El fenómeno del racismo es minoritario entre los españoles. El problema es que hay inmigrantes procedentes de países latinos que alimentan el odio que es recogido por la extrema derecha nacional. Lo que pasa es que se rebelan cuanto se les dice que Vox habla de echarlos a todos, incluidos a ellos, porque no se sabe, entonces, de donde salen esos ocho millones que el partido de Abascal dice que van a deportar. Argumentan que en España los jueces actuarán en ese caso porque “tienen nacionalidad”. Venezolanos, colombianos y ecuatorianos son los que más utilizan tal excusa. Se olvidan de que, en Estados Unidos, Trump se pasa por el arco de triunfo las sentencias judiciales y acaba por meterlos a todos, delincuentes o no, en las famosas “cárceles de criminales”. Dicen que en Europa eso no va a pasar. No tienen en cuenta que en la Italia de Meloni se está actuando conforme a los dictados del loco neofascista americano. Confían en Vox y creen que hay que votarles para “mejorar la seguridad ciudadana” que, están convencidos, procede de la “inmigración irregular”. Están equivocados si piensan que contra ellos no va la cosa. Habría que recordarles la famosa frase erróneamente atribuida a Bertolt Brecht: ”cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas yo no protesté porque no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos yo no pronuncié palabra porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mí ya no había nadie más que pudiera protestar”.
Por lo que se dice por ahí, el problema no es otro que el agravio comparativo. Los jóvenes se quejan de que las ayudas sociales, “que se pagan con nuestros impuestos”, van a parar siempre a los mismos. Que tienen prioridad sobre los españoles. Se olvidan de que en este país el sistema de bienestar social funciona gracias al reparto de esas ayudas y de que las estadísticas dicen que la mayoría de esos inmigrantes, a los que se pretende deportar, aportan al crecimiento económico de este país el 12% del PIB. Esta parte de la población ha contribuido, de forma directa e indirecta, al crecimiento y a la creación de empleo, como pone de manifiesto el último informe del think tank Freemarket Corporate Intelligence. El análisis estima que este colectivo protagonizó entre un 7,5% y un 12% del crecimiento anual del PIB durante la última década, por su peso en el mercado de trabajo, su productividad y los sectores en los que tienen más presencia.
Lo que mas entristece es que esos migrantes que van a votar a la extrema derecha se consideran agraviados a la hora de las contrapartidas que reciben por su aportación a la economía nacional. Se olvidan de que tienen acceso a la sanidad gratuita que en sus países de origen es inexistente, y a una educación que, en muchos casos, supera a la que obtendrían. No es de recibo argumentar que muchos inmigrantes vienen aquí por “las marcas de las zapatillas que pueden comprar” y por un bienestar que, en la mayoría de los casos, no va a superar al de sus lugares de origen.
Lo que estamos analizando aquí es muy parecido a lo que ocurrió en los Estados Unidos cuando los inmigrantes que se consideraban seguros y protestaban contra la emigración irregular votaron a Donald Trump que ganó las elecciones presidenciales gracias a su voto. Ahora se están arrepintiendo cuando constatan las barbaridades que el loco fascista está haciendo contra sus compatriotas, muchos de ellos sin imputaciones delictivas. Estos migrantes, casi todos votantes de derechas en sus países de origen, se niegan a barajar la hipótesis de que en el mundo hay un movimiento racista que va a acabar con su flujo, sea de la manera que sea.
No sirve de nada acudir a la legislación española y a creer en la protección del sistema judicial. Ya se ha visto cómo funciona en los países de nuestro entorno. Basta con cambiar las leyes, y Vox confía en que el Partido Popular, la derecha conservadora, les apoyará cómo está haciendo, ya, en las comunidades autónomas donde gobierna. Cambiar las leyes es sólo cuestión de una mayoría parlamentaria suficiente que esperan obtener en las elecciones generales dentro de dos años.
Es el signo de los tiempos. La mayoría de la población, apoyada por una minoría migrante que no es capaz de darse cuenta de lo que está en juego, cree que las leyes del gobierno progresista les han perjudicado. No valen la revalorización de las pensiones, ni el salario mínimo, ni el acceso a las becas, ni el ingreso mínimo vital, ni las escasas ayudas a la vivienda, ni haber convertido este país en una potencia económica que ni siquiera supera Francia y Alemania en la Unión Europea. Se sienten agraviados y, además, cala hondo el discurso de la derecha política que es incapaz de exponer una alternativa. No. Lo importante es echar a Pedro Sánchez que nos está quitando el dinero que legítimamente ganamos.
Lo malo es que la alternativa al gobierno progresista no es otra que la ultraderecha. Jueces, policías, funcionarios, empresarios, y incluso trabajadores de poca monta, - “no hay nada más triste que un muerto de hambre que vota a la derecha”-, se encargan, día a día, de machacar a este gobierno argumentando un agravio inexistente. Porque con un gobierno del PP y de Vox más nos valdría en hacernos un seguro de salud privado, llevar a nuestros hijos y nietos a un colegio privado, y esperar a que nadie de las fuerzas de seguridad se tope con nosotros simplemente por un mal gesto. Porque ese es el panorama que nos espera. Ah, y los de los ocho millones de expulsados no lo digo yo. Lo dicen las declaraciones de la diputada Rocío de Meer por muchos desmentidos de Santiago Abascal. Lo que está muy claro es que, si eso llega a ocurrir, el que va a tener que trabajar es el líder de los ultraderechistas, algo que no ha hecho en su vida.