Nadie en el PP quiere decir de dónde procede la documentación sobre las acusaciones a los familiares de Pedro Sánchez, en las que se sustenta la batería de preguntas que deberá contestar el presidente del Gobierno en el Congreso y el Senado. Ya se sabe. Eso de “los prostíbulos” del padre de Begoña Gómez. Pero a nadie se le pasa que si se examinan esas preguntas se podrá comprobar que su contenido es idéntico a los de los informes que el comisario José Manuel Villarejo puso en manos del secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, en la época de Mariano Rajoy. Es la información de la “policía patriótica” que, durante años, se dedicó a elaborar con la intención de desprestigiar a los adversarios políticos del PP y que van desde la llamada “operación Catalunya” contra los independentistas, hasta el “informe PISA”, en el cual se acusaba a Podemos de financiarse ilegalmente, pasando por las “saunas gais” del suegro de Pedro Sánchez. El propio Martínez, que se va a sentar en el banquillo de los acusados por otra de esas operaciones, la llamada Kitchen de espionaje al exgerente popular, Luis Bárcenas, ha manifestado delante de los jueces de la Audiencia Nacional que “todas esas imputaciones eran inventadas”. La izquierda, y en especial la combativa Podemos, intentó que los instructores exigiesen responsabilidades penales. No lo consiguieron porque la mayoría de estas actuaciones fueron archivadas. Ahora, los dirigentes de Génova las utilizan para atacar a Pedro Sánchez.
Con el material de Villarejo como punto de partida, el Partido Popular registró una batería de preguntas parlamentarias que intenta relacionar el supuesto arrendamiento de un edificio propiedad de MUFACE por parte de la empresa de los hermanos del suegro de Pedro Sánchez con el ejercicio de la prostitución. El objetivo es claro: acusar de corrupción al presidente. Los documentos que obran en poder de Génova se obtuvieron de manera ilegal. Forman parte de una nota informativa bajo el epígrafe de “Riesgos PS”, en referencia a Pedro Sánchez, de cinco folios en los cuales se describen unos supuestos “puntos débiles” del presidente, el historial de los negocios de su suegro y de los hermanos de su suegro con saunas gais y prostíbulos.
El texto lo elaboró el comisario José Manuel Villarejo en noviembre de 2014, tres meses después de haberse reunido con el secretario de Estado para la Seguridad, número dos de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, semanas después de que Pedro Sánchez hubiera ganado las primarias del PSOE.
Villarejo cuenta al número dos de Interior que Sánchez tiene un suegro que regenta saunas. La conversación, que fue grabada y que ha sido filtrada por el excomisario, viene a decir que tiene una información que “va a ser mortal” para Sánchez pero que sólo se la debe de facilitar “al presidente”. Martínez le contesta: “esto mataría políticamente a cualquiera. Pero un tío de izquierdas que va con la bandera del rollo este feminista, muy feminista, y lo tiene lleno de polacas chupando pollas en una sauna… Hay que saber todo”.
El espionaje a Pedro Sánchez da más de sí. Hasta tal punto que los miembros de la “policía patriótica” revelaron las aficiones de las hijas del presidente y su costumbre de ir a ver películas de cine a un lugar concreto situado en la Ciudad de la Imagen en las afueras de Madrid. En el PSOE ya tenían conocimiento del espionaje y lo puso en conocimiento del entonces titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investigaba las actividades de Villarejo. El juez archivó la denuncia al concluir que no se había acreditado que la información fuera fruto de una investigación policial ordenada por el ministerio de Interior. Es una de las muchas críticas al magistrado conservador que mientras se negaba a profundizar en las actividades de la llamada brigada patriótica llevaba a cabo una investigación contra los fundadores de Podemos que sus superiores de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional llegaron a calificar de prospectiva. Eso sin olvidar que se negó a llamar a declarar a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, por su relación con Villarejo y fue corregido, también, por la sala.
Por lo tanto, no hay que ir muy lejos para saber de dónde ha sacado el Partido Popular todos esos papeles que esgrime su presidente sobre las actividades de los familiares de Pedro Sánchez. No proceden del ministerio de Interior de la etapa de Jorge Fernández Díaz ya que éste y su segundo, Francisco Martínez, se encuentran enfrentados a la actual dirección del partido por no haberles apoyado en la causa que les sienta en el banquillo.
No se puede apuntar directamente a los jueces, pero hay que recordar que el PP, cada vez que puede, se persona en las llamadas “causas sensibles” y las actividades de Villarejo y la “policía patriótica” es una de ellas. Y hay que volver a recordar la justificación que se pretende con la reforma de las acciones populares en los sumarios propuesta en la ley Bolaños. Prohibir la presencia de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones afines en los procedimientos penales supondrá que dejen de pasar cosas como ésta. Que los indicios que no han podido probarse pero que figuran en las investigaciones y declaraciones de testigos, no sean utilizados políticamente como está haciendo la derecha.
Utilizar los sumarios para tales fines no es sólo una postura cobarde sino miserable bajo todo punto de vista. Hay límites que no se pueden traspasar. No es lo mismo hablar de las relaciones de la hermana de Núñez Feijoo con la delegación gallega de Eulen, o de las fotografías con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico, que de los negocios del suegro de Sánchez asegurando que éste “ha vivido de la prostitución”. Es una acusación muy grave y, poco consistente tal y como reveló posteriormente el autor de la misma, José Manuel Villarejo.