Todo el mundo sabe que un grupo de fiscales de sala del Tribunal Supremo está controlado por el sector conservador. Sus máximos ideólogos son los que fueron representantes del ministerio público en el juicio a los separatistas catalanes, Javier Zaragoza, que se postula para fiscal general cuando gobierne el PP, Consuelo Madrigal, ex fiscala general con Mariano Rajoy, y Fidel Cadena, enfrentado abiertamente cuando su superior les reunió para ratificar su postura sobre la ley de amnistía.
Ese mismo grupo ha logrado poner, otra vez, en una situación embarazosa a Álvaro García Ortiz. Piden su renuncia porque consideran que, desde que empezó la instrucción por revelación de secretos que lleva a cabo el juez Hurtado, se han producido “hitos” en la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo que “hacen imprescindible” su renuncia al cargo. Le critican abiertamente que se haya negado a responder a las preguntas del magistrado en su interrogatorio como investigado. No tienen en cuenta que los defensores de García Ortiz consideran abiertamente pedir la nulidad de las actuaciones y se inclinan por argumentar la parcialidad del juez. Nada nuevo de no ser porque entre los firmantes de la carta está María José Segarra, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que fue la primera jefa del ministerio público del Gobierno de Pedro Sánchez.
Que Segarra haya firmado la carta, suscrita por 13 de los 36 fiscales de sala, no debe de extrañar, La fiscala se ha enfrentado abiertamente a su superior en varias ocasiones. No perdona el nombramiento de Dolores Delgado, que fue quien la avaló cuando era ministra de Justicia, como fiscala de Memoria Democrática que la da acceso al rango de fiscala de sala.
La institución está profundamente dividida y dentro de esta división hay que mirar, también, a los afiliados a la Unión Progresista de Fiscales. Esa asociación, a la que perteneció García Ortiz hasta que fue nombrado FGE, está fraccionada a pesar de que la cúpula dirigente ha salido en defensa de su compañero, hoy superior de los fiscales. Hay miembros de asociación que son partidarios de la dimisión de García Ortiz. Y el ganador de toda esta situación es el juez Hurtado quien se va a salir con la suya. Va a lograr el procesamiento del fiscal general del Estado sentando un precedente muy peligroso en la justicia de este país. Ya se olvidaron los tiempos en que algún juez que otro, como fue Luis Pascual Estevill, fueron a prisión por corrupción a pesar de haber sido vocal del CGPJ. O el caso de Javier Gómez de Liaño o Baltasar Garzón, también condenados por prevaricación y apartados de la carrera judicial.
En este país se sigue sosteniendo que un juez está por encima del bien y del mal. Pero cada vez se hace más evidente que algunos magistrados se mueven por intereses personales. El caso de Ángel Hurtado esta cada día mas claro. Su amigo y correligionario, Carlos Lesmes, le mandó al Supremo en plena polémica por su negativa a firmar la sentencia que condenaba al Partido Popular en la causa Gürtel. Y ahora, un amigo suyo, el que hasta hace unas semanas fue el presidente de la sala de Lo Penal, Carlos Marchena, que tampoco está libre de practicar la independencia judicial, le puso al frente de una de las instrucciones con matices más políticos de la historia reciente de la democracia de este país. No es lo mismo instruir una causa contra la mujer del presidente, por mucho que pueda afectar personalmente a Pedro Sánchez, que investigar al jefe de la cúpula de los acusadores públicos de este país que, además, es nombrado en consejo de ministros.
Es la excusa de estos fiscales “rebeldes” de sobra conocidos. Sostienen que la imagen de la propia institución “está siendo sometida a una tensión insoportable”. Los firmantes consideran que la permanencia de García Ortiz en el cargo mientras está siendo investigado por la sala de Lo Penal del Supremo “provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto, pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales”. Curiosamente este es el argumento que están utilizando los sectores conservadores de la carrera, uno de los cuales, no debemos de olvidar, se ha personado como acusación popular en el proceso que se lleva a cabo en el Supremo.
Extraña la difusión de esta carta teniendo en cuenta que, desde el mismo consejo fiscal, gracias a los votos de los miembros de la Asociación de Fiscales, AF, y la Asociación Profesional de Fiscales, APIF, ya han pedido la dimisión de García Ortiz, y que instituciones dominadas por los conservadores, como es el CGPJ saliente, expresaron su opinión sobre la necesidad de revocar al fiscal general del Estado.
Que unos miembros de la Fiscalía, por mucho que pertenezcan a la cúpula por su rango como fiscales de sala, vuelvan otra vez a la carga contra su superior demuestra no sólo la división en que se encuentra la carrera sino también la manipulación política que está llevando a cabo la derecha cuyo objetivo no es echar a García Ortiz sino desgastar al gobierno progresista que ha avalado públicamente al fiscal general del Estado.
Pero es que hay más. No se puede permitir que miembros de la judicatura se hayan olvidado del principio de presunción de inocencia para unos compañeros suyos. No sólo García Ortiz sino también los otros dos imputados, Pilar Rodríguez, la fiscala jefa provincial de Madrid, y Diego Villafañe, teniente fiscal de la fiscalía general. Por mucho daño que este asunto esté haciendo a la institución, los fiscales harían bien en mirar hacia un lado concreto, la oficina del juez Hurtado en la plaza de la Villa de París y no responsabilizar a un compañero que lo único que hizo fue actuar de la misma manera que hubiesen hecho ellos. Claro que con una diferencia. En este caso, el autor del bulo a desmentir es Miguel Ángel Rodríguez quien sigue manejando los hilos para defender, en la sombra, a la pareja de su jefa, Isabel Díaz Ayuso, con la complicidad de un juez, y ahora, de trece miembros de la cúpula fiscal.