Cabe la posibilidad de que las diligencias informativas abiertas por el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ni siquiera acaben en la apertura de un expediente al juez Juan Carlos Peinado como consecuencia de las quejas del ministro Félix Bolaños por la forma en la que se llevó a cabo su interrogatorio y la exposición razonada al Supremo en la que pedía su imputación en el caso Begoña Gómez. Los medios conservadores argumentan que los hechos motivo de las quejas son “competencia exclusiva del juez”. Y es cierto. El título VI de la Constitución indica que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. Por lo tanto, en el CGPJ no pueden señalar a los jueces la forma en que deben desarrollar sus funciones. Pero es que hay más. En el improbable supuesto de que Conde procediese a la apertura de un expediente tendría que comunicarlo a la comisión permanente que podría confirmar su decisión o revocarla. Y con la bipolarización actual en el seno de organismo, con una composición empatada entre los vocales progresistas y conservadores y con una presidenta obsesionada con el acuerdo, lo más probable es que el asunto acabe por archivarse. El entorno de Bolaños dice que la finalidad de estas denuncias es que sirvan “para evitar que continúen comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la justicia”.
No están las cosas en el seno del CGPJ como para entrar en un debate sobre las formas del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Es más, el bloque progresista no es todo lo compacto que parecía en un principio, con un vocal, propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, que ya ha votado en alguna ocasión con el bloque conservador. Sus diez miembros han logrado imponer su mayoría gracias, también, a que la presidenta, Isabel Perelló, se ha posicionado favorablemente con algunas de sus propuestas.
Así las cosas, no parece clara la apertura de un expediente a Juan Carlos Peinado que podría acabar en una sanción que oscila desde el apercibimiento pasando por una multa de 6.000 euros hasta el traslado forzoso, incluso la separación de la carrera judicial.
Además, hay que tener en cuenta que el titular de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, lleva ocupando el puesto desde septiembre de 2017, con el anterior consejo de mayoría conservadora y una reputación lamentable por esos cinco años que estuvo “en funciones”. Fue nombrado por Carlos Lesmes, con el que mantiene una estrecha relación. Fue su asesor cuando ocupó una dirección general en el gobierno de Aznar. Pero es que él también estuvo ese mismo cargo, director general de relaciones con la Administración de Justicia, con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro, desde 2012 hasta 2016. Es conservador. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura de la que es miembro activo, y a este curriculum hay que añadir que fue jefe del servicio de formación continua de la Escuela Judicial, uno de los organismos más cuestionados por el adoctrinamiento a que someten a los aspirantes a jueces.
Durante su mandato en la anterior etapa como promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ archivó la denuncia de una organización feminista contra el magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, Ricardo González, que fue el que firmó el voto particular en el que solicitaba la absolución de los miembros de La Manada. Conde entendió que no podía actuar de oficio por expresiones ofensivas de un juez si no media antes un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Tampoco se le podía sancionar por ignorancia inexcusable de sus deberes judiciales puesto que actuó ejerciendo su función jurisdiccional. Se apartó voluntariamente en otra denuncia contra su amigo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el juez ultra José Luis Concepción, quien, en unas declaraciones al Diario de Burgos, criticó la presencia en el gobierno de Pedro Sánchez de ministros de Unidas Podemos. El periodista le recordó que pertenecen a un partido legal que se presenta con normalidad a las elecciones. Es entonces cuando el magistrado respondió que "también el Partido Nacional Socialista llegó al poder por las urnas en Alemania en 1933, y no hay que recordar las consecuencias que acarreó su victoria”. El sustituto de Conde archivó la demanda.
En su historial hay multitud de resoluciones controvertidas, pero una de las últimas suscitó gran polémica. Archivó la queja contra el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien manifestó públicamente, a propósito de la ley del sólo si es sí, que “de repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento… Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes… Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás". Conde cree que tales declaraciones las efectuó “a título personal”. El promotor de la Acción Disciplinaria no tuvo en cuenta que Velasco hizo tales manifestaciones en una conferencia en la que participaba “en calidad de juez “. Velasco participó en un gobierno del PP en la Generalitat valenciana.
Con todos estos antecedentes es bastante probable que Conde decida archivar la demanda presentada por Bolaños contra Peinado, un juez con relaciones familiares en el Partido Popular, que presentó un “escrito razonado” al Supremo para pedir la imputación del ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes por “falso testimonio” durante su interrogatorio, y que la sala de Lo Penal rechazó tajantemente argumentando la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud de la participación de la persona aforada en los hechos”.
Hay razones suficientes como para sancionar a Peinado, pero, ni la personalidad del responsable de abrirle expediente como se acaba de comprobar, ni la bipolarización del órgano de los jueces permite pensar que vaya a prosperar, ni siquiera, la apertura de un expediente. Como viene siendo costumbre, Peinado seguirá haciendo de las suyas sin reproche alguno por parte de sus superiores.