Fuerte malestar en el ministerio de Justicia por los últimos gestos de la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. A Félix Bolaños nunca le ha gustado esa elección. Prefería a Ana María Ferrer, jueza de la sala de Lo Penal, pero los conservadores la vetaron. Fue la primera vez en la que el ministro se arrepintió del pacto al que había llegado con Esteban González Pons para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Al final se dejó convencer. Al fin y al cabo, la Perelló pertenecía a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Pero los hechos, al final, le han dado la razón. Últimamente, el CGPJ ha adoptado una serie de resoluciones que lo posicionan frente al gobierno. “Ni siquiera muestran neutralidad. Ya ni se esconden”, dicen los altos cargos del caserón de San Bernardo. El dictamen en contra de la reforma de acceso a la carrera, la tan traída y llevada oposición para hacer fijos a los jueces sustitutos, ha hecho saltar las alarmas. Y encima no han sentado nada bien las manifestaciones de Perelló en las que exige el cese de las presiones a los magistrados y “el respeto ante las descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones”. Advierte que las actuaciones que cuestionan a jueces concretos “son impropias de un estado democrático avanzado”.
En el departamento de Bolaños creen que la presidenta del CGPJ se ha posicionado demasiadas veces a favor de las tesis del grupo conservador. Hay que recordar que son 21 los miembros del consejo, diez elegidos por el PSOE y Sumar, y diez por el Partido Popular, y la presidenta que, en principio, es neutral. Cualquier decisión requiere una mayoría de 13 vocales. Uno de ellos, el propuesto por la formación de Yolanda Díaz, el juez Carlos Hugo Preciado, ha votado en una ocasión con los conservadores. El mismo posicionamiento que Isabel Perelló. Por lo tanto, la propuesta de ese grupo salió adelante. Oficialmente se restó importancia a la decisión por ser una cuestión “de nombramientos de tipo técnico, de segundos niveles en el organismo”. Pero en el ministerio de Bolaños recuerdan que esos “segundos niveles” tienen mucha importancia en el organigrama ya que, al final, son los que elevan las propuestas y confeccionan las memorias que se estudian en el pleno. Tampoco hay que olvidar que entre esos nombramientos figuraban algunos integrantes de la Escuela Judicial, el organismo que los sectores progresistas de la judicatura consideran el más cerrado de la profesión donde se forman esos jueces que luego se inclinarán por posturas conservadoras a la hora de ejercer sus funciones.
Con su advertencia, Isabel Perelló se olvida del sistema de contrapeso de poderes. Parece como si ese contrapeso, para la presidenta de los jueces, sólo descansara sobre el poder judicial en detrimento de los otros dos. Se olvida la Perelló, a decir de los expertos, que ese fue el gran logro de Montesquieu, muy preocupado, por cierto, de los excesos de los jueces de su época. A la hora de defender a su colectivo, la Perelló no tiene en cuenta los ataques por parte de algunos jueces hacia el presidente, Pedro Sánchez, que, en ocasiones se acercan a las descalificaciones personales insinuando ser el autor de una hipotética intromisión en el poder judicial que vulnera el estado de Derecho.
Perelló está defendiendo a un colectivo que nunca se sometió a procedimiento depurativo tras el fin de la dictadura. Se olvida, también, de que algunos miembros de la carrera judicial llevan muy mal las críticas que reciben. Recientemente el consejo hizo suyas las quejas del juez Ángel Hurtado que pidió amparo. Un amparo, por cierto, que también solicitó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el que los miembros del consejo todavía no se han pronunciado puede ser porque los vocales conservadores se encargan, en todas las reuniones, de perseguirlo señalando que está investigado en una causa penal olvidándose de que no ha sido condenado. Cuestiones como la del magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien en una conferencia pública criticó a Irene Montero señalando que “una cajera de Mercadona no puede dar lecciones de derecho romano a los miembros de su colectivo”, ni siquiera llegó a ser expedientado. La comisión disciplinaria recibió una queja que fue archivada porque “Velasco efectuó esas manifestaciones a título personal” cuando de todos es conocida su condición de juez.
Pero en el departamento de Bolaños estas cosas son gestos menores comparados con los últimos posicionamientos en contra de las iniciativas del gobierno. Perelló ha advertido que la ley de medidas de eficiencia del servicio público de justicia implica una reducción de más de 3.800 juzgados unipersonales y cambios en 436 tribunales, así como la ampliación de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer o las importantes funciones que se atribuyen a la presidencia de los tribunales de instancia, que asumen los decanos. El secretario de Estado de justicia, Manuel Olmedo, cree que el déficit de jueces que implica la nueva reforma se compensará con la incorporación de los llamados “jueces sustitutos” además de cumplir con el mandato de la Comisión Europea que obliga al Estado a incorporar a esos 954 interinos.
Pero la mayoría conservadora del consejo, con su presidenta al frente, se ha puesto del lado de las asociaciones de jueces y magistrados contrarias a esa medida. La Asociación Profesional de la Magistratura, APM, la Asociación Francisco de Vitoria, y Foro Judicial Independiente, FJI, rechazan la iniciativa del ministerio porque significa, según ellos, “rebajar los conceptos de mérito y capacidad” en la profesión. No sólo anuncian que llevarán el asunto al Constitucional porque consideran que es una medida que va en contra de la Carta Magna, sino que amenazan con convocar una huelga de 24 horas, que sería el siguiente paso a la movilización del reciente paro de diez minutos.
El malestar del ministerio no es porque los jueces, con su presidenta al frente, se hayan posicionado en contra de su iniciativa sino porque si mantienen las movilizaciones y, además, llevan el asunto al TC, tendrán que paralizar la oposición restringida para esos 954 interinos por lo que la cobertura de las plazas necesarias para poner en marcha la reforma quedaría en suspenso. Y esa es una evidente contradicción que la Perelló no tiene en cuenta a la hora de apoyar a sus compañeros.