La titular del juzgado número 3 de la localidad valenciana de Catarroja acaba de dar una lección de coherencia social que ya se podrían aplicar muchos de sus compañeros y superiores. Dijo que los daños de la DANA del 29 de octubre no se pudieron evitar, pero las muertes sí. Y se pudieron evitar si se hubiese avisado a tiempo a la población de la que se avecinaba. Por eso ha acotado a la perfección el terreno en el que se moverá su investigación: saber quién fue el responsable de la tardanza. En sus autos lo deja bien claro. A ella la han asignado el caso para derivar responsabilidades penales. El resto, tardanzas en el pago de las indemnizaciones, daños causados y descoordinación de las autoridades, será objeto de otras instancias judiciales. Por lo tanto, las personas e instituciones que acabe señalando pueden empezar a temblar porque sobre ellas recaerá el peso de la ley con todas sus consecuencias, la cárcel incluida. Para eso están los jueces y la de Catarroja lo tiene muy claro.
Nuria Ruiz Tobarra es la titular del juzgado que ha puesto el foco en la “palmaria ausencia de avisos a la población”. Si no hubiese sido así se habría podido impedir “el abrumador número de muertos” que originó la DANA, 227 fallecidos a falta de encontrar los cuerpos de 3 personas desaparecidas que, cuando eso suceda, elevará a 230. La mayoría de esas muertes la jueza piensa que se pudieron evitar. Por lo tanto, el interrogante que surge se refiere a la causa del retraso en alertar a los ciudadanos. De momento, la magistrada descarta que fuera la administración central la responsable de ese retraso después de comprobar que tanto la AEMET como la Confederación Hidrográfica del Júcar habían avisado desde primera hora de la tarde del peligro que podría suponer el desbordamiento del barranco del Poyo, el causante de la catástrofe.
La jueza deja fuera de sus diligencias la ayuda tardía a la zona cero y la falta de coordinación de las administraciones. Se trata de unos aspectos que forman parte “de la jurisdicción contenciosa” o del debate político, según la instructora. Y se centra en la Generalitat valenciana y más concretamente en el Cecopi, el organismo encargado de activar los mensajes masivos a los móviles. El SMS se recibió a las 20.11 a través de “Es Alert”, cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado llevándose por delante todo lo que las aguas encontraron a su paso. La entonces responsable de la consejería de justicia e interior, Salomé Pradas, declaró que no conocía la existencia de este sistema. Las circunstancias que rodearon la ausencia del presidente, Carlos Mazón, son de sobra conocidas.
En ese punto se encuentra la investigación de la jueza que quiere saber, a través de los interrogatorios que va a llevar a cabo, quien es el responsable de que no se alertase a la población. “Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”, dice la jueza quien ha admitido la personación de Podemos, Compromís, PSPV-PSOE y la Asociación de Damnificados por la DANA, Horta Sud. Esta última acusación ha recurrido la decisión de la jueza de descartar la investigación de los presuntos delitos de daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro. Solo investigará los de homicidio y lesiones imprudentes. Y esta decisión tiene sus motivos.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había limitado el alcance de estas investigaciones judiciales, aunque, al final, dio luz verde para que los juzgados de primera instancia llevasen a cabo las diligencias oportunas. El motivo está claro. Los jueces valencianos, bastante conservadores, (sólo hay que recordar la reapertura del caso de Mónica Oltra), no quieren que las instrucciones de los juzgados de su jurisdicción acaben por ser politizadas y saben que la cosa puede acabar complicándose si se profundizan las investigaciones por las tardanzas en la recepción de auxilio, o la descoordinación que hubo en un principio. Unos acabarían acusando a, los otros como, de hecho, está sucediendo en el ámbito político. De ahí que se hayan descartado las querellas presentadas contra Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat.
Pero, en realidad, los jueces superiores valencianos no cierran la puerta a una posible imputación del president por homicidio imprudente, sino que serán los juzgados de instrucción los que, en su caso, abran camino al respecto hasta dirimir si existieron responsabilidades en las instancias más altas de la administración autonómica. De ahí que la jueza de Catarroja haya limitado el ámbito de sus actuaciones. Porque, una vez las haya cerrado, deberá elaborar conclusiones “razonadas”, según han ordenado sus superiores del TSJV, y Ruiz Tobarra no quiere que el asunto se le escape de las manos.
Los autos que la jueza ha dictaminado apuntan en la dirección de buscar las responsabilidades entre las autoridades autonómicas. Primero está el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). La subdirección autonómica de Emergencias que señala a este organismo compuesto por 29 personas que estuvo dirigido durante la riada por la entonces consejera de Interior y Justicia y en el que figuraba, también, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Pero las acusaciones quieren apuntar más alto. Mazón no apareció en las dependencias del Cecopi hasta el último momento, cuando el desastre se había consumado. Estuvo desaparecido desde la hora del almuerzo y todavía no ha aclarado lo que estaba haciendo. De ahí que se le pida responsabilidades, que, de momento, sólo son políticas pero que pueden acabar por ser penales.
La titular del juzgado número 3 de Catarroja está teniendo sumo cuidado con los pasos que da porque es conocedora de las implicaciones políticas del caso. Sus superiores han dado muestras de querer proteger a la derecha en otras ocasiones. Y ahora no tiene porqué pasar lo contrario