Las investigaciones de la Guardia Civil sobre la injerencia rusa en Cataluña, a cuyos informes Diario16+ ha tenido acceso, señala que las empresas de Oriol Soler percibieron, entre 2016 y 2020, alrededor de tres millones de euros derivados de contratos públicos y subvenciones, según se desprende de la consulta realizada en el registro público de contratos y en el registro de ayudas y subvenciones de Cataluña.
Al mismo tiempo, el exministro de Asuntos Exteriores, Alberto Dastis, denunció ante la Unión Europea que la manipulación y desinformación lanzada contra el bloque comunitario desde redes en Rusia afecta también a la comunidad autónoma catalana. El titular del departamento aseguró que existen datos concretos sobre cómo el tráfico en las redes sociales posterior al referéndum pasó particularmente por redes situadas en Rusia.
Todo este material viene a reforzar la tesis sobre el papel jugado por Rusia el 1-O. De hecho, el propio Oriol Soler habría viajado a San Petersburgo el día 5 de junio de 2017 y es público que diversas cadenas de televisión y diarios rusos han prestado apoyo a los promotores del referéndum en un intento de desestabilización por parte del ejecutivo de Putin en otros momentos relevantes en la geopolítica mundial.
Así pues, la complejidad de la combinación de diferentes instrumentos utilizados durante el referéndum, como redes sociales, tuits de Julian Assange y Eduard Snowden, los medios putinianos como Sputnik y Russia Today, y los medios de comunicación catalanes tanto públicos como privados en la órbita de la administración catalana soberanista como, por ejemplo, los del grupo empresarial controlado por Oriol Soler, “revelan, en efecto, que existió una estrategia coordinada detrás”, según la Guardia Civil.
Valery Gerasimov, general y jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, fue quien en 2014 introdujo el término guerra de información en el ámbito de la doctrina militar. Desde entonces, mucho se ha escrito al respecto sobre la guerra híbrida, una teoría de estrategia militar que consiste en utilizar toda clase de medios y procedimientos contra el enemigo, ya sea la fuerza armada convencional o cualquier otro medio como la insurgencia popular, el terrorismo, la inmigración irregular, el destrozo de los recursos naturales e incluso otros más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías (guerra cibernética) como la difusión de noticias falsas, la falsa diplomacia, la guerra jurídica o lawfare y la injerencia en procesos electorales de un país ajeno, una práctica en la que Vladimir Putin, y sus piratas informáticos, se muestra como un auténtico maestro.
En ese sentido, conviene no olvidar que el Kremlin dispone del célebre Cozy Bear (también conocido por APT29, Office Monkeys, CozyCar, The Dukes, y CozyDuke), un grupo de hackers asociados a los servicios de inteligencia rusos, en especial con el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) y con el Servicio Federal de Seguridad (FSB), capaz de introducirse en los sistemas digitales de cualquier país. Nada queda a salvo de los piratas de Putin, el ámbito militar, la industria aeroespacial, el sector financiero, la industria y el espionaje tecnológicos, las oenegés e incluso el crimen organizado.
España sufre desde hace años el zarpazo de esta unidad de élite. La UE ha tardado diez años en entender que los hackers de Putin son peligrosos. En las últimas semanas, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una investigación para averiguar hasta dónde llegó el apoyo de la Rusia de Putin al procés de independencia en Cataluña.
Los eurodiputados se tomaron en serio las evidencias de los contactos de Carles Puigdemont y su entorno más cercano con espías rusos en 2017 y sospechan que el Kremlin pudo estar también detrás de otros graves episodios de desestabilización en el viejo continente. Es ya una evidencia, según los resultados de las comisiones de investigación del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, que Putin impulsó la campaña electoral de Donald Trump a las presidenciales de 2016.
¿Es posible que la UE haya necesitado casi una década de intrigas, complots, ataques informáticos de los hackers rusos y golpes blandos patrocinados por regímenes autoritarios iliberales para llegar a esta conclusión? En realidad, bastaba con leer las portadas de los periódicos para saber que ningún organismo oficial se ha librado del hackeo.
Hace unos meses fueron los archivos de la Seguridad Social, mañana serán los del Ministerio de Sanidad o de la Agencia Tributaria; incluso asaltan con descaro la página web de la Policía, de la Guardia Civil, del Ejército y hasta del Parlamento o Presidencia del Gobierno.
El propio CNI, un organismo que se supone dotado de los más avanzados y sofisticados sistema de defensa, ha sufrido los estragos de los cerebros cibernéticos de Putin. Ya sea desde alguna oficina de la FSB, la agencia de inteligencia rusa heredera del KGB, o desde la confortable habitación de su casa, el hacker ruso actúa con absoluta impunidad, saltándose los filtros antispam y los endebles sistemas antivirus europeos, barreras de nata frente a los incisivos y penetrantes programas espía.
Algunos incluso se permiten dejar burlescos memes, como marca o sello personal, en los ordenadores de la Plana Mayor de la OTAN. Esa es la forma que tienen de mofarse del enemigo occidental, de demostrar su poderío y hegemonía tecnológica y de promocionar movimientos subversivos para reventar las democracias europeas desde dentro.