La II República Española, proclamada el 14 de abril de 1931, abrió un nuevo capítulo en la historia, con una agenda reformista que buscaba modernizar las instituciones, promover la justicia social, y establecer un Estado laico. Sin embargo, este proyecto ambicioso se encontró con la resistencia de un poder judicial anclado en el conservadurismo y en la defensa de intereses tradicionales. En su libro ‘Jueces contra la República: El poder judicial frente a las reformas republicanas’ (2024), el historiador Rubén Pérez Trujillano explora cómo la judicatura, lejos de ser un mero árbitro imparcial, desempeñó un papel crucial en la obstrucción de las reformas republicanas, contribuyendo a la crisis del régimen democrático y, eventualmente, al colapso de la República, como está ocurriendo en la actualidad, con la oposición judicial al Gobierno de Sánchez.
La resistencia judicial a las reformas republicanas
Según Pérez Trujillano, el poder judicial durante la II República se opuso de manera sistemática a las reformas más emblemáticas del nuevo régimen. La secularización del Estado, la autonomía regional, y las medidas de justicia social fueron todas ellas vistas con recelo por un cuerpo de jueces que, en su mayoría, provenía de una tradición conservadora y católica profundamente arraigada. Los jueces de la época, lejos de alinearse con el espíritu reformista de la Constitución de 1931, utilizaron su poder interpretativo para frenar las iniciativas del gobierno republicano, socavando su autoridad y legitimidad.
Este conflicto entre la judicatura y el gobierno republicano no solo refleja las tensiones inherentes a un proceso de cambio tan profundo, sino que también muestra cómo el poder judicial puede convertirse en un bastión de resistencia frente a las reformas democráticas. En su análisis, Pérez Trujillano destaca cómo esta resistencia judicial contribuyó a crear un clima de inestabilidad política que, junto con otros factores, condujo al colapso de la II República y al estallido de la Guerra Civil en 1936.
Paralelismos con la situación actual: jueces contra el Gobierno de Pedro Sánchez
La historia parece repetirse en muchos aspectos, y los desafíos enfrentados por la II República encuentran eco en la España contemporánea. En la actualidad, la resistencia de ciertos sectores del poder judicial a las reformas impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez plantea inquietantes paralelismos con la situación de los años 30 del siglo pasado. La amnistía a los líderes independentistas catalanes, por ejemplo, ha sido uno de los temas más controvertidos y que ha generado una oposición frontal no solo en el ámbito político, sino también en el judicial.
Al igual que durante la II República, algunos jueces actuales han adoptado una postura que parece ir más allá de la interpretación imparcial de la ley, mostrando una inclinación hacia la protección de un orden establecido que perciben amenazado por las políticas del gobierno. Las críticas y ataques directos al presidente Pedro Sánchez desde ciertos sectores judiciales y mediáticos recuerdan, en cierto modo, la hostilidad que enfrentó el gobierno republicano cuando intentó implementar sus reformas.
La Amnistía y la justicia: un nuevo campo de batalla
La propuesta de amnistía para los líderes del procés ha suscitado una intensa discusión, y algunos jueces han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que pone en riesgo la unidad de España y la igualdad ante la ley. Sin embargo, esta oposición no se limita al ámbito legal, sino que refleja una profunda división ideológica que recuerda la polarización de la España de los años 30. Los jueces que hoy se posicionan contra esta medida parecen estar defendiendo no solo un marco jurídico, sino también una visión particular del Estado y la sociedad, similar a lo que ocurrió durante la II República, cuando el poder judicial se erigió como un defensor de un orden social tradicional frente a las reformas democráticas.
La situación actual también muestra cómo el poder judicial puede influir de manera significativa en el debate político, afectando la capacidad del gobierno para implementar su agenda reformista. La resistencia judicial a la amnistía y otros proyectos de ley, junto con los ataques directos al presidente del Gobierno, reflejan una lucha por el control del Estado y el poder que tiene reminiscencias inquietantes con los eventos que precedieron a la Guerra Civil.
Reflexiones sobre el papel del poder judicial en una democracia
El libro de Rubén Pérez Trujillano nos invita a reflexionar sobre el papel del poder judicial en una democracia. En su análisis de la II República, muestra cómo una judicatura alineada con intereses conservadores puede convertirse en un obstáculo formidable para la implementación de reformas democráticas. Este es un mensaje que resuena con especial fuerza en el contexto actual, donde las tensiones entre el poder judicial y el gobierno parecen estar alcanzando un punto álgido.
La experiencia de la II República nos enseña que la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia, pero también que esta independencia debe ir acompañada de un compromiso con los valores democráticos y con la defensa de los derechos fundamentales. Cuando el poder judicial se convierte en un actor político que defiende intereses particulares o ideológicos, corre el riesgo de desestabilizar el propio sistema democrático que está llamado a proteger.
Lecciones del pasado para el presente
La historia de la II República, tal como la presenta Rubén Pérez Trujillano en su obra . Jueces contra la República: El poder judicial frente a las reformas republicanas. Dykinson, Madrid, 2024, nos ofrece lecciones valiosas sobre los riesgos que enfrenta una democracia cuando el poder judicial se convierte en un actor que obstaculiza el cambio social. Estas lecciones son particularmente relevantes en la España de hoy, donde el equilibrio entre los poderes del Estado sigue siendo un tema de vital importancia para el futuro de la democracia.
Durante la II República, hubo varios jueces que, con sus decisiones, boicotearon las reformas impulsadas por el gobierno republicano. Uno de los ejemplos más destacados es el caso del magistrado Manuel Martínez Gargallo, quien, en repetidas ocasiones, dictó sentencias que contravenían las leyes republicanas, especialmente en lo que respecta a la Ley de Reforma Agraria de 1932. Esta ley, destinada a redistribuir tierras entre los campesinos, fue objeto de numerosas trabas judiciales. Martínez Gargallo interpretaba la ley de forma restrictiva, favoreciendo a los terratenientes y bloqueando la expropiación de grandes fincas, lo que frenó significativamente la aplicación de la reforma.
Otro ejemplo relevante es el juez Eduardo Aunós, conocido por su férrea oposición a la secularización del Estado y la separación entre Iglesia y Estado. Aunós, desde su posición en el Tribunal Supremo, emitió sentencias que protegían los privilegios de la Iglesia católica, desestimando casos relacionados con la expropiación de bienes eclesiásticos y la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Su resistencia a la aplicación de estas leyes contribuyó a mantener la influencia de la Iglesia en la vida pública, a pesar de los esfuerzos del gobierno republicano por limitar su poder.