penal descarta como delictiva. El juez, contradiciendo a sus compañeros, sigue creyendo que ese comunicado es el nudo gordiano de la actuación de García Ortiz. Y no toma en consideración los testimonios de los periodistas en los cuales se deja claro que no recibieron llamada alguna del FGE. No revelan cómo obtuvieron el correo electrónico que publicaron porque les ampara el derecho constitucional a no identificar sus fuentes, algo en lo que se sustenta el instructor para descartar la trascendencia penal de sus testimonios. Hurtado es muy duro con los investigados a los que reprocha que le pidan que asuma sus tesis cuando es difícil "obviar su parcialidad" y les acusa de querer "desviar la atención sobre el perturbador efecto para la privacidad y quiebra a la confidencialidad" que supuso filtrar ese correo y la posterior elaboración de una nota de prensa que constituyen el elemento del delito y que han llevado a que "en determinados ámbitos a González Amador se le viene llamando defraudador o delincuente confeso, cuando no ha recaído sentencia condenatoria". Otra vez a vueltas con la dichosa nota de prensa a pesar de lo que dice el auto de admisión de la querella.
Con todos estos argumentos, el juez estaría en condiciones de dictar auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez. Aun así, intentará llegar un poco más lejos y preguntará a los responsables de Google y WhatsApp por si les pueden facilitar esas conversaciones que fueron borradas de los soportes digitales de García Ortiz a pesar de que el magistrado del Supremo ya ha dicho en un auto que “ese borrado no tiene relevancia penal”. En el fondo, lo que se trata es de dilatar la instrucción lo más posible para que siga estando en el candelero de la caverna mediática que presiona en cada gesto del juez para que el FGE dimita que es, a fin de cuentas, lo que pretenden, la victoria política que busca la derecha judicial y las asociaciones de fiscales que, como APIF, han hecho de la renuncia de Álvaro García Ortiz su razón de ser.
Los indicios del instructor para señalar a García Ortiz sólo se basan en los informes de la Guardia Civil que, si se examinan a fondo, no son concluyentes. Y también de los testigos que se han postulado como adversarios del fiscal general, como es el de la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra, para la que, aunque no tiene la certeza de que García Ortiz filtró, ha dejado entrever que, a su juicio, la filtración sólo pudo salir de la fiscalíaporque se estaban conociendo detalles que no estaban en el procedimiento. Eran datos que no tenía ni la defensa, ni el decanato, explicó. "En la radio se decían cosas que sólo venían en sus diligencias de información", ha expuesto. Lastra no habló, en ningún momento, de su manifiesta enemistad con García Ortiz que viene de lejos. Durante el mandato de Dolores Delgado, Lastra fue teniente fiscal de inspección de la fiscalía general, un órgano que sirve de apoyo para el fiscal general compuesto por el núcleo de su equipo de confianza. A los mandos estaba Fausto Cartagena, pero, cuando este se jubiló,Delgado no ascendió a Lastra a ese despacho, sino que la eligió para la fiscalía superior de la Comunidad de Madrid. Y de ahí viene en enfrentamiento de Lastra con el entorno de Delgado del que forma parte García Ortiz. Si hubiese sido ascendida a la jefatura de la inspección habría obtenido el rango de fiscala de sala, el máximo de la carrera.
Todas esas circunstancias no han sido tenidas en cuenta por el magistrado Huerta, como tampoco el testimonio de Salvador Viada, que es el presidente de una organización personada como acusación popular, la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales. Viada utilizó su interrogatorio para emprenderla contra García Ortiz. Fue el primer fiscal separado de la carrera por desobediencia y faltas de respeto, pero la Audiencia Nacional ordenó readmitirlo.
Y esos son “los indicios” de cargo con que cuenta el juez Hurtado. Esos testimonios, los informes de la Guardia Civil y los razonamientos jurídicos que han sido cuestionados, aunque avalados por sus compañeros de apelaciones, como ya se ha dicho aquí un fiscal general del Estado con Mariano Rajoy y un juez cuya familia milita en el Partido Popular incluyendo candidaturas en las elecciones municipales. Pero Hurtado ya ha hablado. Entonces, si lo tiene claro, ¿por qué no convierte el sumario en procedimiento abreviado y convoca a sus compañeros de sala para el juicio en el cual, para bien o para mal de García Ortiz, se concluya con este feo asunto politizado al máximo? No interesa a la derecha judicial porque desgastar aún más al fiscal general del Estado es quemar al gobierno progresista.