El juez Peinado ya tendría que estar jubilado. Entró en la judicatura a los 40 años tras dejar su puesto de funcionario en un ayuntamiento. En septiembre cumplirá 70 y recientemente ha prorrogado su jubilación hasta el máximo permitido: 72. En sus cerca de 30 años en la carrera ha pasado por juzgados de Arenas de San Pedro (Ávila), Talavera, Getafe y Madrid. En 2013 se presentó sin éxito como candidato a vocal independiente para el CGPJ y en 2019 intentó cubrir la plaza de juez de refuerzo del juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón. Pero no lo consiguió. Hoy se esfuerza por procesar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Los jueces tienen fijada su edad de jubilación a los 70 años, pero si lo solicitan pueden permanecer un par de años más en la carrera. En la misma situación se encuentra el juez Manuel García Castellón, que instruye causas de trascendencia política en la Audiencia Nacional como es el caso Tsunami o las piezas de Púnica, y que pidió continuar en el puesto hasta los 72 años que cumple en octubre, si bien en los últimos días se han publicado informaciones que apuntan que podría abandonar su puesto un poco antes, según El Periódico de España. Otro magistrado crepuscular dispuesto a inmolarse por la causa. Otro que lo da todo por la patria al que ya no le importa lo que le pase.
En similar situación se encuentran algunos vocales del Poder Judicial que llevan cinco años con el mandato caducado y que se mantienen en sus cargos por la negativa del PP a sentarse a negociar la renovación con el PSOE, tal como establece la Constitución. En las próximas horas se reunirán para redactar un escrito y darle un tirón de orejas a Sánchez por sus críticas al sector conservador de la judicatura. La praxis, por tanto, está meridianamente clara. La derecha está lanzando a sus soldados de la Justicia contra el barco de Sánchez como aquellos pilotos kamikazes del imperio japonés que se arrojaban contra la flota norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. El portaaviones, en este caso, es el sanchismo (ya ha sufrido varios impactos) y el imperio nostálgico que da sus últimos coletazos esa brigada de jueces reservistas siempre de guardia y presta al sacrificio.
Hoy Peinado se encarga del caso Begoña Gómez (un asunto que se ha sacado de la manga él mismo en contra del criterio de la Fiscalía y de los informes de la UCO). Se ha empeñado en sentar en el banquillo de los acusados a la esposa del presidente del Gobierno a sabiendas de que su carrera profesional está a punto de terminar. Y lo que es peor: ha decidido entrar en campaña electoral, notificando actuaciones judiciales contra Gómez y haciéndole el caldo gordo al PP a las puertas de las europeas. No es que esté prevaricando, es que con su injerencia en los comicios, está haciendo política, que es todavía peor. ¿Qué puede salirle mal al magistrado si finalmente no encuentra pruebas contra la primera dama en su investigación prospectiva? Nada, sería inhabilitado, algo que a él ya le da bastante igual, puesto que tiene los dos pies fuera de la judicatura. Así que no tiene nada que perder. Es el instructor perfecto, el hombre ideal para los intereses de la derecha. Alguien que active la bomba y luego se largue del lugar de los hechos, sin más.
Por lo que respecta a Peinado, si agota el nuevo plazo de actividad que se le concedió podrá investigar las diligencias acordadas sobre Begoña Gómez hasta principios de 2026. Por el momento, su decisión de abrir este procedimiento ha sido recurrida por la Fiscalía Provincial de Madrid en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid, hurtando al magistrado la resolución de un recurso de reforma que tendría que resolver él mismo.
Peinado escribió ayer su propia carta a la ciudadanía para defenderse de las acusaciones de lawfare y de estar conchabado con el PP que le atribuye Moncloa. Así, asegura que “no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida” que haya anunciado la citación como investigada de la esposa de Pedro Sánchez en plena campaña.
En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responde a la afirmación del presidente del Gobierno, que en su carta a la ciudadanía señaló que existe una “norma no escrita” consistente en no dictar resoluciones “susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral”, en alusión a la providencia por la que acordó la citación de Gómez para el próximo 5 de julio.
“La costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley”, asegura el juez Peinado en esta nueva resolución, en la que incide en que nada le impide “continuar el impulso de cualquier instrucción en curso”.
Por otro lado, el magistrado ha anunciado que tomará declaración –la misma será utilizada como prueba preconstituida– como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés desde el hospital donde se encuentra ingresado por problemas de salud. En concreto, pide a la gerencia y la dirección médica del 12 de octubre para que “informe los días y horas de la semana comprendida entre el 17 y 23 de junio en que puede llevarse a cabo dicha diligencia de investigación”.