Los abogados del turno de oficio de Madrid volverán a la calle el 18 de mayo. Esta vez en la Puerta del Sol de Madrid porque el objetivo, ahora, es la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso. Exigen “una remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia gratuita, y el abono de todo el trabajo realizado, de todas las actuaciones que llevan a cabo desde la iniciación pasando por la tramitación, hasta la ejecución del asunto”.
La Comunidad de Madrid tiene transferidas la mayor parte de las competencias en materia de justicia gratuita. El abono medio por procedimiento es de 153 euros, según el último observatorio de la justicia gratuita que elabora el Consejo General de la Abogacía. El letrado factura trimestralmente y cobra entre dos y tres meses después de la presentación de dicha facturación. “Con eso no tenemos ni para vivir”, señala un abogado del turno que tiene un despacho unipersonal.
La guerra entre la abogacía real, la que aglutina a los pequeños y medianos profesionales del sector, y la institucional, los colegios y, sobre todo el Consejo General de la Abogacía de España, más proclives a defender los intereses de los grandes despachos, está servida.
Empezó el pasado 27 de abril con la concentración de varios millares de letrados del turno de oficio, vestidos con sus togas, en demanda de unas retribuciones más justas. Las asociaciones convocantes se quejaron de que la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, no participó en la convocatoria. Sí lo hizo el decano del Colegio de Madrid, Eugenio Ribón, quien dice apoyar las demandas “porque yo tengo un pequeño despacho y también estoy apuntado al turno de oficio”. El ICAM es la corporación con mayor número de abogados en ejercicio, seguido de los de Barcelona y Bilbao. Entre los tres suman casi el setenta por ciento de la profesión, de los 144.642 ejercientes según el XVI observatorio de la justicia que data de julio de 2022.
La brecha retributiva en el colectivo es significativa. Los baremos del turno de oficio de Madrid son para un procedimiento penal general, 500 euros en los que se incluyen todos los gastos generados: desde los desplazamientos para asistencia en departamentos policiales, hasta los gastos de despacho, internet, teléfono, base de datos, y digitalización obligatoria a través del sistema Lexnet para recepción de notificaciones y envío de escritos. Si es un juicio rápido, la minuta baja a los 360 euros. Si son delitos leves, 200. Un juicio civil supone 400 euros y si es un laboral, las demandas que mas crecieron en el último año, 225 euros. Eso en lo que se refiere a los procedimientos del turno de oficio que pagan las administraciones públicas, muchas de ellas con competencias transferidas, mientras que el resto depende del ministerio de Justicia quien, precisamente, ha pactado con los letrados de la administración de justicia una subida en sus retribuciones de 460 euros mientras que a jueces y fiscales les ofrece 500 euros más al mes. El resto, funcionarios judiciales y abogados del turno de oficio, son la cenicienta de este entramado.
Porque si nos salimos del turno de oficio, cuyas retribuciones dependen de las administraciones públicas, nos encontramos con que, en los despachos, los honorarios por procedimiento que recomiendan los colegios oscilan entre los 250 euros por una simple consulta y los 2.100 euros si la cosa requiere de actuaciones en los juzgados. Un recurso llega a costar unos 1.200 euros y la asistencia a un detenido, de 200 a 300 euros. Y eso es el mínimo recomendado que es lo que suelen cobrar los modestos bufetes unipersonales. Si se acude a uno de los grandes, los que emplean a un total de 7.000 abogados, aunque solo una decena supera los 250 letrados en plantilla, la factura puede subir a los 5.000 euros por instancia judicial. Es decir, el primer juzgado tiene un precio, si se acude a la audiencia provincial o al tribunal superior de justicia, otro y no digamos si hay que presentar recurso de casación en el Supremo o amparo ante el Tribunal Constitucional. Las minutas, entonces, sólo las pueden abonar las grandes fortunas, empresas, bancos o entidades públicas que acuden al sector privado muchas veces menospreciando sus servicios jurídicos o a la propia Abogacía del Estado.
La manifestación de Madrid sólo será un paso. Se pretende convocar en otras ciudades con mayor incidencia judicial: Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, A Coruña y Vigo. Los abogados están en pie de guerra. Aunque reconocen que son bien valorados por la ciudadanía, se sienten discriminados. El 85%, según un estudio de Metroscopia, reconocen “estar pasando por dificultades económicas” y apuntarse al turno de oficio no es la solución: “de la factura que presentamos, sujeta a los baremos establecidos, tenemos que hacer frente a los gastos. Ni siquiera se nos pagan los desplazamientos cuando, en muchas ocasiones, se nos avisa para que acudamos a una comisaría de madrugada y la única forma de desplazarnos es en taxi, con el coste que supone un servicio nocturno de esta naturaleza”. En realidad, casi todos los 43.696 adscritos al turno de oficio que hay en España reconocen que lo hacen más por motivos vocacionales, “por formar parte de un servicio público necesario para el buen funcionamiento del país”, señalan.
España es, según la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, uno de los países con más numero de casos de justicia gratuita por cada 100.000 habitantes. Pero, también, con menor presupuesto para cada caso.
Es otro de los graves problemas de la justicia de este país. Pero el agravio se hace mucho mayor cuando vemos que a los secretarios judiciales se les suben sus retribuciones de manera significativa, algo parecido ocurre con jueces y fiscales, y muy probablemente sucederá con el resto de funcionarios de las instancias del poder judicial mientras que los abogados lo único que piden es que se les adecue los baremos de referencia de sus retribuciones “con arreglo al IPC”. Esa es la diferencia.