La reciente decisión de la Comisión Europea de enviar una segunda carta de emplazamiento adicional a España el dia 25 de los presentes [INFR(2014)4224] por no haber transpuesto correctamente la Directiva 1999/70/CE del Consejo al Derecho nacional, representa un significativo retroceso en la lucha por los derechos de los trabajadores interinos en el sector público español.
Muchos lo han celebrado, pero es un serio destrozo a las justas peticiones de los interinos.
El sistema para llegar a sanciones por parte de la Comisión, es decir la UE, comienza, en primer lugar, con la apertura de un expediente después de constatar una irregularidad y se da, como es el caso, dos meses a España para solucionar el problema, mediante una Carta de Emplazamiento.
En segundo término, cuando se constata que no cumple el país, que pueden haber pasado perfectamente seis meses o un año, se redacta un dictamen motivado, que tarda en prepararse y realizarse otros tantos meses más. A continuación, recibido por el estado el dictamen motivado, tiene otro plazo, de seis meses para cumplir.
Finalmente, certificado el incumplimiento, es cuando se abre la puerta de las sanciones o del TJUE.
Pues bien, hasta el momento de la segunda carta del dia de hoy, ya se estaba en el cuarto punto. Le quedaba a la UE proceder a las sanciones, con el aval de las recientes sentencias del TJUE. Ahora se ha vuelto al punto primero, al de la carta de apertura de expediente (emplazamiento). No es nueva la jugada; en 2018 hicieron algo parecido unificando los dossieres de incumplimiento.
En la nota publicada hoy por la Comisión se informa más que se amenaza, que si España no cumple, se propondrá el enviar un “dictamen motivado”. Detrás de tan estratégica retirada, no hay más que el miedo del Estado Español y de la propia Comisión a reconocer que tienen una judicatura rebelde al Derecho de la Unión y que sólo se acuerdan de Europa en el momento de proteger sus intereses de casta.
Sin embargo, la situación no es la del 2014. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reiterado ya en varias ocasiones la necesidad de igualdad de trato entre trabajadores temporales y fijos. Ya desde la sentencia del TJUE en el asunto C-596/14 en la que se subrayó que el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede justificar la negativa a concederle derechos equivalentes a los de un trabajador fijo.
La última referida a España, si se lee bien, dice “hasta aquí puedo llegar y he llegado. Son los jueces españoles los encargados de que la normativa de la UE se cumpla”.
A pesar de los parches legislativos realizados por España desde la incoación del procedimiento de infracción en 2014, la Comisión Europea ha identificado, de nuevo, que persisten los problemas de discriminación; y a los 25 años de que se aprobase la Directiva, no los han solucionado.
La segunda carta de emplazamiento adicional enviada por la Comisión Europea a España, sí, pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad urgente de abordar y corregir las condiciones laborales discriminatorias en el sector público, cosa que ya todos sabíamos; pero retrotrae a antes de 2014.
Responde todo este tinglado, a la petición de árnica del Reino de España delante de las Instituciones Europeas. Será, pues, la próxima Comisión la que se pringará.
La persistencia de estas desigualdades representa un paso atrás en la protección de los derechos de los trabajadores interinos y contraviene los principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea. Pero una cosa queda clara; si no se ha arreglado el tema en 25 años, el responsable extrapatrimonial de los daños causados a los interinos es la Unión Europea, en la figura de la Comisión. La Carta de Emplazamiento es el reconocimiento explícito de su fracaso.
Desde hace semanas, están trabajando diversos grupos de interinos, afiliados a diversos grupos como Pindoc, CGT o Somos Sindicalistas en este escenario que decidieron no caer en la trampa de la euforia. Se niegan a pensar que la guerra estaba ganada.
Las informaciones confidenciales que llegaban desde Bruselas apuntaban hacia que se había pedido una prórroga del partido, y que se iba a conceder. Se venía trabajando en ella desde la Presidencia española del segundo semestre de 2023, con la oposición expresa de los funcionarios europeos, que advirtieron de la responsabilidad extrapatrimonial de la UE. Afortunadamente, el escenario estaba estudiado y las demandas al Tribunal General preparadas.