La serie de sentencias de los órganos judiciales de la Unión Europea han dejado en evidencia que el Estado español está incumpliendo flagrantemente con la legislación comunitaria en relación con los trabajadores públicos interinos. Este fenómeno, que afecta a más de un millón de empleados del sector público, refleja una realidad de injusticia y vulnerabilidad en el sistema laboral español.
Los veredictos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del año 2024, que condenan las prácticas de temporalidad abusiva, y la respuesta inadecuada del poder judicial español han abierto un debate de enormes dimensiones, que involucra tanto a las élites políticas y económicas como a las bases de la ciudadanía.
Uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de la Unión Europea es el principio de primacía del Derecho comunitario. Este principio, también conocido como de «prevalencia» o «supremacía», establece que, en caso de conflicto entre el derecho nacional y el Derecho de la Unión, prevalecerá este último. La importancia de esta normativa estriba en su capacidad para asegurar que todos los Estados miembros cumplan con los compromisos adquiridos en los tratados y convenciones, garantizando así la coherencia y la eficacia de las políticas comunitarias.
En el caso de España, a pesar de haber ratificado y firmado estos instrumentos internacionales, la práctica habitual ha sido la de favorecer normas y políticas internas que se apartan de lo establecido por la UE. Este desvío sistemático se manifiesta de forma particularmente evidente en el ámbito de la contratación pública, donde se recurre a la temporalidad y se vulneran los derechos de los trabajadores interinos, tal y como demuestran las decisiones judiciales de los últimos años dictadas en Luxemburgo.
Durante el año 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó dos sentencias cruciales que pusieron de manifiesto la ilegalidad de los procesos y prácticas españolas en materia de temporalidad laboral en el sector público.
El TJUE dejó claro que los mecanismos implementados para regular la entrada y permanencia de los trabajadores interinos en la administración pública violan de forma directa la Directiva 1999/70. Las resoluciones especifican de manera muy clara que los procedimientos adoptados, que en principio pretendían justificar el mantenimiento de contratos temporales, no garantizan los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
A pesar de contar con los dictámenes del TJUE, el Tribunal Supremo español ha adoptado posturas que minimizan o reinterpretan las decisiones europeas para favorecer el statu quo, manteniendo así una estructura contractual que perpetúa la inestabilidad y el abuso de temporalidad. Esta actitud ha generado cientos de miles de causas judiciales pendientes de resolver, dejando en el limbo a miles de trabajadores que aspiran a una fijeza laboral a la que tienen derecho.
La Comisión Europea, consciente de la gravedad del asunto, ha recibido múltiples denuncias y escritos de apremio contra España, un país que no ha adaptado su legislación interna para adecuarse a los estándares fijados por la Directiva, lo que resulta en una situación de abuso estructural y legal de la temporalidad.
Con las sentencias del TJUE como respaldo, la Comisión Europea se encuentra en posición de activar importantes y millonarias sanciones contra España. Los escritos de apremio enviados a las autoridades españolas advierten sobre una sanción millonaria que obligaría al Estado a reformar su sistema y a garantizar la conversión de contratos temporales en indefinidos mediante la llamada fijeza.
El tema ha sido el eje central de intensos debates en foros y encuentros organizados por sindicatos y entidades defensoras de los derechos laborales, como el organizado en 2024 por la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública de CGT (FETAP-CGT).
Una justicia fragmentada genera injusticia, sobre todo cuando una parte de ella, en este caso la española, está en clara rebelión con la que dicta resoluciones que son prevalentes. El sistema de temporalidad abusiva no solo afecta la vida de los trabajadores, sino que también tiene consecuencias económicas y sociales de gran alcance.
La situación irregular de los empleados interinos genera una inseguridad laboral que repercute en la salud física, emocional y económica de los afectados, generando un clima de incertidumbre y estrés prolongado. Además, la constante rotación de empleados temporales perjudica la eficiencia y eficacia de la administración pública. Sectores esenciales como la educación, la sanidad y la administración se ven mermados por la falta de continuidad y profesionalidad, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.
La inacción ante el abuso de temporalidad y la no aplicación de medidas de fijeza derivan en una pérdida de confianza en las instituciones. Esto se traduce en un debilitamiento de la cohesión social y en un aumento de los litigios, lo que a su vez puede afectar la reputación del Estado en el ámbito internacional.
Las recientes sentencias del TJUE y las denuncias acumuladas han puesto a la Comisión Europea en una situación en la que la acción es inminente, dado que, respaldada por los escritos de apremio, se prepara para imponer una sanción financiera significativa a España. Este castigo no solo busca reparar la vulneración de la normativa comunitaria, sino también obligar al Estado a cumplir con sus compromisos en materia de estabilidad laboral y conversión de contratos temporales en indefinidos.
Expertos juristas coinciden en que la solución pasa por implementar de manera inmediata políticas de fijeza laboral, que garanticen la estabilidad de los trabajadores públicos. La presión internacional y la evidencia judicial indican que tanto el Parlamento como el Gobierno español deberán abandonar prácticas anacrónicas y adoptar reformas que armonicen el derecho interno con el Derecho de la Unión.
El caso español podría sentar un precedente para otros Estados miembros que se desvíen de las normativas comunitarias. La firme aplicación del principio de primacía del Derecho de la UE se convierte en un escudo contra prácticas discriminatorias y arbitrarias, buscando restaurar la confianza en un sistema jurídico que, a nivel colectivo, defienda los derechos de la ciudadanía por encima de intereses particulares.