Aunque la ley de amnistía va a ser aprobada a final de mes por el Congreso y su publicación en el BOE será inminente, los líderes del procès inhabilitados por sentencia no podrán presentarse si hay repetición electoral. Oriol Junqueras es el principal afectado ya que la supresión de su inhabilitación dependerá del Supremo que tiene tres meses para ejecutar la norma. Y Carles Puigdemont deberá hacer la campaña como lo ha hecho esta vez porque la orden de busca y captura seguirá vigente y, si pone pie en suelo español, será inmediatamente detenido y conducido a la cárcel. Ahora, además, está pendiente del caso Tsunami donde se le investiga por un delito de terrorismo. Por lo tanto, el bloqueo no es una buena opción para los líderes independentistas y esa es una baza que juega a favor de Salvador Illa.
Los jueces siguen teniendo en sus manos el futuro de los independentistas catalanes. Al menos durante los tres meses siguientes a la publicación de la ley de amnistía en el BOE. Deberán repasar una por una la situación penal de los beneficiados por la medida de gracia. Es verdad que esos repasos tendrán un tratamiento individualizado de tal manera que el estudio de un caso concreto no puede interrumpir los demás. Y luego hay otro inconveniente, las cuestiones de prejudicialidad que se presentarán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La corte suprema tiene capacidad para suspender la ejecución de la medida hasta que dicte sentencia y esa potestad la suele utilizar con bastante frecuencia. El Tribunal Constitucional, donde también acabará la norma, no tiene porqué tomar medidas cautelares aunque es muy probable que el Partido Popular las pedirá. Ante ese cúmulo de recursos y decisiones jurídicas es mejor que los beneficiados no intenten forzar el curso de los acontecimientos porque corren el riesgo de pasarse de frenada. Es un aviso de los jueces a todos los que piensan que, con la aprobación parlamentaria de la ley de amnistía, la situación se tornará definitiva.
Ni mucho menos. No se debe olvidar que los magistrados retaron a la ley saliendo a la calle a manifestarse con togas incluidas, en un gesto que adelanta lo que ahora va a pasar en sus despachos. El aviso no sólo va dirigido a Carles Puigdemont, sino también a Junqueras quien solo fue indultado por la condena de cárcel, pero permanece inhabilitado para ejercer cargo público. Ambos tienen la llave del bloqueo a la investidura de Salvador Illa quien, según la matemática electoral, necesita al menos los votos de ERC para acceder a la presidencia de la Generalitat independientemente de que cuenten con el apoyo de los Comuns.
Algunos expertos, mas politólogos que juristas, apuntan a la posibilidad de que, en el supuesto de que haya repetición de comicios en Catalunya y la junta electoral no permita la presentación de Oriol Junqueras, éste podría recurrir al Tribunal Constitucional. Si quiere ser candidato podrá plantear un recurso contencioso-administrativo tras la proclamación oficial de las candidaturas por parte de la Junta Electoral para intentar presentarse. Si dicho recurso es desestimado, el exvicepresidente catalán podrá recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, señalan algunas fuentes. El problema es que la corte de garantías se tomará su tiempo en pronunciarse por lo que el problema seguirá siendo el mismo.
El otro problema es semejante al de Puigdemont. Marta Rovira es la secretaria general de ERC y probablemente se postulará para presentarse si hay repetición. Pero Rovira también tiene la condición de prófuga de la justicia por lo que, si pisa suelo español será detenida y encarcelada en aplicación a la euroorden dictada por el juez Llarena. Hay expertos que señalan que sobre Rovira no hay sentencia firme por lo cual sí puede ser candidata. Pero la situación es la misma que la del líder de Junts. Si sale elegida y quiere tomar posesión de su escaño en el Parlament se arriesgará a la acción de la justicia. Hay que recordar que Rovira está investigada en la causa de García Castellón en torno a Tsunami Dèmocratic. Y los delitos de los que se la acusa son de terrorismo los cuales quedan fuera de la ley de amnistía, al menos si se efectúa una interpretación restrictiva de la misma, algo mucho más que probable por parte del instructor.
Junqueras mantiene una inhabilitación absoluta que se prolongará hasta 2031. La sala de Lo penal del Supremo será la que se deba pronunciar. Existen varias alternativas para los jueces pero sólo una de ellas favorecería la resurrección política del líder de ERC: la eliminación de la inhabilitación y, con ella, la opción de que pueda ser candidato en unas nuevas elecciones sería la constatación casi automática por parte de los magistrados de que le amnistía le es aplicable.
El Supremo puede decidirse por dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si aprecia una evidente contradicción entre la redacción de la ley y el derecho de la Unión. En torno a este asunto ya se ha comentado que el TJUE podría suspender la aplicación de la medida de gracia y, durante ese periodo, Junqueras mantendría la inhabilitación. El plazo se alargaría más aún si, tras la cuestión prejudicial, el Supremo se dirige al Tribunal Constitucional. Expertos consultados aseguran que la media de resolución es de tres años.
Por último, el Supremo puede considerar que la redacción de la ley no permite amnistiar a Junqueras. Las recomendaciones de la Comisión de Venecia llevaron a los socialistas a introducir una concreción del delito de malversación que, al igual que sucede en los delitos de terrorismo y traición, deja la puerta abierta para una denegación de la medida de gracia. La ley señala que no podrán ser amnistiados cuando "haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad".
Por lo tanto, Junqueras tiene difícil presentarse a unos comicios al menos durante una buena temporada. Y el es consciente de ello. No sabemos lo que piensa su compañera de partido, Marta Rovira, y el líder de Junts, Carles Puigdemont. Esos sí pueden presentarse, pero tomarían posesión de sus escaños para, inmediatamente ingresar en la cárcel. De forma preventiva, sí. Pero aquí la ley de aplicaría al pie de la letra. Existe peligro de fuga. Constatado, además. Ya se fueron en una ocasión.
En clave política, los dos grandes partidos independentistas pueden manejar la posibilidad de un bloqueo de la investidura de Salvador Illa. Pero la situación es la que es, y los jueces españoles, que les tienen muchas ganas, les están esperando. Un paso en falso y todo lo que se ha construido en estos últimos meses para normalizar Catalunya se habrá ido al garete. Desgraciadamente, el poder judicial va a jugar un papel importante. No debería ser así pero va a serlo, se quiera o no.