Por mucho que vocifere la derecha judicial, la instrumentalización jurídica para perseguir a la izquierda de este país es evidente. Sólo hace falta poner un ejemplo, el expuesto por el catedrático de derecho Constitucional, Javier Pérez Royo. Las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados convocaron concentraciones de protesta de sus afiliados, vestidos con las togas en las puertas de sus centros de trabajo, para protestar contra una ley aprobada por el parlamento, la de amnistía. No conformes, llevaron a cabo una huelga en contra de un proyecto de reforma en el cual se incluye el acceso a la carrera judicial de sus compañeros sustitutos, lo que la reaccionaria decana de los juzgados de Madrid y presidenta de la APM. María Jesús del Barco, dice que es “hacerlos fijos por la puerta de atrás”. Los jueces tienen prohibidas las huelgas. Cuando el ministerio de Justicia pidió la relación de los que la habían secundado para descontarles el día trabajado, se encontró con que el Consejo General del Poder Judicial se lavaba las manos argumentando que no es de su competencia, y las asociaciones conservadoras pusieron el grito en el cielo cuando el departamento de Félix Bolaños anunció que sólo un juez de los más de 5.000 en activo lo reconoció oficialmente. Es ilegal y antisocial. Si todo esto no es suficiente como para asegurar que los jueces que pagamos con nuestros impuestos, están dedicándose a boicotear al gobierno progresista es que “vivimos en los mundos de Yupi”.
La derecha insiste en que aquí no hay lawfare. Dentro de unos días se conocerá al auto de apertura del juicio oral que tiene preparado el instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Ángel Hurtado dice, en la resolución en la cual dictamina el procesamiento, que la actuación presuntamente delictiva del FGE obedece a “indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno”. El magistrado apunta directamente a Moncloa lo que supuso el reproche de sus compañeros de la sala de Apelaciones, los mismos que echaron por tierra una primera ponencia en la cual se rechazaba el procesamiento, elaborando otra radicalmente diferente que avalaba la actuación de Hurtado. De los tres votos, los dos favorables eran de un exfiscal general del Estado en la época de Rajoy y del marido de una dirigente del Partido Popular. Ángel Hurtado va a mandar al FGE al banquillo sin haber tomado en consideración los testimonios de tres periodistas que aseguran haber tenido en su poder el famoso correo objeto de la filtración unas horas antes de la señalada en el informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil de cuya actuación también habría que hablar. De esa y de otras causas.
El hermano del presidente, David, es otro ejemplo de lawfare. Se le ha abierto juicio oral, a él y al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por un supuesto trato de favor para la obtención de una plaza de coordinador en el conservatorio de la Diputación de Badajoz. La instructora de la causa, Beatriz Biedma, dice que el puesto “fue creado con la finalidad de ser adjudicado al acusado”. Entonces no se entiende cómo hubo candidatos que impugnaron la selección, una de las cuales se considera perjudicada y así lo ha testimoniado. La titular del juzgado número tres de la capital pacense negó el “habeas corpus” a un detenido que denunció malos tratos de la policía. El Tribunal Constitucional lo amparó y abroncó a la jueza por no controlar la detención policial. De los cuatro juzgados de instrucción de Badajoz, el de la Biedma parece ser el “más independiente” según señalan en fuentes de la derecha judicial, ya que el decano, el titular del número 2, se ha posicionado claramente hacia Vox. Su titular, Emilio García-Cancho, fue fotografiado en el aeropuerto de Barajas junto a Santiago Abascal. Las cuatro dependencias judiciales tienen fama de poco transparentes a la hora de repartirse las causas. La acusación contra David Sánchez está siendo llevada por la ultraderecha, Manos Limpias, Hazte Oir y Abogados Cristianos.
Los mismos que denunciaron a la esposa del presidente, Begoña Gómez, ante los juzgados madrileños por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias basando la demanda en las informaciones aparecidas en publicaciones conservadoras y afines a la extrema derecha. En numerosas sentencias, el Supremo ha dejado claro que no se pueden abrir diligencias sumariales sustentadas en informaciones periodísticas no contrastadas. Aún así, el titular al que le tocó en un reparto un tanto sospechoso, el número 41, Juan Carlos Peinado, admitió la denuncia. Incluso la mantuvo a pesar de que en los interrogatorios los periodistas advirtieron de la existencia de lagunas en las fuentes utilizadas. Pero había suficiente material como para abrir un procedimiento que ha sido calificado de extravagante por expertos jurídicos. La gran estrella de estas actuaciones, la posible intervención de Gómez en la concesión del rescate a la compañía aérea Air Europa, ha sido rechazada por la Audiencia de Madrid, pero Peinado insiste. Pide a un tercero, Víctor de Aldama, imputado en el sumario de Hidrocarburos, que ha manifestado públicamente tenérsela jurada a Sánchez, que declare ante el instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, si son ciertas sus manifestaciones en las cuales asegura que Begoña Gómez intervino en la concesión de esas ayudas. Está clara la persecución política por mucho que la quieran neutralizar las asociaciones conservadoras.
Sobre el lawfare que está llevando a cabo la derecha judicial hay muchos otros asuntos. Y no sólo de los de la corrupción que se atribuye al PSOE aprovechando los casos Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. Habría que mencionar, aunque sólo fuera de pasada, las diligencias que llevó a cabo el juez número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, contra los fundadores de Podemos a los que llegó a acusar de financiar ilegalmente a la formación morada a través de fondos procedentes del régimen bolivariano de Venezuela. Una investigación que los superiores del juez calificaron de “prospectiva”. Y hay muchos más sumarios abiertos contra la izquierda en general y, concretamente, la formación morada.
Al griterío que está llevando a cabo la derecha judicial por la denuncia de Pedro Sánchez hay que añadir la caja de resonancia de algunos medios de comunicación que hasta ahora habían sido neutrales. Los informativos de RTVE señalaron que “todas las asociaciones profesionales han elevado su protesta” por esas declaraciones sin aclarar que la progresista Juezas y Jueces para la Democracia manifestó que ve “indudable la instrumentalización de ciertos procesos judiciales por razones partidistas”. Otro medio, ese sí claramente conservador como es El Confidencial, transcribía las declaraciones de una jueza, sin citar su nombre, en las cuales califica a Sánchez de “ser un autócrata”.
Ocultan sus identidades como lo hicieron en la huelga y en las manifestaciones porque saben que estos gestos tienen un marcado cariz político. Y encima con un Consejo General del Poder Judicial que mira para otro lado en este tipo de situaciones mientras hay jueces, como la titular del juzgado número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, la “jueza de la dana”, que denuncia ante el CGPJ las “difamaciones” que están llevando a cabo en el entorno de las defensas de los investigados, todos abogados afines a Manos Limpias y Hazte Oír, en las cuales se dice que el que está dirigiendo las actuaciones judiciales es su marido, también juez, titular del número 5 de Valencia. Mutismo total en un organismo bipolarizado e ineficaz que es el primero que consiente toda esta serie de tropelías por parte de algunos jueces, un sector minoritario, pero influyente.