Diario16 es un medio libre, independiente, que basa su línea editorial en la defensa de los valores democráticos y en la denuncia de todo aquello que vaya contra ellos, sea lo que sea y venga de donde venga. Por esa razón, para un determinado grupo de poderosos este medio es incómodo porque en nuestras páginas se cuenta lo que en las alturas no quieren que el pueblo conozca.
No se trata de una guerra o una lucha, sino de dar sentido y honrar a la profesión periodística, cuya función es, principalmente, ejercer el control al poder. Eso es, no sólo cuestión deontológica, sino que es una obligación ciudadana.
El mayor problema que sufre en España está en el tercer poder de la democracia: la Justicia. Puede que haya desafección hacia la clase política, es decir, hacia los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, lo que está sucediendo en los tribunales españoles condiciona la calidad democrática real porque nadie hace nada, los escándalos ya son sistémicos y están pudriendo al estado de derecho.
Si en un país no hay justicia justa, si las resoluciones judiciales están condicionadas de facto por los intereses de los poderosos, de todos los poderosos, entonces se puede decir que se vive en un régimen de dictadura democrática, una dictadura por la cual exísten parcialmente poderes que disfrutan de unos niveles de impunidad superiores a los “dictadores y los reyes absolutistas del pasado”.
Aunque haya cientos que ven en el ejercicio de la profesión de aplicación de las leyes un modo de crecimiento personal, económico o social, lo cierto es que todavía hay otros tantos, muchos más, que no son los de la elite, ni amparados por éstos y sus lobbies, que trabajan sin exigir más de lo que les corresponde, que vuelven a sus casas satisfechos por el deber cumplido y con el sueldo ganado con el sudor de su frente.
En España hay miles de jueces que imparten la Justicia justa a la que tienen derecho todos los ciudadanos. El problema está en que las decisiones justas que adoptan son derogadas por quienes viven en el «lado oscuro del poder». Incluso, a pesar de ello, hay sentencias de las altas instancias que dan un pequeño hilo de esperanza de que no todo está perdido.
En los últimos días, Diario16 publicó la sentencia de un magistrado en la que condenaba a Banco Santander y anulaba todas las cláusulas abusivas de una hipoteca porque no había existido ningún tipo de negociación individual entre el cliente y la entidad.
Casi de manera paralela, y antes de que se iniciara el periodo vacacional de los juzgados, al periodista David Placer se le notificaba que ganaba un pleito en el que el venezolano Jorge Neri Bonilla le denunció por delitos contra su honor. El compatriota del periodista no sabe lo que es el honor. David Placer había publicado una serie de informaciones sobre la relación de Neri con el régimen de Hugo Chávez y con la petrolera PDVSA, con la que, a través de diferentes negocios y relaciones personales, tal y como hemos publicado en Diario16, consiguió presuntamente enriquecerse. Con esa riqueza y otras maniobras lograron introducirse en España, gracias a la intermediación de socios españoles, donde han seguido realizando negocios por los que han sido acusados de fraude, estafa o blanqueo de capitales, entre otras cosas.
Este proceso, tras pasar por diferentes instancias, en las que Placer ganó, luego, tras recurso de Neri, perdió y, finalmente, el periodista ha vuelto a ganar por una decisión judicial justa, demuestra cómo todavía hay jueces que dignifican su profesión, mientras otros que ponen togas y puñetas al servicio de intereses espurios que ni siquiera respetan los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales firmados por España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La solución al problema de la Justicia en España pasa por hacer tabla rasa, por ejecutar una inspección de patrimonio de los jueces y fiscales para verificar cómo se han producido, si es que se han producido, presuntos incrementos patrimoniales imposibles de obtener con un salario oficial de funcionarios al servicio del pueblo y del Estado democrático, desde una Constitución que garantiza el derecho a la igualdad real. Por otro lado, estos funcionarios deberían ser juzgados, en el caso que se diese como humanos que son, por tribunales independientes del CGPJ conformados por juristas de prestigios que no estén sujetos a componendas ni rocen lo "terriblemente humano."
No se puede temblar, no se puede ser pusilánime ante un gravísimo problema que está destrozando la democracia española como si de una plaga de termitas se tratara. Hay miles de jueces justos, de jueces que dignifican su profesión porque son conocedores de la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y que son sabedores de que su moral y ética profesional no tiene precio de ningún tipo porque la Justicia jamás puede ser una cuestión de "debilidades in-humanas."