Un mes más le ha dado la sección 23 de la Audiencia de Madrid al juez Peinado para que subsane los “errores de forma” necesarios para que sus miembros puedan resolver los recursos presentados. Treinta días que dan para muchas cosas, entre otras, seguir con los interrogatorios y las filtraciones interesadas. El espectáculo de una instrucción que casi todo el mundo califica, ya, de “prospectiva” en la cual el objetivo está claro: la persecución del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de unas investigaciones a su esposa, Begoña Gómez, que no se acaban de concretar y, encima, adoptando decisiones contradictorias que seguramente darán lugar a la ampliación de la querella por prevaricación contra el juez presentada por los abogados de Gómez y la abogacía del Estado. Qué casualidad que ese “error de forma” sea el “olvido” del auto en el que Peinado amplía su investigación a “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su esposo es presidente del gobierno de España y que se describen en la denuncia inicial”. Un documento fundamental de cuya falta los miembros de la Audiencia Provincial responsabilizan a la LEAJ, la letrada de la administración de justicia, la funcionaria responsable de la tramitación.
La letrada no dedujo “testimonio integro” de la causa tal y como advierten los miembros de la sección 23, y, por lo tanto, no pueden resolver los recursos presentados. La solución ha sido pedir la documentación que falta y dar un plazo de treinta días para subsanar las deficiencias señaladas. En esos treinta días, Peinado tiene previsto seguir con las actuaciones. Tiene citados a varios testigos y podrá iniciar los trámites para investigar la nueva pieza separada sobre la presunta apropiación por parte de Gómez de un software de la Universidad Complutense. Esa pieza separada procede de una nueva denuncia interpuesta por Hazte Oír que recayó en el juzgado 48 cuyo titular la remitió a su compañero Peinado para adjuntarla a la investigación que lleva a cabo.
La apropiación de este software es la mejor excusa del juez para mantener este espectáculo circense que ya ha sido calificado de insólito por gran parte del mundo jurídico de este país, incluidos algunos destacados miembros de la llamada derecha judicial. La Audiencia de Madrid avala la apertura de esta investigación por lo que, de momento, el juez no debe tener problemas en torno a esta pieza separada. Peinado sigue sin encontrar pruebas para imputar a Gómez de un delito de tráfico de influencias. Siguen pesando los informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil en los que se señala que no existen irregularidades en la concesión de las ayudas a las empresas de Carlos Barrabés. Por lo tanto, las líneas de esta investigación deben encaminarse hacia otros derroteros.
Y nada mejor que el famoso software. Pero hasta el momento no han aparecido evidencias sobre una supuesta apropiación indebida por parte de Gómez de este programafinanciado por empresas privadas a favor de la cátedra que ella codirigió en la UCM. Es más, ese programa informático, que ahora es motivo de las nuevas diligencias, se ofrece así en la página web en pruebas que Gómez habilitó por indicación de la Universidad: “su uso no tiene ningún coste; es gestionado por la Complutense y el resto de colaboradores sin ánimo de lucro”.
Lo que pasa es que la apertura de esta línea de investigación va a permitir al juez la citación de nuevos testigos que, de una manera u otra, revelarán aspectos que no interesan al sumario, pero sí al pool de extrema derecha que actúa como acusación en la causa. Unos aspectos que no tardarán en filtrarse a los medios afines que los manipularán bajo esperpénticos epígrafes como ese en el que hablaban de “la histórica declaración de Pedro Sánchez ante el juez”. Es la campaña de desprestigio contra el inquilino de La Moncloa que los ultras van a sostener como sea después de haber comprobado que esta es la forma de hacer daño al presidente, las acusaciones dirigidas a su entorno familiar.
Y la han encontrado en la figura de un juez anónimo hasta que se encontró con este caso, Juan Carlos Peinado, que ni siquiera puede alardear de un curriculum profesional en el seno de la judicatura, que le faltan dos años para jubilarse, por eso no le altera lo que puedan decir de él, y que, además, está bajo sospecha de relacionarse con el Partido Popular. Su hija es concejala de la localidad madrileña de Boadilla del Monte por la formación de Núñez Feijóo.
Pero Peinado puede encontrarse ahora con un serio problema que le pone al borde de la prevaricación por mucho que intente colocar el “error” cometido a su subordinada, la letrada de la administración de justicia. La Audiencia de Madrid le pide que le remita testimonio integro de la causa de Begoña Gómez. El juez no lo ha hecho dejando fuera el recurso de apelación contra el auto dictado en el que se delimita el objeto de la investigación en los siguientes términos: “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su esposo es presidente del gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”.
Esta frase reviste muchísima gravedad porque el ponente de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, el magistrado Enrique Bergés, que será el que resuelva este recurso de apelación, fue el mismo que ordenó a Peinado que “la investigación se limitase a los hechos sobre los que existe base objetiva, debiendo el instructor dar las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora, dado el carácter genérico inicial del oficio”. Los hechos sobre los que existía “base objetiva” para abrir una investigación eran, según Bergés, los contratos adjudicados a Barrabés en un concurso público porque el empresario incluyó en su oferta una carta de apoyo, junto a otras 31 de firmas e instituciones con idéntica redacción, firmada por Begoña Gómez como codirectora de la cátedra de la Complutense.
Sin duda, a Peinado le va a estallar esta resolución en las manos. Pero mientras tanto tiene un mes más y si, al final como todo parece indicar, acaba por ser juzgado por prevaricación ya estará jubilado y este delito no se pena con cárcel sino con inhabilitación. Y ya le dará lo mismo. Ya nadie le quitará estos meses de gloria.