En el derecho penal, una investigación judicial prospectiva se refiere a la que va más allá de la evaluación de los hechos denunciados para ver si se localiza algún indicio delictivo en la conducta del imputado en lugar de partir precisamente de lo contrario, la existencia de delitos para, a partir de ahí, realizar una investigación concreta sobre los mismos. Pues bien, el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se “salta a la torera” este principio, y apunta hacia Moncloa en la instrucción sobre el caso Begoña Gómez. Es lo que ya se conoce como “la vía Bolaños”. Si por él fuera, el ministro de Justicia ya estaría imputado. Pero si lo hace deberá ceder la causa al Tribunal Supremo debido al aforamiento del miembro del gobierno. No le gustaron nada sus argumentos cuando le interrogó como testigo. Sobre todo, eso de que tanto las mujeres de Aznar como de Rajoy tuvieron asistentas del mismo perfil que la de Pedro Sánchez. Puestos a investigar a miembros del poder ejecutivo, y conocedor de que no puede enfrentarse judicialmente con Bolaños porque perdería su protagonismo, la emprende contra Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, Raúl Silva, coordinador de personal de Presidencia, y Alfredo González Gómez, vicesecretario general de Presidencia. Está claro que Peinado está yendo más allá de lo que le señala la denuncia por mucho que intente camuflar sus pesquisas en una pieza separada.
Alfredo González Gómez fue quien firmó, con Pedro Sánchez recién llegado a Moncloa, la carta en la que ordenaba el nombramiento de Álvarez como personal eventual. Un puesto de nivel 26 como “directora de Programas”. Su cometido, en realidad, era el de llevar la agenda personal de Begoña Gómez y de asistirla en sus comunicaciones y eventos. Los correos incorporados a la causa señalan que ayudó a la mujer del presidente en sus negocios empresariales privados. Algo que ya había hecho para Gómez en el pasado, cuando su marido aún no había llegado a Moncloa. Compareció ante el magistrado en calidad de testigo, supuestamente para explicar el proceso de nombramiento.
Peinado había ordenado un careo entre Cristina Álvarez y Alfredo González porque el juez advierte “contradicciones” entre sus testimonios. El artículo 451 de la ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "cuando los testigos o los procesados entre sí o aquellos con estos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario, podrá el juez celebrar careo entre los que estuvieren discordes, sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre dos personas a la vez". Pero el defensor de Álvarez no cree que exista contradicción alguna entre ambas declaraciones y se acoge al artículo 455 de esa ley que advierte que “no se practicarán careos sino cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados".
De momento, Peinado ha suspendido ese careo. Pero no como dicen los medios afines a la derecha. No lo ha suspendido indefinidamente. Simplemente lo ha aplazado. Para ver con mas claridad el trabajo de este juez, habría que señalar que, como contraposición a este acto que tiene claro objetivo en La Moncloa, ni siquiera ha contestado al careo que he pedido el abogado de otro imputado, Juan José Güemes, exalto cargo del PP en la Comunidad de Madrid, con la jefa de personal del Instituto de Empresa que fue quien le señaló como el responsable directo de la contratación de Gómez.
El juez fundamentó esa imputación cuando Güemes declaró como testigo que Begoña Gómez no fue contratada para ser directora del África Center del IE Business School por ser la esposa del presidente de Gobierno. Según explicó, eso implicaba afirmar que su subordinada no había dicho la verdad. "Lo cierto y verdad es que la directora de recursos humanos, Gil de Antuñano, nunca dijo que a la señora Begoña Gómez se la contratara por ser la esposa del señor presidente del Gobierno”, señaló la defensa de Güemes al solicitar el careo.
El juez ni siquiera ha contestado. No le interesa. En realidad, la imputación del exconsejero de Sanidad de uno de los gobiernos de Esperanza Aguirre le trae sin cuidado, como la presencia en la instrucción de otros cualificados imputados como es el rector de la Universidad Complutense de Madrid. Peinado está centrado en un solo punto de la instrucción: intentar probar que, a través de la esposa de Pedro Sánchez, se generó un canal de influencias que acabará por salpicar a altos cargos de Moncloa, y, por lo tanto, desgastar al gobierno progresista. Ya se ha olvidado de la famosa “apropiación indebida” del programa generado para formar a los alumnos del Máster de la UCM. Ahora quiere que sus superiores de la Audiencia Provincial le autoricen una investigación sobre el rescate de la aerolínea Air Europa donde está convencido del relevante papel de Begoña Gómez, amiga personal del CEO de Globalia, Javier Hidalgo, a pesar de que este asunto encaja en los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional, (caso Koldo) y Tribunal Supremo, (José Luis Ábalos), y que los jueces de la Provincial le prohibieron, en su día, seguir esta línea de investigación.
Está claro que todas estas actuaciones pueden acabar por ser tipificadas en el capítulo de “investigaciones prospectivas” apuntadas tanto en el Código Penal como en sentencias aclaratorias posteriores del Supremo, que la ley prohíbe. Pero hay que insistir en lo ya manifestado en Diario16+. A Juan Carlos Peinado le quedan dos años para jubilarse. Justo el periodo de tiempo que se calcula para la celebración de elecciones generales. Y, si durante este intervalo, el juez mantiene este espectáculo, estará haciendo un gran favor a la derecha política y, por lo tanto, a la judicial. Y habría que pensar en la “recompensa” que puede llegar a obtener este secretario de Ayuntamiento que accedió a la judicatura a los 40 años y que tiene intereses familiares en el PP.