Es el fiscal del procés. Con Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno participó en el juicio a los líderes independentistas catalanes. Los cuatro se opusieron a que los hechos a enjuiciar fuesen calificados de delito de sedición y mantuvieron la rebelión. Su dureza es tal que ahora mismo han elaborado un escrito en el que se niegan a informar favorablemente de la amnistía a cuatro de los condenados que sufren penas por malversación. Dicen que ni la ley ni el ordenamiento jurídico europeo permiten el perdón de estos delitos. Javier Zaragoza lo que quiere es provocar un enfrentamiento directo con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que es el que tiene la última palabra que deberán acatar sus subordinados basándose en los principios de unidad jurisdiccional y jerárquica de la carrera fiscal. Zaragoza es el principal inspirador de esta guerra. Fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Muy bien mirado por el Partido Popular, sabe que cuando llegue Núñez Feijóo al poder será nombrado fiscal general. Y para llevar a cabo esta carrera política que tanto critica en otros, cuenta con dos importantes aliados, Fidel Cadena, que se ha destacado como líder del sector reaccionario de la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo, y Consuelo Madrigal de la que nada nuevo hay que contar porque son de sobra conocidas sus actuaciones cuando fue fiscala general del Estado, en la etapa de Mariano Rajoy. Estos tres fiscales, a los que se suma Jaime Moreno, forman parte de la vanguardia de combate contra García Ortiz.
La guerra contra la amnistía no ha hecho mas que empezar. Y la primera batalla se libra en el ministerio fiscal. El superior, Álvaro García Ortiz, optó por reunir a los fiscales que tienen que informar sobre la aplicación de la norma en el Tribunal Supremo, Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Al encuentro también asistieron los jefes de la sección Penal, el del Constitucional y el jefe de la secretaría técnica. Posteriormente se convocó a los fiscales jefes de Cataluña. El objetivo, coordinar la actuación del ministerio público en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias.
Estas reuniones han servido para constatar que poner de acuerdo a los fiscales no va a ser cosa fácil. En primer lugar, porque hay un grupo, encabezado por Javier Zaragoza, que cree que los delitos de malversación no son amnistiables y así lo interpretan por el contenido de la ley aprobada por el Parlamento. Según estos fiscales, el desvío de fondos que se consideró probado en la sentencia del Supremo encaja en las excepciones que establece la ley de amnistía, por lo que las condenas por malversación no pueden decaer. Estos fiscales sí apoyan la aplicación de la medida de gracia para los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, los otros que se atribuyen a los líderes independentistas tras la reforma penal que eliminó el delito de sedición en 2022.
Hay otro sector del ministerio público que sí cree posible amnistiar los delitos de malversación. Su posición es contraria a la expresada por los fiscales del procés, Consideran que la malversación que se atribuye a Puigdemont y Junqueras principalmente, queda bajo el paraguas de la amnistía porque no supuso un enriquecimiento del patrimonio de los líderes independentistas, la condición que establece la norma para poder beneficiarse de la medida de gracia. La ley señala que la malversación de fondos públicos será amnistiada si estuvo destinada a financiar actos vinculados al proceso independentista y “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”, entendido como “beneficio personal de carácter patrimonial”. La intención de la norma es que la medida de gracia alcance a todos los encausados por el desafío independentista, también a los que lo están por malversación, y consideran que, con esta redacción, se garantiza ese objetivo porque no hay pruebas de que ese desvío de fondos haya provocado un aumento del patrimonio de los encausados.
El otro punto de desacuerdo reside en que los fiscales del procés creen que amnistiar la malversación supone ir en contra de la legislación europea. Se basan en los criterios que han sido utilizados por las derechas política y judicial. Que se utilizó dinero procedente de la Unión Europea para financiar el independentismo. Los fiscales contrarios a este argumentario utilizan el criterio que ya ha sido expresado en este medio: en el juicio del procés, incluso en los procedimientos que están teniendo lugar en otros juzgados y en el Tribunal de Cuentas, ha quedado claro que la partida presupuestaria que se utilizó para sufragar los gastos procedía de la partida presupuestaria llamada “capitulo 1”, es decir la de los gastos corrientes de cada una de las unidades administrativas. Los fondos procedentes de Europa nunca van a parar a este capitulo porque son partidas destinadas a inversiones que salen del capítulo 2 de los presupuestos anuales de la Generalitat. La única duda que reside y a la que se van a agarrar los jueces para intentar aplazar la ejecución de la ley, es si se utilizaron algunas partidas de este capítulo en acciones dedicadas a fomentar la imagen de Catalunya en el exterior. Y todavía está por ver si los jueces europeos tipifican estas acciones como delictivas.
Hasta ahora, el fiscal general del Estado no se ha querido pronunciar en una actitud que muchos consideran prudente y otros la desautorizan. Por ejemplo, los que criticaron que se negara a elaborar un informe por petición del Senado. García Ortiz es el objetivo número uno de las derechas políticas y judicial de este país. La primera porque lo considera un objetivo de desgaste para el gobierno progresista en un momento en el que los argumentos en torno a la corrupción se empiezan a agotar. La fiscalía europea se quiere hacer cargo del caso Koldo por lo que al PP le va a faltar información para poder atacar al gobierno. La que pueda obtener será de segunda mano porque la fiscalía europea no es como la española. Allí son mucho más serios y no dejan que sus investigaciones sean utilizadas para fines políticos.
Y el caso Begoña Gómez, que cada vez se parece más a un sainete de esos que escribían a mediados del siglo pasado, lleva trazas de terminar en archivo. Ya lo ha dicho la Audiencia de Madrid al juez Peinado y con el informe de la UCO en la mano sólo quedará por dilucidar si hay delito en las cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno porque en lo que al asunto de la ayuda a Globalia la causa tiene escaso recorrido.
Por lo tanto, hay que volver a la amnistía ahora que está en manos del poder judicial. La derecha se va a emplear a fondo y, de paso, si puede dejar tocado y hundido a García Ortiz habrán logrado el mayor triunfo de la historia de la reacción en este país.