“Por fortuna, si antes no se les hiciera justicia en otra instancia (A Rodríguez y García Ortiz), hoy hay jueces en Luxemburgo”. Lo dice nada más y nada menos que un magistrado emérito del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, quien escasamente cree en la imparcialidad de sus compañeros de la sala segunda tras haber visto cómo ha evolucionado la instrucción de Ángel Hurtado. Nadie con un poco de sentido común en la judicatura valida la instrucción de este magistrado y todos dan por segura una condena cuando el fiscal general se siente en el banquillo. Sólo se confía en el voto particular en solitario de la progresista, Ana Ferrer, pero, por lo demás, a Rodríguez y a García Ortiz les va a caer una condena por revelación de secretos de, al menos, un año de cárcel que no cumplirán pero quedarán incapacitados para ejercer su labor porque, tal y como señalan los expertos, “dirigir la fiscalía y sentarse en el banquillo de los acusados al mismo tiempo no es posible sin condicionar el instrumental a utilizar por la defensa, ni tensionar las costuras del sistema más allá de lo aconsejable. Así, ¿sería realista imaginar al fiscal general acusando de prevaricación al juez que ha instruido?”. El objetivo en esta causa de la extrema derecha representada por Manos Limpias, Hazte Oír y Vox está cumplido de sobra.
Según dicen en la Unión Progresista de Fiscales que de estas cosas saben mucho más que algunos analistas leguleyos, “el instructor toma meras elucubraciones por indicios”. En su auto de conversión en procedimiento abreviado, de 51 páginas, el juez se “olvida” de que la cúpula fiscal se movilizó para desmentir un bulo difundido desde la presidencia de la Comunidad de Madrid que el propio jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció en sede judicial en calidad de testigo con obligación de decir la verdad, que había filtrado al periódico El Mundo una información tergiversada. Era lógica la reacción de García Ortiz y los suyos. ¿Qué esperaba el instructor? ¿Qué se quedaran de brazos cruzados?. Se confeccionó una nota impecable. Ángel Hurtado no tiene en cuenta que en el Estatuto Fiscal se regula las relaciones del ministerio público con la prensa. Y es que, además, sus compañeros dieron por bueno el comunicado.
Luego está el desproporcionado registro de la UCO en la sede de la FGE en la madrileña calle de Fortuny. Hasta un fiscal que actúa como parte acusadora andaba por las dependencias no se sabe con permiso de quien. Los investigadores tenían orden, en principio, de recoger y analizar los soportes digitales de las semanas anterior y posterior al 13 de marzo de 2024. Pero fueron más allá y en el sumario aparecen mensajes y correos seis meses posteriores. El juez sólo pidió a las partes discreción en torno a esas comunicaciones algunas de las cuales se referían a actuaciones de la fiscalía que pueden ser consideradas sensibles, incluso que afectan a la seguridad del Estado. Igual que, siete años después, están apareciendo conversaciones referidas a la guerra sucia llevada a cabo por la anterior cúpula del PP, nadie garantiza que esos mensajes de fiscalía no salgan a la luz pasado un tiempo prudencial.
Existen muchas otras lagunas en el auto del juez Hurtado como es la convicción de los investigadores de que “García Ortiz tuvo una actuación preeminente en la filtración”. ¿A que se refieren en concreto? Porque hay testigos periodistas que han declarado que tenían la confesión de González Amador mucho antes del día 13. Además, ahí está el testimonio de un abogado del Estado que asegura haber recibido el correo del letrado de González Amador mucho antes de que se iniciara el escándalo. Y Carlos Neira manifestó que envió la oferta de pacto a un “correo genérico de la fiscalía” al que tienen acceso al menos 500 funcionarios. Cualquiera pudo manejar esa oferta de acuerdo. También están las contradicciones entre Neira, y su cliente, Alberto González Amador, sobre si este aceptó declararse culpable de dos delitos fiscales. En estos casos el juez suele llamar a los testigos para un careo. Hurtado no lo hizo.
Los compañeros del magistrado, casi con toda seguridad, rechazarán los recursos que se presentarán. Han aceptado las tesis del instructor durante todo el procedimiento. Sólo le corrigieron para que el denunciante, la pareja de Díaz Ayuso, y su abogado, declarasen, así como los cuatro periodistas que habían firmado ante notario una declaración exculpatoria de García Ortiz. Y poco más. Incluso, de una manera que, aunque no sea irregular sí llama la atención, Hurtado permitió la personación de Vox en el último momento de la instrucción lo que permitirá a los abogados del partido de extrema derecha participar en el juicio.
Un juicio que, dada su trascendencia mediática, va a estar presidido por el titular de la sala de Lo Penal, en funciones, Andrés Martínez Arrieta. Por mucho que los conservadores se empeñen en calificar a este juez de “progresista” en la plaza de la Villa de París todos hablan de que obedece ciegamente las consignas de Manuel Marchena que tuvo que dejar el cargo por conclusión de mandato y que, entre sus últimas actuaciones, figura la del auto en el cual se abrió la investigación al fiscal general del Estado y a la fiscala jefa de Madrid.
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial intentan, dadas las circunstancias, llegar a un acuerdo con los conservadores para sustituir a Martínez Arrieta, pero el movimiento, dadas las circunstancias, parece prácticamente imposible. Lo hacen con el propósito de que la presidencia del tribunal que juzgará a Rodríguez y García Ortiz sea lo más imparcial posible.
Por lo tanto, Martínez Arrieta será el que tenga la llave del futuro de García Ortiz. Eso sí, detrás suyo estará Manuel Marchena el juez estrella de la derecha que, nunca debemos olvidar, fue el que condenó a los líderes independentistas catalanes, el que se opone radicalmente a que se les amnistíe, el que acaba de publicar un libro en el que advierte de que la independencia judicial está en peligro, y el que tuvo que renunciar a ser presidente del CGPJ por la indiscreción de un portavoz popular en el Senado que dijo que con su presencia “tenemos asegurado el control del Supremo por la puerta de atrás”.
Tal y como dice el magistrado emérito, Perfecto Ibáñez, a García Ortiz sólo le va a quedar el recurso al TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque su juicio adolece de las suficientes garantías. Lo que pasa es que llegará tarde si, al final, tiene que acudir a esa instancia. Y por mucho que los jueces europeos sentencien su inocencia por falta de pruebas, habrá llegado su hora y su dimisión habrá sido un golpe durísimo justo en la línea de flotación del gobierno progresista.