Los únicos que tienen cierto grado de sensatez en este despropósito en que se ha convertido la justicia española son los jueces y fiscales progresistas. Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, aun identificándose con los motivos que esgrimen las asociaciones conservadoras, creen que es necesario esperar al 3 de mayo, cuando se van a reunir con representantes del Gobierno.
Este, sin embargo, tiene todas las papeletas para que la convocatoria prospere porque si hay una ministra más inepta dentro del gabinete que preside Pedro Sánchez, esa es la ministra, Pilar Llop. Es la responsable de haber abierto la caja de pandora de una justicia caótica con la subida salarial a los letrados de la administración de justicia. Los funcionarios hacen paros parciales indefinidamente hasta que no se hable con sus representantes de una equiparación retributiva similar a sus superiores en los juzgados, y los jueces y fiscales no se quieren quedar rezagados. La broma va a costar cientos de millones de euros a las arcas públicas.
Pero no olvidemos el componente político de la huelga indefinida convocada por unas asociaciones judiciales identificadas con los principios de la derecha conservadora. Porque esta es una huelga política, se quiera o no. Perjudica a los ciudadanos y se convoca en plena campaña electoral.
Para muchos observadores, esta movilización forma parte de la estrategia que lleva a cabo el PP para desgastar al Gobierno. Empezó con la negativa ilegal e inconstitucional a renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva casi cinco años con el mandato de sus vocales caducado y que pronto tendrá otro serio problema ya que Rafael Mozo, su presidente “provisional”, “en funciones” o como se le quiera llamar, se jubila. Y vamos a ver cómo se resuelve la cobertura de su vacante. La situación es cada vez mas insostenible y el PP se frota las manos porque sabe que eso provoca un desgaste sin precedentes para el gobierno de Pedro Sánchez que lo pagará en las elecciones generales de finales de año.
Y si encima logran convertir la administración de justicia en un auténtico caos, el éxito de su estrategia está asegurado. Para ello empezaron con un colectivo como es el de los letrados de la administración de justicia muy sospechoso de corporativismo y de ideología conservadora. De hecho, la principal formación convocante de su protesta fue el Colegio de Letrados controlado por la derecha judicial más reaccionaria.
La actitud más extraña la mantienen los sindicatos de clase que se han convertido en comparsas de esta estrategia convocando la huelga de los funcionarios por considerar que éstos han sido agraviados salarialmente tras el acuerdo alcanzado con los letrados que sirvió para acabar con el paro.
Y ahora, lo que ya se veía venir: los jueces y los fiscales de signo conservador preparan su protesta que acabará por destruir la poca credibilidad que le queda a la justicia de este país.
Es revelador que los dirigentes del Partido Popular, encabezados por su presidente Alberto Núñez Feijoo, cenasen con los representantes de las asociaciones de fiscales justo en vísperas del anuncio de las movilizaciones. Con las asociaciones de los jueces no les hacen falta este tipo de encuentros. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura está muy cerca de convertirse en la correa de transmisión del PP. De hecho, esperan con ansiedad el triunfo en las elecciones generales de los conservadores para que lleven a cabo la tan ansiada reforma del poder judicial que les facilitará el acceso, casi como monopolio, del CGPJ. Es decir, hacerse con el poder. A partir de ese momento, audiencias territoriales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo se pondrán en manos de jueces y magistrados afines o de la total confianza de sus dirigentes. La APM va a ser la que reamente domine la justicia en España. Y la Francisco de Vitoria y Foro Judicial se limitarán a ser comparsas mientras que se reducirá a la mínima expresión a los progresistas de Juezas y Jueces para la Democracia.
Por eso interesa la huelga justo en plena campaña electoral de las municipales y autonómicas. Es como un experimento de lo que se hará hasta noviembre, cuando se disuelva el parlamento. Hasta entonces jueces, fiscales y el resto de funcionarios de las administraciones de justicia, tanto a nivel del ministerio como de las comunidades autónomas van a tener paralizada la justicia en este país.
Y en el ministerio, ni Pilar Llop ni sus mas directos colaboradores saben como resolver la situación. Alguno de ellos, Tontxu Rodriguez, secretario de estado de justicia, advirtió en la huelga de los LEAJS, de los efectos que se producirían si se aceptaban las reivindicaciones de los huelguistas.
Para evitar males mayores se decidió claudicar. Y las consecuencias han sido servir en bandeja los argumentos suficientes para que se convoquen unas protestas que no tienen otro objetivo que desgastar al gobierno progresista y a la izquierda en general de cara a los comicios generales. Y Pilar Llop sin enterarse. Por eso es la principal responsable de todo este desaguisado.