Cualquier profesional tiene derecho a mantener opiniones políticas, faltaría más. Ya se trate de un policía, un periodista o un médico, todos están amparados por la Constitución a la hora de ejercer su derecho fundamental. También los jueces, por mucho que a algunos les cueste creerlo. La objetividad absoluta es una utopía porque todos llevamos dentro un zoon politikón, un animal político que según Aristóteles pugna por salir al mundo en todo momento. Otra cosa es la imparcialidad, es decir, la capacidad para ejercer el oficio con diligencia, según las normas y códigos de la profesión, y al margen del sesgo ideológico de cada cual.
Sin embargo, entre los miembros de la judicatura española se están extendiendo corrientes de pensamiento que dicen muy poco de la coherencia del Poder Judicial. Hace solo unos días asistíamos al triste espectáculo del magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Ángel Garrido, que para justificar el levantamiento de las medidas sanitarias de restricción contra la pandemia en el sector de la hostelería se refirió a los epidemiólogos como médicos de cabecera “con un cursillo”. Es cierto que Garrido pidió disculpas por su boutade, pero ahí quedó la prueba, la evidencia, que en cierta manera venía a justificar las nuevas doctrinas que se abren paso en el siglo XXI como el trumpismo negacionista de nuevo cuño.
En las últimas horas hemos asistido a otro preocupante caso de jurista que se deja llevar por sus bajas pasiones políticas y se olvida de la dignidad que supone vestir una toga con puñetas. Hablamos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, quien el pasado lunes, y tras ser preguntado por un canal de televisión local sobre las disquisiciones democráticas del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se permitió sentenciar algo tan grave como que “la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”. La frase tiene su miga, no solo por lo que entraña de reaccionaria y sectaria, sino porque supone una clara injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo a todas luces reprobable.
Los dogmas políticos de Concepción le interesan bastante poco al personal tratándose de un funcionario pagado por el Estado cuya obligación básica es administrar justicia, es decir, interpretar y aplicar las leyes según su buen saber y entender. Pero su señoría decidió atravesar esa delgada línea roja que trazó en su día Montesquieu y se metió en una cruzada o guerra fría en la que ya ha habido varios daños colaterales: en primer lugar, su propia imagen como jurista atemperado y racional que no debería dejarse llevar por la víscera y la bilis; en segundo término el Poder Judicial, por el daño a la credibilidad que sufre ante opiniones de esta guisa; y por último la democracia misma. ¿Qué estará pensando a esta hora ese ciudadano o abogado de ideas comunistas que tiene pendiente un juicio con Concepción en los próximos días? Sin duda, que ha perdido el pleito de antemano y sin remedio.
Pero ya puestos a rebatir con el magistrado antibolchevique y guardián de las esencias patrias, habría que recordarle que si hoy disfrutamos de una democracia en este país es precisamente porque el Partido Comunista, en su día, renunció a los valores totalitarios para integrarse en el sistema democrático liberal. Al despojarse del sueño de la dictadura del proletariado y abrazar el modelo capitalista, el PCE hizo la evolución y dejó atrás la revolución, llevó a cabo la catarsis, un sano ejercicio intelectual que algunos jueces de hoy todavía tienen pendiente (en este caso el recorrido desde dogmas reaccionarios hasta posicionamientos moderados, o sea el punto medio que es donde está la virtud). De hecho, la Constitución que tanto dice defender Concepción está plagada de aportaciones izquierdosas salidas de las asambleas comunistas y plasmadas en las ponencias de Jordi Solé Tura, el padre rojo de la Carta Magna al que hoy las derechas quieren negarle la legitimidad de su gran legado político.
Pero volviendo al inicio de este artículo, y a la tesis de que todo juez tiene derecho a expresar sus opiniones políticas, como no podía ser de otra forma, la duda surge en si esas opiniones son presentables cuando van al extremo de quedar fuera de las reglas del juego democrático, como son el respeto al adversario, el pluralismo, la tolerancia y el reconocimiento de que el que piensa de forma diferente tiene tanto derecho como el que más a defender sus ideas y a participar en política. Colocarse en esa teoría conspiranoica que circula en los mentideros ultraderechistas y que advierte de la inminente invasión troskista, deslegitimar a la izquierda (hoy la víctima es el comunista, mañana puede ser el socialista y hasta el centrista liberal) es simple y llanamente romper la baraja, caer en el autoritarismo y liquidar la democracia que se dice proteger.
Ayer mismo, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez, designada a propuesta de IU, remitía un escrito al presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, pidiéndole que la institución manifieste públicamente “su absoluto y total rechazo a las declaraciones vertidas” por el responsable del TSJ y adopte “las medidas gubernativas y disciplinarias” contra él. Más si cabe teniendo en cuenta que el magistrado anticomunista es reincidente por haber cuestionado la exhumación de los restos de Franco y el estado de alarma por la pandemia. Lamentablemente, de Lesmes no se puede esperar grandes cosas ni una reacción contundente y todo quedará en un amable tironcillo de orejas pidiéndole al magistrado “moderación, prudencia y mesura”, como ya ha ocurrido otras veces.
Por descontado que se puede ser juez y conservador (es necesario que en este mundo haya de todo como en botica, magistrados de derechas y progresistas, tigres y leones), pero lo de Concepción no es solo conservadurismo, es mucho más, roza el tic reaccionario: ese que niega la legitimidad, el pan y la sal a los que no piensan como él. Su señoría es otro que va de demócrata de pedigrí y no ha entendido nada. Ni siquiera de qué va esto de la democracia.