Aunque parezca una aberración, las fotografías y los audios que han aparecido en los últimos días en la relación de la vedette Bárbara Rey con el emérito Juan Carlos I tienen mucho que ver con la justicia. Y, sobre todo, con los casos de corrupción sentenciados en los noventa del siglo pasado donde aparecen relevantes empresarios de la época. Periodistas muy vinculados a la Casa Real lo han podido decir más alto, pero no más claro. Las filtraciones obedecen a un montaje cuya “garganta profunda” nadie se atreve a señalar.
Está muy claro para quien conozca lo que pasó en los tribunales en la década de los noventa. La pista hay que buscarla en los poderosos empresarios de este país que fueron represaliados por la justicia por haber cometido graves delitos durante su gestión. Mario Conde, Javier de la Rosa y Manuel Prado y Colón de Carvajal están en el punto de mira. Ellos aseguraron, en su momento, tener esos documentos que ahora han aparecido. La opinión pública puede preguntarse porqué ahora. La respuesta es bien sencilla. La venganza es un plato que se sirve frio. Lo advirtieron. Tarde o temprano darían a conocer esos documentos que suponen el certificado de defunción de la monarquía.
Para tirar del ovillo que puede llegar hasta el propietario de los documentos que comprometen al rey emérito, hay que indagar en el CESID de los ochenta hoy CNI, el centro de espionaje. Hay un personaje que, por cierto, el Tribunal Supremo le acaba de negar su rehabilitación y una indemnización, que era el jefe del “gabinete de escuchas” de los espías de la época. El teniente coronel Juan Alberto Perote era el encargado del centro que entonces dirigía el general Emilio Alonso Manglano. El abogado de Perote, el ya fallecido, Jesús Santaella, letrado que también llegó a representar al exbanquero Mario Conde, se reunió con Felipe González para comunicarle que en poder del financiero obraban “documentos comprometedores con cuestiones de Estado”.
El propio Conde alardeaba en los aledaños de la Audiencia Nacional cuando estaba siendo enjuiciado por el Caso Banesto, que en su finca sevillana de Los Carrizos de Castillblanco “tenía una habitación llena de videos y grabaciones que comprometen a la más alta magistratura del Estado”. La revelación causó mucho revuelo, pero el empresario nunca fue capaz de hacer públicas esas grabaciones, que se sepa. Al menos hasta ahora. El 19 de septiembre de 1995, el periodista de El País, Ernesto Ekaizer, publicó una información en la que aseguraba textualmente que “en las microfichas sustraídas por Perote existe información muy sensible, de carácter militar, cuya difusión supondría un golpe irreparable para la seguridad del Estado español. El CESID, fuente del saqueo, es desde el punto de vista de la seguridad, el nexo entre España y la OTAN. La presunta sensibilidad del material que pudiera estar en manos de Perote -y potencialmente bajo control de Conde- habría llevado al Gobierno a mantener los citados contactos. Al menos ésa es una de sus justificaciones. Otras fuentes indican que el Gobierno y el presidente necesitaban conocer algunas cartas sucias de Perote y de Conde para su propia estrategia política”. Ahora se asegura que la documentación manejada por Perote iba mucho más allá de los aspectos militares y afectaba directamente a las relaciones personales y económicas de la mas alta magistratura del Estado, el rey don Juan Carlos.
Hay muchos secretos que se ha llevado a la tumba Manuel Prado y Colón de Carvajal, que fue administrador de la fortuna del monarca emérito. Condenado por su participación en el caso Kio, se dice de fue el presunto autor intelectual del famoso asalto a la casa de Barbara Rey buscando la documentación que la vedette decía tener en su poder. Asimismo, se le atribuye la intermediación con la actriz para ofrecerla dinero en efectivo y una serie de colaboraciones en las televisiones públicas a cambio de su silencio. Prado y Colón de Carvajal, igual que ocurrió con el general Alfonso Armada, guardó silencio, pero nadie duda de que poseía documentación sensible cuyo paradero se desconoce. Ahora está en poder de alguien que puede haberla utilizado como venganza. El financiero pidió ayuda al rey cuando la Audiencia Nacional le condenó por apropiación indebida. Nunca la recibió.
El principal acusado en esta operación en la cual la Audiencia Nacional declaró probada la desaparición de 759,5 millones de euros pertenecientes a la filial española de la multinacional kuwaití, Kio, Javier de la Rosa, también presumía de la información que decía tener. De la Rosa llegó a implicar directamente al rey. En conversaciones mantenidas con el conocido como “pequeño Nicolás”, incautadas por la policía, Javier de la Rosa reveló que Arturo Fassana, un bróker implicado en varios casos de corrupción, guardaba 300 millones de las antiguas pesetas, (unos 180.000 euros) pertenecientes a Juan Carlos I en una cuenta, denominada “Soleado”, en la cual aparecen otros importantes políticos de la época, y que, según el financiero, su descubrimiento fue la causa de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón.
Sean fantasías o no, lo cierto es que las amenazas de todos estos personajes se han cumplido. Algunos ya no viven para poder contarlo. Y otros sí, pero callan porque ya no sufren las presiones judiciales que experimentaron en los noventa del siglo pasado. Pero nadie debe olvidar que la venganza es un plato que se sirve frio. Y alguno de los empresarios de los que se ha hablado aquí no se andan por las ramas.