Se llegó a barajar la posibilidad de que fuese a una consejería. Pero no ha sido así. A la exalcaldesa de la localidad madrileña de Arroyomolinos, Ana Millán, imputada en un asunto de corrupción de esos que llaman “de libro”, se la ha encontrado un acomodo mejor. Es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Obtiene, por lo tanto, el aforamiento lo que supondrá que el juzgado que instruye la causa donde está investigada deberá trasladarla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o al Supremo. Así, podrá seguir haciéndose cargo de la vicesecretaría de organización del PP madrileño convirtiéndose, en la práctica, en la numero dos del Partido. A su jefa, Isabel Díaz Ayuso, le importa un comino la imputación judicial
Millán renunció a la alcaldía pese a que fue reelegida ganando, además, tres nuevos concejales. Comenzó a ser investigada judicialmente en el caso Púnica. Cuando era concejal de juventud y deportes, adjudicó más de 675.000 euros de manera irregular en la organización de eventos y festejos del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Se empezó a investigar su relación con el empresario José Luis Huerta Valbuena, conocido por estar implicado en una de las piezas separadas del caso Púnica que investigaba el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Huerta Valbuena era el dueño de la empresa Waiter Music, que obtuvo contrataciones para organizar eventos lúdicos en varias localidades madrileñas. En Arroyomolinos, la relación de la entonces concejala de juventud y deportes, Ana Millán, con Huerta Valbuena data de 2004. A partir de ese momento, Waiter Music se hace con la organización de los conciertos y eventos de la localidad. En diez años, las empresas de Valbuena obtienen 602.308,55 euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Cuando el caso Púnica pasa a manos del juez Manuel García Castellón, éste, en un auto, llega a decir que “es especialmente particular la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena. Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”. Y no lo dice un magistrado hostil hacia el PP sino el mismísimo García Castellón.
Pero como sólo se investigaban las actuaciones llevadas a cabo desde 2004 hasta 2008, su prescripción impidió que se continuase indagando la relación de Millán con Huerta Valbuena. García Castellón se inhibió en favor de un juez de la localidad de Navalcarnero para que siguiese con una instrucción de la que ya no era competente. Ahora se trataba de otro empresario, Francisco Roselló. Ya no era terreno de la operación Púnica, pero se seguían rastreando adjudicaciones y la aparición de 44.462,7 euros procedentes de la cuenta de la empresa de Roselló, Neverland, que habían ido a parar a la alcaldesa.
El titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Navalcarnero decidió llamar a Millán y a Roselló en calidad de investigados. Un empleado de Neverland declaró, en el juzgado, que era el titular del alquiler de un ático propiedad de la alcaldesa, por el cual pagaba una cantidad cuyo receptor, en primera instancia, era su jefe quien, luego a su vez, se la retornaba multiplicada por dos a Millán. Todavía a estas alturas no han podido explicar porqué si el alquiler era de 500 euros Millán recibía 900 que, además, no entregaba el inquilino sino una persona beneficiaria de adjudicaciones municipales.
Las sospechas se incrementaron cuando Roselló contrató a la hermana de Ana Millán. Isabel Millán llegó a facturar 93.522,60 euros como trabajadora social. La pareja de la alcaldesa también fue colocado por Roselló. Sueldo de 37.508,74 euros anuales como conserje en una UTE (Unión Temporal de Empresas). En su cuenta bancaria aparecen ingresos sin aparente justificación que declaran como “producto de sus trabajos en la noche madrileña”.
A Ayuso no le importan todas estas imputaciones. En Ana Millán ha encontrado a una colaboradora directa. Se va a ocupar del partido a la vez que queda blindada ante un posible juicio por estas actuaciones por las que se la imputa de un delito de prevaricación administrativa en concurso con otro de malversación de caudales públicos. La pena sería de entre ocho y doce años de inhabilitación para ejercer cargo público, por el primero, y seis años de cárcel por el segundo. Pero la resolución de este asunto se va a ver aplazada en el tiempo debido a la nueva condición de la exalcaldesa. El juzgado número 6 de Navalcarnero debe dar traslado del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien deberá resolver si continúa las diligencias. Una causa, por cierto, que ya ha pasado por dos instancias: la Audiencia Nacional y el juzgado de Navalcarnero. Esta sería la tercera. Demasiado tiempo.
Y luego se quejan de la lentitud de la justicia. Con maniobras como ésta, un caso de corrupción puede llegar a eternizarse. Siempre, claro está, que el imputado sea del PP. Y si encima es un directo colaborador de Díaz Ayuso todavía más.